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El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió admitir la intervención de la Defensoría del Pueblo como “tercero interesado” en el marco de la causa en la que solicita que se declare inconstitucional la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) Nº 4.005-R, aprobada a fines de abril de este año por iniciativa del gobernador Leandro Zdero.

Sábado, 7 de diciembre de 2024

A pocos días del inicio de la feria judicial, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco aún no se expidió sobre constitucionalidad o no de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobada en abril de este año y que es objetada por organizaciones ambientalistas y de pueblos indígenas en tanto representa un retroceso respecto de los parámetros de protección ambiental en el Chaco.

Durante la última semana, no obstante, admitió la incorporación de la Defensoría del Pueblo del Chaco como tercero en el trámite de la causa que analiza las presentaciones de las organizaciones Conciencia Solidaria para el Cuidado del Medio Ambiente y del Parlamento de Naciones Indígenas contra la ley Nº 4.055-R de OTBN.

Al comienzo de esta semana, el gobierno del Chaco difundió una reunión que encabezó el gobernador Leandro Zdero junto a funcionarios provinciales, de la Dirección Nacional de Bosques y de la FAO en la que se buscó instalar la idea de que se avanza en la “validación” del OTBN que se encuentran objetado judicialmente.

Es que la ley que se aprobó a fines de abril no había contemplado las observaciones que la Dirección Nacional de Bosques le había formulado al proyecto original de actualización del OTBN presentado por el exgobernador Jorge Capitanich. Es decir, el actual gobierno decidió avanzar con un proyecto de ley que no era el que tenía el visto positivo del organismo nacional por lo que la normativa fue judicializada.

Esto se dio, además, en el contexto de la denuncia penal realizada por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina ante la justicia federal contra funcionarios, exfuncionarios y legisladores chaqueños y que provocó la eyección de su cargo del primer ministro de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, Hernán Halavacs, imputado por presuntas irregularidades en el trámite de permisos para desmontes durante la última década.

 


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