Se trata del contador, Walter Pasko. Según pudo saber LITIGIO, recientemente realizó una presentación digital ante la AFIP para adherirse al Régimen de Regularización de Activos. Embargado por 1.400 millones de pesos, con procesamiento firme de la Cámara Federal de Apelaciones, Pasko está acusado de liderar una asociación ilícita fiscal dedicada a generar facturas truchas.
Jueves, 26 de septiembre de 2024
A pesar de tener un procesamiento firme por asociación ilícita fiscal y lavado de activos y estar embargado por 1.400 millones de pesos, el contador chaqueño, Walter Pasko, pidió adherirse al blanqueo de capitales que estableció el gobierno de Javier Milei.
Según pudo saber LITIGIO, recientemente realizó una presentación digital ante la AFIP para adherirse al Régimen de Regularización de Activos. Este es un paso necesario para generar la constancia con la cual posteriormente podría abrir una caja de ahorros especial en alguna entidad bancaria y así ingresar el dinero no declarado con anterioridad. Su esposa, Diana Yael Daniel, procesada en la misma causa que su marido, y con un embargo de 950 millones de pesos, hizo similar presentación. Ambos pedidos se encuentran en el área de investigaciones de la AFIP.
¿Qué dice la norma en estos casos? El artículo 41, de la Ley 27743/24, establece en su inciso “e” que entre los sujetos excluidos para acogerse al régimen de blanqueo de capitales se encuentran los procesados por lavado de activos, defraudaciones, estafas y falsificaciones. Es decir, está más que claro que ni Pasko ni su esposa podrá acogerse a tal beneficio debido a su delicada situación judicial, la cual está cercana a ser requerida a juicio por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini.
Cabe recordar que el Régimen de Regularización de Activos, más conocido como “blanqueo de capitales”, fue impulsado por el gobierno de Javier Milei. Busca regularizar bienes y activos que no están declarados a través del pago de una penalidad. Una vez regularizados, dichos bienes y activos tienen los efectos fiscales según corresponda, como cualquier otro bien. Esta medida busca, más que nada, sumar dólares a las sequísimas reservas que tiene actualmente el Banco Central, con la vista puesta también en los fuertes vencimientos de deuda que se avecinan el año entrante.
La causa
En agosto pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejó firme los procesamientos contra seis personas acusadas de formar parte de una asociación ilícita fiscal dedicada a emitir facturas truchas desde el Chaco. También ratificó embargos por un monto total de 7 mil millones de pesos.
Las juezas, Patricia García y Rocío Alcalá, resolvieron el 15 de agosto pasado no hacer lugar a los recursos de apelación deducidos por las defensas técnicas del contador, Walter Antonio Pasko; de su hermano, Álvaro Iván Pasko; del gestor de más de 70 cooperativas de trabajo, Fernando Adrián Ayala; de su esposa, la empresaria dedicada al rubro de belleza, María José Reinau; de Juana Elsa Brahim (madre de los Pasko) y de Diana Yael Daniel (esposa de Walter Pasko y exempleada del Instituto de Agricultura Familiar) y, consecuentemente, confirmar la resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia.
“Analizados los elementos objetivos aunados a la causa, tomando especialmente en consideración que no se encuentra controvertido que la Administración Federal de Ingresos Públicos verificó la creación de usinas de facturación fraudulenta -siendo que es el Organismo con mayor conocimiento técnico en la materia-, así como que ha sido probada la estrecha vinculación personal y laboral entre los integrantes de la asociación delictiva -dato no menor ya que las relaciones de confianza son usuales en este tipo de complejas maniobras-, como también que aparecen plasmadas en autos las inconsistencias en los ingresos y bienes de los principales acusados, nos encontramos frente a un cuadro presuncional suficiente, a estas instancias del proceso, para confirmar con grado de probabilidad, la hipótesis delictual tal como ha sido plasmada en la resolución venida a conocimiento”, señalaron las magistradas.
La resolución ratificada por la Cámara fue firmada a fines de mayo pasado por la jueza, Zunilda Niremperger. En la misma se procesó sin prisión preventiva a Walter Pasko y a Adrián Ayala por los delitos de asociación ilícita fiscal (en concurso real) y lavado de activos, en calidad de jefes de la organización. Se mantuvo su prohibición de salir del país, la retención de sus pasaportes y se les trabó embargos por 1.400 millones de pesos a cada uno.
Imputación similar tuvo la empresaria Reinau, dueña del salón de belleza “Brilla”. Se le trabó un embargo por idéntico monto que a su marido y también se la procesó por lavado y asociación ilícita fiscal, en calidad de autora, aunque con la diferencia que ella aparece en calidad de “integrante” de la banda.
La esposa de Pasko, la abogada Diana Daniel; la madre de Pasko, Juana Brahim y el hermano del contador, Álvaro Pasko, quedaron procesados por el delito de asociación ilícita fiscal, también en calidad de integrantes. A ellos se les trabó embargos por casi 950 millones de pesos, para cada uno, y se ratificó que tienen prohibido salir del país. En tanto que a Carlos Pasko se le dictó la falta de mérito, sin perjuicio de que pudiera reveerse esta situación en caso de que surja alguna prueba que lo involucre.
También se ordenó el embargo de los bienes de las empresas y cooperativas involucradas en la maniobra, las cuales son: Fundación Amarte, Fundación Manos de Vida, Fundación Insert-Arte, Fundación Solidaria es una elección de Vida, Fundación Brilla Mujer, Cooperativa de Trabajo Solidaridad es Mi Mundo, Cooperativa de Trabajo Siempre Brillando, Cooperativa de Trabajo Construir Más, Cooperativa de Trabajo Unidas Cambia III, Ferraya Sociedad Anónima Simplificada (SAS), Tercer Norte SRL, La Reina del Norte SAS, Soluciones Impositivas SAS y Friva (Cooperativa de Productores Ganaderos de la Sociedad Rural de Villa Ángela, de Provisión, Comercialización e Industrialización Limitada). El total embargado en este punto supera los 670 millones de pesos.
Asimismo, la jueza declaró la incompetencia parcial de la justicia federal para entender en la denuncia contra Daniel por los presuntos delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos que pudieran surgir, por lo que remitió las actuaciones a la justicia provincial para que investigue.
Megausina
La causa que investiga a esta megausina de facturas truchas se inició en junio de 2022, cuando inspectores de la AFIP realizaron relevamientos en los domicilios de personas cuyas facturaciones por montos millonarios eran inconsistentes.
Los cinco inspeccionados (entre ellas una ama de casa) se vieron sorprendidos por la situación. Desconocieron los montos facturados y aseguraron ni siquiera sabían de la existencia de las empresas a las que supuestamente les habían vendido.
A este grupo se le añadió un periodista de Resistencia. A él no lo visitaron los inspectores, sino que se dio cuenta de la irregularidad al constatar que su CUIT estaba bloqueado debido a que la AFIP señaló irregularidades. El fisco le informó que entre 2021 y 2022 tenía facturas emitidas por $21 millones, un monto notablemente mayor al que usualmente facturaba.
Si bien las actividades de todos ellos eran distintas, tenían algo en común. Todos tienen o tuvieron como contador a Walter Pasko. Posteriormente se constató que, abusando de la confianza de sus clientes, Pasko habría utilizado de manera fraudulenta sus claves fiscales para facturar a empresas y organismos ventas y servicios inexistentes con la intención de generar IVA crédito de manera fraudulenta.
En simultáneo, para que la posición mensual de IVA no se desmadre, la maniobra utilizada era inventar tiques facturas “A” en los libros IVA Compras de sus clientes, como también en algunos casos recibía facturas “reales” pero de operaciones “inexistentes”. La AFIP estimó una evasión impositiva de más de $115 millones.
Además, Pasko montó una red de empresas y cooperativas que casi no tenían actividad (no tenían empleados ni compraban materiales) pero que emitían una gran cantidad de facturas por supuestos servicios prestados. En algunas, está registrado como cotitular y en otras como asesor contable.
Las facturas, en este caso, fueron entregadas en su gran mayoría a organismos públicos, principalmente al Instituto de Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), donde trabajaba su esposa, Diana Daniel. Estas cooperativas y empresas de dudosa existencia emitieron facturas por más de $440 millones, solamente al IAFEP.
La emisión y utilización de facturación apócrifa es funcional para el delito de evasión de impuestos, para el lavado de activos ilegales y la corrupción.
Una factura trucha involucra una documentación comercial que, pudiendo cumplir recaudos formales, no se condice con la realidad de los hechos y o sujetos intervinientes en una operación que se intenta respaldar.
La intención es la simulación de un hecho económico con transcendencia tributaria, que puede involucrar una falsedad ideológica (el comprobante instrumentalmente es válido, pero trasmite una verdad adulterada) o una falsedad material del comprobante (no existe como tal).
En esta causa en particular, las facturas se emitían con dos finalidades específicas: por un lado, generar crédito fiscal espurio para que empresas y personas físicas paguen menos IVA de manera ilegal; y por otro, conciliar la caja con las reales salidas de fondos validando gastos de organismo públicos que de otro modo no se podrían justificar. Dicho en otros términos: blanquear dinero de la corrupción estatal.
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