El mandatario electo de Estados Unidos enfrenta más de 80 cargos, entre ellos un escándalo sexual y la irrupción en el Capitolio en 2021.
Miércoles, 6 de noviembre 2024
Tras conocerse los resultados de las elecciones en Estados Unidos, una pregunta sobrevoló el arco político: ¿qué pasará con todas las causas judiciales que tienen a Donald Trump sentado en el banco de los acusados, ahora que fue electo como nuevo Presidente y en un caso condenado?
No es una pregunta menor, sobre todo si se tiene en cuenta que se esperaba que a fines de este mes recibiera una sentencia que ahora, probablemente, nunca cumpla, por la presunta manipulación de datos contables en Nueva York. Pero no es el único proceso; Trump enfrenta 88 cargos en cuatro causas diferentes.
Trump y la condena en su contra
En el caso conocido como el escándalo Stormy Daniels, fue declarado culpable de haber falsificado registros contables para encubrir pagos por el silencio de la actriz porno sobre una supuesta aventura entre ambos, con el fin de evitar un escándalo en medio de las elecciones de 2016.
Las expectativas señalaban que la justicia podría mandar al expresidente a la cárcel. Según The New York Times, en Manhattan más de un tercio de los condenados por casos similares terminaron al menos un tiempo presos. Pero este no será el caso de Trump.
De todos modos, al haber sido electo Presidente, es casi seguro que el republicano evite la cárcel durante al menos los próximos cuatro años. Esto se debe a que hay una prohibición federal que no permite procesar a un presidente en ejercicio.
También se abre el debate sobre si, una vez en el poder, Trump podría indultarse a sí mismo. Si bien no hay una normativa que explicite qué se puede hacer en este caso, es muy probable que, si esto se intenta, la decisión termine finalmente en la Corte Suprema de Justicia.
Las otras causas que tiene Trump
Pero hay más, porque también bajo la misma prohibición federal, Trump podría evitar otras nuevas condenas. Esto ocurre en el caso de la causa que tiene por presunta interferencia electoral, donde se lo acusa de haber conspirado para defraudar al gobierno, obstruir un procedimiento oficial y violar derechos civiles.
De acuerdo a la acusación, los esfuerzos de Trump para revertir el desenlace electoral de hace cuatro años incluyeron mentir a funcionarios estatales para inducirlos a ignorar los recuentos de votos y fabricar votos en siete estados en los que quiso cambiar el resultado.
A modo de venganza, Trump prometió quitar del cargo al fiscal Jack Smith, quien lleva adelante la causa, si el Departamento de Justicia no retira los cargos en esta causa que terminó con el dramático episodio de la toma del Capitolio.
Documentos clasificados y conspiración
La tercera causa es por haber llevado documentos confidenciales a su mansión Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, y retenerlos allí tras dejar la presidencia en enero de 2021.
En total son más de 10.000 documentos que, por ley, pertenecen al gobierno de Estados Unidos, así como unas 90 carpetas vacías con marcas que indicaban que contenían material clasificado o que debían ser devueltas.
Tan solo por este proceso, el futuro presidente enfrentaba siete cargos. Se lo acusaba, entre otras cosas, de espionaje, obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas. Sin embargo, este proceso fue finalmente anulado.
El cuarto proceso es por conspirar para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. La evidencia clave es la conversación telefónica de Trump con el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el republicano le pidió que “encontrara” los votos que necesitaba.
Además, Trump enfrenta varias demandas civiles, incluidas acusaciones por su rol en el asalto al Capitolio, dos casos de difamación con E. Jean Carroll y un caso de fraude civil en Nueva York, donde se le ordenó pagar casi 454 millones de dólares. Estos casos pueden continuar durante su segundo mandato, ya que los presidentes en funciones no pueden invocar inmunidad presidencial para evitar litigios civiles.
Fuente: Página/12