El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a nueve personas por delitos que van desde tenencia ilegítima de armas de fuego hasta acopio y provisión ilegal. La mayoría de las penas fueron en suspenso y sólo una de prisión efectiva domiciliaria. Dos paquetes sospechosos detectados por la AFIP en el depósito de la firma Crucero Express en Posadas destaparon la red de comercialización ilegal de armamento y municiones, que tenía como base de operaciones el sudoeste chaqueño.
Martes, 19 de noviembre de 2024
El hallazgo de dos paquetes sospechosos en los depósitos de una empresa de envío postal en Posadas desarticuló a una organización dedicada al tráfico y distribución ilegal de armas y municiones en la región, la cual tenía como base de operaciones el sudoeste chaqueño. Tanto quienes proveían del material como quienes lo adquirieron, fueron recientemente condenados por la Justicia Federal del Chaco, casi todos con penas leves de ejecución en suspenso.
Esta historia comenzó el 9 de marzo de 2023, cuando miembros de la División de Investigaciones Regional Aduanera Nordeste de la AFIP, en la ciudad de Posadas, realizaron un control en la Zona Secundaria Aduanera. Durante la inspección en los depósitos de la empresa “Crucero Express”, identificaron dos encomiendas sospechosas enviadas desde la ciudad de Resistencia con destino a la localidad de Bernardo de Irigoyen, en Misiones.
Tras ser examinadas con equipos de rayos X, las encomiendas mostraron irregularidades. Por ello, se autorizó su apertura, obteniéndose los siguientes resultados: la primera encomienda, remitida por Darío Hernán Kondratiuk (domiciliado en Las Breñas) al destinatario Gustavo Baptista, contenía 275 municiones de arma de fuego de diversas marcas y calibres. En tanto que la segunda fue enviada por un hombre de apellido González a Sabrina De Souza. Contenía una pistola automática calibre 22.
Bernardo de Irigoyen, vale mencionar, es parte de la frontera seca de Misiones. Sus características geográficas facilitan el contrabando hacia la República del Brasil, ya que dos ciudades cariocas lindan con ella, calle por medio: Dionisio Cerqueira y Barracão. Sin alambrados y sin un río que divida a los territorios, unos pocos pasos separan a un país del otro.
Luego de consultar la base de datos de la AFIP y analizar tanto el perfil de los involucrados con los dos paquetes secuestrados en Posadas, además de constatar la llamativa frecuencia de las encomiendas enviadas, la División de Investigaciones Regional Aduanera Nordeste presentó una denuncia penal. Ante eso, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de una instrucción judicial y dispuso una serie de investigaciones conjuntas entre la División de Investigaciones Regionales 6 Nordeste de la AFIP-DGA, la Gendarmería Nacional y la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), requiriendo un informe detallado sobre el perfil de los implicados.
La investigación incluyó múltiples allanamientos en Chaco, Buenos Aires y Misiones donde se secuestraron una enorme cantidad de armamento y municiones, algunas con irregularidades.
En la localidad chaqueña de Las Breñas, en el domicilio de Darío Hernán Kondratiuk, se confiscaron dos escopetas (una de ellas registrada a su nombre), un carnet de Legítimo Usuario de Armas de Fuego, registros de consumo de municiones y un considerable lote de municiones de diversos calibres. Además, se encontraron facturas que vinculan al imputado con la empresa Credin Logística.
Por su parte, en Corzuela, el allanamiento en la vivienda de Roque Fernando Oliva reveló cuatro armas de fuego, incluyendo una sin marca ni numeración, junto con municiones de distintos calibres y algo de dinero en efectivo. Intervenciones telefónicas indicaron que Oliva pactaba precios y coordinaba envíos ilegales de armas y municiones. Según la investigación, desde 2022 realizó 12 envíos a Misiones, algunos de los cuales contenían armamento.
En Charata, en el domicilio de Enzo Emanuel Varela, se incautaron ocho armas largas, dos armas de puño, 163 municiones de diversos calibres y una máquina para recargar cartuchos. Mientras tanto, en Mar del Plata, en la vivienda de Fabio Silleta, se hallaron seis armas largas, un arma de puño y 112 municiones de diferentes marcas y calibres.
En Las Breñas, nuevamente, en la residencia de Darío Miguel Pirura, las autoridades confiscaron seis armas largas, tres armas de puño y más de 2.000 municiones. En un comercio de su propiedad, ubicado en la misma localidad, se halló un importante stock de municiones de diversos calibres, sumado a armas de puño adicionales.
En la provincia de Misiones, los operativos también dejaron resultados contundentes. En Bernardo de Irigoyen, se secuestraron dos armas largas, un arma de puño y municiones en el domicilio de Gustavo Andrés Baptista. En San Antonio, la residencia de Sabrina De Souza arrojó un arma de puño y municiones de varios calibres.
Finalmente, en otros allanamientos realizados en Misiones, se incautaron armas largas, municiones y otros elementos en los domicilios de Carlos Andrés Matter y Miguel Ángel Matwejczuk. Este último también poseía credenciales de consumo de municiones y un carnet de legítimo usuario.
El juicio
Nueve personas fueron llevadas a juicio oral. Sin embargo, durante los actos preliminares, el Fiscal Subrogante, Horacio Rodríguez y los imputados, asesorados por sus defensores, arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, procedimiento judicial en el cual el imputado acepta su culpabilidad a cambio de una reducción en la pena.
Ante este acuerdo, el juez Enrique Bosch, en integración unipersonal del Tribunal Oral Federal de Resistencia, homologó dicho acto a través de la sentencia fechada el 13 de noviembre pasado.
Darío Hernán Kondratiuk fue condenado como autor penalmente responsable por el delito de “Acopio de armas de fuego y municiones”, a la pena de cuatro años de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario. Se tomó en cuenta la gran cantidad de municiones incautadas, la falta de autorización requerida para tenerlas, y la clara afectación al bien jurídico tutelado de la seguridad pública.
Roque Fernando Oliva, Fabio Silleta, y Enzo Manuel Varela, fueron declarados culpables como autores del delito de “Provisión Ilegal de Armas de Fuego” a la pena de tres años de prisión en suspenso -en el caso de Oliva y Silleta- y dos años en suspenso -en el caso de Varela-. El delito tratado presupone, para su configuración, la acción de “entregar”, un arma de fuego, a cualquier título, a quien no reúne la condición de “legítimo usuario”.
Según se indicó, en cuanto al accionar típico de los imputados, se logró verificar la existencia de facturas y encomiendas dirigidas por parte de Oliva, Silleta y Varela, a terceros, en relación a los que no se logró acreditar la condición de legítimo usuario. Varela manifestó al momento de efectuarse el allanamiento en su domicilio que vendió armas y municiones debido a su “incapacidad laboral por problemas de salud”.
Finalmente, Darío Miguel Pirura, Gustavo Baptista, Carlos Andrés Matter, Miguel Ángel Matwejuczuk, y Sabrina De Souza, fueron condenados como autores del delito de “Tenencia Ilegítima de Armas Souza de Fuego”, a la pena de dos años de prisión en suspenso (para Pirura, Matwejuczuk y Baptista) y seis meses de prisión en suspenso (en los casos de Matter y De Souza).
En el caso de estos últimos, se consideró que las armas incautadas en los domicilios de los imputados, según las constancias de los allanamientos efectuados, y la falta de autorización requerida para tenerlas, configuran los elementos objetivos y subjetivo del tipo penal; los imputados exteriorizaron un obrar doloso en el que se acreditó el riesgo concreto de la producción de un resultado.
