Romina Aguirre contó ante el tribunal lo que presenció del operativo de detención que terminó con la muerte de Leandro Bravo el 26 de febrero de 2022. Otra de las testigos ratificó que fue inducida por uno de los policías para denunciar a la víctima y así justificar el despliegue. Fue durante la tercera jornada del juicio contra cuatro agentes policiales. Este jueves declaran los peritos que participaron de la autopsia y la reautopsia.
Miércoles, 16 de octubre de 2024

Por Valeria Romero*
Durante tercera jornada de declaraciones testimoniales, los relatos de dos mujeres fueron claves para reconstruir el momento de la persecución y la detención de Leandro Bravo, en la infernal tarde del 26 de febrero de 2022 en Charata. Tanto Beatriz Scalone como Romina Aguirre son vecinas de la ciudad de Charata y fueron las últimas personas en ver con vida a Leandro Bravo. También se exhibieron los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y que fueron introducidos por pedido de las querellas.
Scalone contó que, aquella siesta, salió a la vereda de su casa al escuchar los gritos desesperados de Leo reclamando ayuda. En los videos se pudo apreciar claramente que “Beti”, como la conocen, en todo momento trató de calmar a Leo y que cuando éste lo vio al oficial Fleitas salió corriendo del lugar. En ningún momento se percibió que el muchacho hubiese querido ingresar al domicilio por la fuerza.
Esta cuestión es clave porque, tal como relató la testigo, Fleitas la llamó ese día, después de las 16, y le insistió en que haga la denuncia. El policía tenía un vínculo de confianza previo con Scalone ya que era su inquilino. De todos modos, Beti se negaba a hacer una denuncia ya que no había corrido peligro en ningún momento, ni ella ni sus bienes. La testigo afirmó que en un momento Fleitas le dijo que el jefe le pedía la denuncia y que la iba a ir a buscar en el móvil. Ante la negativa de la señora fue al domicilio y en un video se aprecia que el policía estuvo insistente y que finalmente Beti accedió a ir a la comisaría, por pedido de su hijo.
Una vez allí, ella preguntó dónde estaba el jefe y Fleitas le contestó que el jefe era él. Cuando le mostró el papel para firmar ella continuó negándose a hacerlo ya que no reflejaba en nada lo sucedido y que terminó firmando porque el agente policial le juró que no tendría consecuencias. Nunca le comunicaron que Leo ya había fallecido en el Hospital, situación conocida por Fleitas, que arribó a la guardia con el cuerpo del joven.
A su turno, la testigo Romina Aguirre declaró cómo vio que a Bravo lo perseguía un patrullero, mientras él corría con el torso desnudo por las calles de Charata. “Yo veía que lo seguía que no lo dejaba tranquilo”, describió, además de explicar que Bravo paraba y que se lo veía como cansado ya de tanto correr. Ella decidió seguir la persecución en su moto y se detuvo cerca del lugar donde lo detuvieron. Relató claramente que Bravo se detuvo agotado y que un policía se bajó de otro móvil y lo derribó, lo esposó y lo mantuvo boca abajo. Llegaron varios patrulleros más y rodearon a Bravo al que mantenían en el piso y le pegaban, con los pies y con las manos.
Luego vio cómo lo levantaron y lo tiraron “como una bolsa de papas” en la parte de atrás de una de las camionetas. Que tenía sangre en el rostro y en parte del torso. Esta afirmación difiere mucho de la brindada por todos los policías que declararon durante la primera jornada. Todos afirmaron haberse quedado a distancia de Bravo que estaba en el piso esposado y que éste pudo ir caminando hasta la cajuela del móvil. La mujer decidió seguir ese móvil y pudo observar que los dos policías iban sosteniéndolo con las manos. Esto también se pudo apreciar en videos obtenidos de una cámara ubicada en la vereda de una farmacia.
Una testigo que se defiende sola
Durante el interrogatorio por parte de la defensa, Aguirre tuvo que repetir varias veces las mismas afirmaciones y siempre se la notó segura. Inclusive ante una pregunta capciosa de uno de los abogados defensores ella lo corrigió y le dijo que no cambie sus palabras. Las querellas objetaron las preguntas que hostigaron a las testigos, pero el presidente del tribunal, Juan Carlos Clauter, tardaba en reaccionar y las testigos terminaban contestando de todos modos, sin confundirse ni contradecirse.
Para generar la confusión, la defensa usó como herramienta la lectura de testimonios anteriores brindados en fiscalía o inclusive en sede policial como es el Órgano de Control Institucional (OCI), que es una sede administrativa interna de la fuerza policial. No pidieron permiso para leer el testimonio como lo indica el artículo 406 del Código Procesal Penal.
Llamó la atención también que se refieran a las declaraciones de las testigos en el OCI ya que el mismo artículo plantea que solo podrán ser utilizadas para su lectura las declaraciones recibidas por el juez o el fiscal de la investigación. Aquellas brindadas en el OCI son intervención de las partes y en el ámbito de las facultades disciplinarias de la Policía de la Provincia, es decir, del Poder Ejecutivo.
¿El tribunal prohibirá el ingreso por parte de la prensa?
Al finalizar la audiencia del día miércoles se suscitaron varios hechos que llamaron la atención y que provocaron el enojo del Secretario del Tribunal, Juan Radici, quien amenazó con prohibir la entrada a la prensa. Para la jornada de este jueves está previsto que declaren las peritos que participaron en las autopsias realizadas a la víctima, entre ellos los médicos Hugo Rodríguez, Daniel Gurman y la directora General del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Poder Judicial, Gabriela Lamparelli.
El protocolo indica que no se pueden utilizar celulares ni otros dispositivos que puedan registrar el desarrollo de las audiencias con la intención de proteger a los testigos. Sin embargo, durante la exhibición de los videos probatorios uno de los abogados de la defensa se puso a filmar o sacar fotos al público, deteniéndose especialmente en un periodista de Radio La Tribu, presente en la sala.
No es la primera vez que se viola este punto del protocolo que solo parece cumplirse para el sector del público reservado a los familiares de la víctima y a los trabajadores de prensa. En dos oportunidades esta cronista miró la hora en su celular y rápidamente le pidieron que lo guardara.
Cuando intentamos acercarnos al presidente del Tribunal los empleados del tribunal nos impidieron llegar a él. La audiencia ya estaba en cuarto intermedio, así que no se comprende por qué tanto celo a la hora de moverse libremente por la sala.
El secretario se acercó pero en vez de escuchar la petición de que hagan cumplir el protocolo para todos y todas, nos dijo que si seguíamos quejándonos nos prohibiría el ingreso en la audiencia del jueves. Evidentemente, algunos funcionarios del Poder Judicial se sienten incómodos y son renuentes a la presencia periodística. Si una cronista no puede ni siquiera acercarse a un juez, ¿cómo hará para hacerle una entrevista?.
La amenaza de prohibirnos el ingreso se dio sin siquiera escuchar cuál era la petición. Cuando le dije que el registro de la audiencia por parte del abogado de la defensa podría ser ocupado para intimidarnos nos contestó que hagamos la denuncia una vez que ocurra, que el fuero penal no está para la prevención.
Quizás tengamos que recordar en esta publicación que todavía nos rige el artículo 1 de la Constitución Nacional que dice que la Argentina se organiza bajo el sistema de gobierno republicano. Y aclarar que uno de los pilares de la república es el acceso a la información de los actos de los poderes públicos por parte de la ciudadanía. Para eso está la prensa, para informar a la sociedad sobre hechos de interés público. También debemos recordar que ese artículo está incluido en la Constitución Provincial y vale para todos los poderes públicos, es decir el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Que no se le olvide a los funcionarios del Poder Judicial, que son quienes deben garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y el derecho social a la información.
*Desde Charata, enviada especial de LITIGIO.