El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este viernes a tres policías del Chaco, un gendarme y una vendedora de drogas al menudeo a penas que van de los 2 a los 4 años de prisión, la mayoría en suspenso. Se constató que conformaban una organización criminal dedicada a proteger narcotraficantes, cobrar coimas, fraguar operativos y amedrentar a gendarmes que los investigaban, entre otros delitos. Su base de operaciones era la Comisaría Duodécima de la capital chaqueña; y el barrio Santa Catalina, su territorio de intervención. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 21 de octubre.
Sábado, 5 de octubre de 2024
Tres policías del Chaco, un gendarme y una vendedora de drogas del barrio Santa Catalina fueron declarados culpables en el juicio que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, contra la banda conocida como los “Narcopolicías de la Comisaría Duodécima”.
Se trata del sargento de la Policía del Chaco Rubén Alberto Molina; los agentes Matías Josué Frete y Leandro Cocco; el gendarme Miguel Hugo Paniagua, y la dealer, Ester de la Cruz Pereña.
Los policías llegaron a juicio imputados por los delitos de cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita, en concurso real, en carácter de coautores.
Molina negoció una pena de tres años de prisión e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. Frete, en tanto, acordó una pena de dos años y cuatro de inhabilitación. Frete logró un acuerdo más favorable que su colega, ya que la fiscalía le retiró la imputación de “asociación ilícita”. Por su parte, el gendarme Paniagua, acusado del delito de revelación de secreto oficial, acordó un año de prisión y dos de inhabilitación.
En el acuerdo, De la Cruz Pereña fue la única que recibió una pena de prisión efectiva, aunque de cumplimiento domiciliario: cuatro años. Llegó a juicio acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cohecho activo y asociación ilícita. La mujer solicitó autorización para salidas laborales dos veces por semana, argumentando la difícil situación económica que atraviesa. El Tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias (presidente), Fabián Cardozo y Enrique Boch, evaluará su pedido.
El único que no aceptó el acuerdo de juicio abreviado fue el agente Cocco. Su imputación es la misma que la del resto de los policías: cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y asociación ilícita. Es por eso que el juicio continuó solamente con él como único imputado.
“No acepté coima”
Durante tres jornadas, declararon varios testigos. Pasaron gendarmes, policías e incluso un excuñado de Cocco. El propio agente optó por declarar. “Yo no acepté plata ni cometí coima”, aseguró. Al ser consultado sobre el incidente ocurrido el 12 de enero de 2022 en la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería, donde él y Molina llegaron en moto, armados, para pedir explicaciones a los gendarmes que los investigaban, Cocco negó cualquier acto de intimidación. “Nosotros fuimos a Gendarmería para saber si eran personal (quienes hacían las recorridas por el barrio Santa Catalina) o era gente ordinaria que quería secuestrar a la hija de Molina”, sostuvo, explicando que Molina le había informado que habían tomado fotografías de su hija en la vía pública.
En la audiencia del viernes, se realizaron los alegatos de cierre. El fiscal Federico Carniel solicitó una condena de cuatro años y seis meses de prisión para Cocco, de cumplimiento efectivo, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Su condición de policía debe ser tenida en cuenta al determinar la pena. Es una persona instruida, a quien la sociedad le confió un arma y una placa para proteger a la gente. Sin embargo, utilizó esos recursos para agravar la situación que se vive en ese barrio, que está tomado por actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes”, argumentó el fiscal.
El alegato de la defensa estuvo a cargo de Hernán Cordón, abogado de Cocco, quien pidió la absolución de su defendido, argumentando que no había pruebas que lo implicaran en la organización criminal. Incluso señaló que en una escucha telefónica entre Frete y Molina, ambos aclararon que no informarían a Cocco sobre un delito que estaban por cometer (el robo de cocaína secuestrada en la comisaría). “No hay elementos para condenar a mi defendido. No hay escuchas telefónicas ni pruebas de campo que lo incriminen”, afirmó Cordón.
Inmediatamente después, Cocco pidió el micrófono para decir sus últimas palabras antes de conocer el veredicto. “Yo no tenía conocimiento del accionar que estaba pasando en la comisaría. Hacían muchas cosa a escondidas mía pero que yo no tenía conocimiento ni participación. La verdad, me sorprenden muchas cosas. Quiero pedirles disculpas a todos por el tiempo que les hice perder”, declaró.
Tras una hora de deliberación, los jueces Iglesias, Boch y Cardozo (quien participaba a través de videollamada) regresaron con el veredicto. Confirmaron el acuerdo de juicio abreviado para Molina, Frete, Paniagua y De la Cruz Pereña. Además, declararon culpable a Cocco de encubrimiento agravado, cohecho pasivo, abuso de autoridad y asociación ilícita, imponiéndole una pena de tres años y seis meses de prisión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Los fundamentos de la sentencia serán leídos el 21 de octubre próximo, al mediodía.
El caso
Esta causa nació de una investigación iniciada en 2021 por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini. Tomó estado público recién el 16 de julio de 2022 cuando Molina, Frete y Cocco fueron detenidos por orden de la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
Se los señaló como parte de una asociación ilícita dedicada a la protección de vendedores de droga del barrio Santa Catalina. También se los acusó del armado de procedimientos fraudulentos, de omitir denunciar una serie de ilícitos, de cobrar dádivas a personas que tenían inconvenientes en otras comisarías a cambio de solucionarlos y de pergeñar delitos de todo tipo.
De acuerdo al expediente, los policías sabían que Ester de la Cruz Pereña regenteaba un búnker de drogas en el barrio, pero no sólo que no la denunciaron o intentaron detenerla, sino que por el contrario le brindaban protección para que pueda comercializar estupefacientes sin ser molestada. Esta cobertura incluiría al menos a otros dos narcotraficantes de la zona.
Esta cobertura policial se realizaba a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para el armado de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración.
En simultáneo a las detenciones, se allanaron domicilios particulares de los imputados y también la comisaría Duodécima. En la dependencia policial se incautó un cofre perteneciente a uno de los investigados con cocaína fraccionada, además de más de 400 gramos de marihuana y dieciséis sobres sin identificación “con sustancia estupefacientes”. Ninguno tenía la debida individualización y su acondicionamiento se presentaba como irregular. La principal sospecha es que la sustancia era utilizada para comprar información a “soplones” y para plantar pruebas falsas en operativos armados para “limpiar el territorio” de dealers que no se plieguen a las órdenes de la organización de narcopolicías.
A De la Cruz Pereña, en tanto, se le secuestró en su casa la cantidad de 95,5 gramos de cocaína, distribuidos en 211 envoltorios que estaban escondidos en distintos sectores. También se secuestró dinero en efectivo y aparatos digitales. Mientas que en el domicilio de Molina se encontró 2 gramos de cocaína.
Escuchas
Las escuchas telefónicas realizadas tanto a los policías implicados como a la presunta dealer fueron clave para constatar no sólo en vínculo delictivo entre ellos, sino también el modus operandi que tenían para llevar a cabo sus operaciones ilegales, que incluían asesoramiento a delincuentes, coimas a cambio de favores y hasta la descripción de cómo quedarse con cocaína incautada haciéndola pasar por yeso.
A través de intervenciones a los celulares se logró confirmar el vínculo de extrema confianza que había entre el sargento Molina y De la Cruz Pereña. En una conversación que se produjo el 16 de diciembre de 2021, Molina le pidió a Pereña que le provea de drogas para plantárselas a un sujeto de la zona y así poder detenerlo. “Necesito que me aguantes cuatro bolsitas porque, bueno, escuchá, te adelanto, estoy por hacer unos pares de allanamientos acá viste, en el Santa y le quiero poner falopa”, le pide Molina a Pereña.
En otras escuchas también se constató que Molina se desempeñaba como una suerte de asesor de delincuentes del barrio. Los asistía no sólo para evitar que sean detenidos, sino que también les brindaba apoyo cuando se producían allanamientos.
En una de las conversaciones, un sujeto le propuso cometer un robo, a lo cual Molina se negó. Lejos de denunciar el hecho, le brindó una serie de consejos para evitar ser descubierto. “Si querés, metele. Pero vas a necesitar otro. Fijate nomás cómo lo vas a hacer. Tenés que mirar que no haya cámara ni nada”, alertó.
En otra de las intervenciones telefónicas, se detectó un llamado entre Molina y quien sería un dealer de la zona, de apellido Aguirre. El segundo le pidió ayuda al primero debido a que justo en el momento en que se producía la conversación estaban allanando la casa de un pariente suyo en busca de droga. “Dejame, yo me voy a mirar para allá en el auto una disparada. Escuchá: agarrá y borrá todos los mensajes, todo lo que vos mandás a tu gente que te trae eso”, instruyó Molina.
En otra comunicación se desprende que Molina recibió una propuesta para participar en un robo a un contratista que saldría del banco con dinero en efectivo. Si bien decidió no aceptar, porque la maniobra no sería segura ya que se haría en pleno centro, Molina aconsejó a su interlocutor, otra vez, sobre recaudos que tendría que tomar y sobre posibles peligros a los que se tendría que enfrentar en caso de ser descubierto.
Por lo que se ve, las propuestas para cometer delitos era una constante entre este grupo de policías. En otra escucha, surge que Molina le propone a Frete un “trabajito” que resulta intrincado en su explicación. El mismo consistía en interceptar en la calle al vendedor de un arma, quitársela, para luego entregarla a un “compinche”, quien posteriormente se la vendería a otra persona, quedándose con el dinero.
Luego, Molina y Frete interceptarían al comprador y, al igual que hicieron con el vendedor inicial, lo obstaculizarían en la calle y le sustraerían el arma para finalmente venderla y quedarse con el dinero que obtendrían por dicha transacción. Es decir: dos “ventas” hechas con el mismo arma robada.
El asesoramiento de presuntos delincuentes no se circunscribía únicamente a la venta de drogas. En otra escucha, aparece el agente Cocco brindando asesoramiento a una mujer para que su hermano, acusado por violencia de género, pueda pasar las fiestas de fin de año sin ser molestado.
Cocco le manifestó a la mujer que el hermano de ella debía presentarse en la Comisaría Duodécima por la denuncia en su contra, a lo que la joven le respondió que todos los miembros del grupo familiar se encontraban en Sáenz Peña, con motivo de los festejos de Navidad y Año Nuevo. Y que recién volverían en unos días, sin fecha concreta. Como si fuera un trámite más, Cocco le transmitió tranquilidad. “Ah, bueno. Este es mi número. De última, usted me avisa y yo voy a su casa. Y ahí yo le llevo a la comisaria a él, pero le dejamos que haga sus cosas tranquilos, que pasen bien”, respondió Cocco. Y añadió: “Pero voy a hacer un informe que es por razones de salud familiar que tuvo que viajar a Sáenz Peña a verle a una abuela, nomas. Yo le sugiero a él que por ahora no le mande mensaje no le diga nada, digamos, cosa que la otra chica se pueda tomar como amenaza”.
Las escuchas revelaron además otro negocio que se hizo con un bien secuestrado. Se trata de una motocicleta. En los audios, aparece nuevamente Cocco dialogando con un tal “Maxi”. Maxi se comunicó con el agente pidiendo ayuda para recuperar una moto secuestrada por pasar un semáforo en rojo, la cual quedó incautada en la Comisaría Primera de Resistencia.
Si bien la moto había sido vendida por Maxi a otra persona (a la que efectivamente se le secuestró el vehículo), la misma seguía registrada a su nombre. Ante esto, Cocco le propuso a su interlocutor recuperar la moto y luego pedir al nuevo dueño la suma 50 mil pesos, a cambio de entregársela. Le harían creer que había pagado dicho monto para recuperar el rodado en cuestión. Para concretar la acción ilegal, el agente le explicó que también deberá dejar alguna coima al policía de la Comisaría Primera que facilite el negocio. “Yo voy a tener que llegar con trato o tirarle algo”, advirtió.
Las coimas no sólo eran con droga y dinero, sino que también podían ser en especies. De acuerdo a una comunicación incluida en el expediente judicial, se desprende un diálogo entre Molina y Frete relativa a algo que una persona había prometido a “gente” de Molina como “gauchada”, aparentemente una caja de pollos.
“Mi gente dice que está viendo que le pediste vos, porque está viendo si te consigue. ¿O vos no lo mangueaste?”, pregunta Molina. A lo que Frete responde: “Yo no, seguramente los vagos le habrán pedido algo”. Molina, insiste: “Ah, los vagos jajajaja. Y vos le pediste la moto…”. “Y si pero él sabe que estaba en falta. Aguantame que voy a hablar con los vagos”, responde Frette.
Las inventivas de la banda criminal para hacerse de droga, que luego era utilizada para comprar informantes o para quedarse con ganancias al vendérselas a los dealers de la zona, llegaban a acciones realmente temerarias.
En otra escucha obtenida por la Justicia, Frete le menciona a Cocco que hay medio kilo de cocaína secuestrado, presuntamente en la Comisaría Duodécima. Y que podrían hacerse de esa sustancia, reemplazándola con yeso, para que sus superiores no se den cuenta de la faltante.
“¿Viste el medio kilo que se secuestró? ¿Qué estamos esperando? Vamos a hacerle. Ahí yo consigo yeso y algo le armamos ahí, camuflado. El tema es que son ochocientos gramos. La moneda tenemos ahí”, le cuenta Frete.
Apriete
Posteriormente a las detenciones de los policías y allanamientos en la comisaría y sus domicilios particulares, se sumó otra causa más contra los miembros de esta organización.
Molina y Cocco fueron imputados por amenazar al grupo de gendarmes que los venían investigando. La amenaza ocurrió el 12 de enero de 2022 durante una recorrida que realizaba personal de Gendarmería. En un momento dado el conductor del móvil advirtió que los venía siguiendo un automóvil Suzuki Fun. El vehículo logró sobrepasarlo y lo cruzó, colocándose delante, impidiendo su paso.
Del auto bajó el sargento Molina. Se presentó como personal de la Policía del Chaco y de manera muy agresiva interrogó a los gendarmes respecto de sus actividades en el barrio Santa Catalina. Los uniformados respondieron que sólo hacían “recorridas de prevención”.
Olfateando lo que ocurría, días más tarde, Molina retomó su idea de intentar amedrentar a los agentes de Gendarmería que lo investigaban. Para eso se subió a una moto Honda Tornado y, acompañado de otro compañero, se presentó en la Unidad de Reunión de Información (el grupo de inteligencia de Gendarmería). Ambos estaban armados con escopetas. La situación no pasó a mayores.
Los policías investigados querían data respecto de qué pasaba en Gendarmería. Saber detalles de la investigación. Qué sabían y qué no. Es por eso que se comunicaron en varias oportunidades con el suboficial principal de Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua. Cumpliendo funciones en Río Gallegos, Paniagua les brindó información sensible tanto de la estructura de la fuerza federal como de la pesquisa en curso. Por este accionar, el fiscal Sabadini también lo imputó por revelar secretos oficiales.
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