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Los jueces de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia, Diego Derewicki y Fernando Heñin, revocaron el fallo que había ordenado retrotraer el aumento del precio del boleto de colectivos en el Gran Resistencia y apartaron de la causa al juez Julián Flores. La medida que perjudica a los usuarios del transporte público será celebrada por el gobierno de Zdero y por las empresas de transporte que este lunes había elevado una nueva propuesta al juez Flores. 

Lunes, 25 de noviembre de 2024

En sintonía con los deseos del Poder Ejecutivo del Chaco y de la cámara de empresarios de transporte, de manera exprés la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia revocó la medida cautelar que había suspendido el aumento del boleto del transporte público en el Gran Resistencia y decidió apartar de la causa al juez Julián Flores.

La expeditiva medida judicial que avala la postura del gobierno de Leandro Zdero y de la CETACh se dictó el mismo día que ésta última elevara una propuesta al Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia que tramita la acción de amparo impulsada por el defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, por la falta de información sobre el cálculo del precio del boleto por parte de la Subsecretaría de Transporte Provincial, que elevó el valor de $ 710 a $ 1.150.

Vale recordar que, en la audiencia de conciliación celebrada la semana que pasó, el juez Flores resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de diciembre ante la falta de propuesta por parte del organismo provincial.

“Se observa, desde el análisis de apariencia que autoriza este estadío cautelar, que los pasos administrativos establecidos en la leyes de aplicación a los fines de la determinación de un nuevo cuadro tarifario han sido cumplimentados, desde la convocatoria a las audiencias prescriptas por las leyes Nº 8-T y Nº 1027-A, hasta la publicidad dada a las mismas respecto al registro de participantes, plazos e información a disposición de la ciudadanía”, afirmaron los jueces de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial.

En ese contexto, los camaristas advirtieron que el gobierno provincial sí informó sobre la continuidad del programa Chaco Subsidia y que se destinó al mismo una suma de $12.090.000.000, además aseguraron que no eran “ilegibles” las partes del informe de costos obrante en el sitio web de la Subsecretaría de Transporte.

Así, consignaron que “se evidencia la puesta a disposición de la información prescripta en el art. 27 de la Ley 8 T, obrando allí detalle de costos específicos variables (combustible, lubricantes, neumáticos, entre otros), fijos indirectos (seguro del vehículo, patentes, tasas, entre otros) y fijos directos (personal de tráfico, de administración, de mantenimiento, sistema SUBE, entre otros) y otros costos (fondo provincial de transporte, impuesto a los ingresos brutos e impuesto al valor agregado), de los que se detalla una tarifa técnica de $1770,52991”.

No obstante afirmar que no había “partes ilegibles” en la documentación, luego los camaristas señalaron que “la denuncia genérica de que hay “partes ilegibles” no puede tenerse como suficiente para declarar la nulidad de una Audiencia Pública si no se justifica en qué manera tal omisión generó un vicio susceptible de aparejar dicha consecuencia”. Entonces, ¿eran o no ilegibles?.

Además de revocar la medida cautelar, los jueces de Cámara hicieron lugar al pedido del gobierno del Chaco, representado por la Fiscalía de Estado, y apartaron de la causa al magistrado por fallar en contra los intereses del gobierno de turno.

En los fundamentos de la sentencia, los jueces Derewicki y Henín desarrollaron un largo sermón para impugnar la decisión de su par de primera instancia, citando lo que debe hacer un juez “imparcial” e “independiente” cuando interviene en una causa particular. A su vez, resolvieron que se sortee un nuevo Juzgado para seguir tramitando la acción de amparo impulsada por el ombudsman provincial.

Heñin y Derewicki, los jueces que revocaron la cautelar contra el aumento del boleto

La “propuesta” de la CETACh

Por otro lado, la CETACh elevó este lunes una propuesta al Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia para que se fije una tarifa plana del boleto en 1000 pesos. Pretenden, además, que el Estado compense a las empresas desde el día del retroceso tarifario (11/11/24) con 440 pesos por cada pasajero transportado, es decir, la diferente entre los 710 pesos y los 1.150 fijados por la Subsecretaría de Transporte provincial. Es a los fines “del cumplimiento de las obligaciones de las empresas y en particular los salarios de los trabajadores previstos para el cuarto día hábil del mes de diciembre del corriente, hasta tanto se reestablezcan las tarifas”, según consigna la presentación a la que tuvo acceso LITIGIO.

Pero las empresas también quieren que se las compense con 770 por cada boleto a partir de que se comience a aplicar la tarifa plana de 1000 pesos que propusieron este lunes en el marco de la audiencia de conciliación que se lleva adelante en el Juzgado Civil y Comercial Nº 21, a cargo del juez Flores, que ya no podría seguir interviniendo en el caso.

 

 


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