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Las autoridades se votaron entre sí. Maqueda los apoyó. Lorenzetti, enfrentado, se abstuvo. Las causas que interesan al gobierno. Una acumulación de poder que tensiona a la Casa Rosada.

Miércoles, 25 de septiembre de 2024

Por Irina Hauser

Instalado en el poder, Horacio Rosatti volverá a ser presidente de la Corte Suprema por tres años más acompañado, igual que en la fórmula actual, por Carlos Rosenkrantz como su vice. Este martes los supremos concretaron la votación de un nuevo mandato que comienza a regir en octubre y que durará casi lo mismo que le queda de gobierno a Javier Milei. La fórmula fue postulada por Juan Carlos Maqueda, quien se jubila a fin de año, cuando cumpla los 75. El dúo se tuvo que autovotar para llegara tres apoyos porque Ricardo Lorenzetti –distanciado de ellos ya desde hace unos seis años, cuando lo desplazaron de la presidencia– decidió abstenerse. Quedará por un tiempo un tribunal minúsculo, de apenas tres integrantes, si el Gobierno no consigue acuerdo para los pliegos del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García Mansilla presentados ante el Senado por la administración libertaria para cubrir las vacantes. Por ahora en el cuarto piso del Palacio de Justicia se preparan para ese escenario.

La Corte tiene una amplia agenda de temas no resueltos que inquietan al gobierno de Milei pero hasta ahora no ha hecho grandes gestos que revelen la intención de afectar o entorpecer ninguna de sus decisiones (ni la gobernabilidad), incluso las más cuestionadas jurídicamente como el DNU 70/2023 que desreguló la economía, modificó y derogó cientos de leyes. Pese a que para el dúo que seguirá manejando el máximo tribunal los postulantes a la Corte no fueron de especial agrado, acomodaron una relación con el Gobierno y mantienen cierto equilibro con la excusa de temas institucionales como la aplicación del Código procesal acusatorio en el país (un sistema aprobado ya hace casi una década) que requiere reorganizar tribunales, ceder protagonismo a fiscalías e instalar un sistema ágil y oral. En las últimas semanas el foco de los intercambios fue la cuestión presupuestaria: pese a que la propuesta oficial concedió 30 por ciento menos de lo que pedía el Poder Judicial para 2025, al menos desde el ala suprema no hubo pataleos.

Situación

Una Corte de tres miembros implica la posibilidad de que las decisiones de máximo impacto, aquellas que pueden incidir en el destino del país, queden concentradas en ese círculo diminuto. Para los fallos se seguirán requiriendo tres firmas (como ahora), y si falta alguna por discrepancias llamarán a conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales. Para las decisiones administrativas (contratos y licencias, entre otras cuestiones de “superintendencia”) bastará con dos firmas. Rosatti, con su nuevo triunfo, se asegura también el control del Consejo de la Magistratura, algo que logró con un fallo de la propia Corte que repuso una ley derogada y devolvió al organismo que elige y sanciona a los jueces su conformación original de 20 integrantes, previa a una reforma legislativa de 2006 impulsada por el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el Consejo convive con un interlocutor clave del Gobierno, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien además tiene una larga historia como secretario en el alto tribunal.

El dúo Rosatti-Rosenkrantz es el que llegó a la Corte con el gobierno de Mauricio Macri, quien intentó nombrarlos por decreto inspirado en un idea del operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se escapó a Uruguay en diciembre de 2020 para evitar dar explicaciones en una causa por amenazas y coacción. Al final tuvieron que pasar por el Senado, consiguieron acuerdo u se incorporaron en junio y agosto de 2016 respectivamente. Antes de eso el tribunal pasó por una etapa de pocos meses de tres integrantes, tras la jubilación de Carlos Fayt a los 97, que se hizo efectiva el primer día del gobierno de Cambiemos. El gran giro y la regresividad en algunos temas específicos, como los juicios sobre derechos laborales y las causas de lesa humanidad, marcaron el pulso cortesano que acompañó al gobierno macrista. Con la gestión de Alberto Fernández casi no hubo diálogo, solo Lorenzetti mantuvo algunos canales de comunicación abiertos.

Asuntos pendientes

Si bien la Corte rechazó algunos planteos contra el DNU 70, como el de La Rioja, el del expresidente del Colegio de Abogados de la Capital Jorge Rizzo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, entre tantos, son muchas las causas que atañen a políticas del gobierno de Milei sobre las que no se pronunció sino que ni siquiera hizo el demasiados movimientos. Sobre el DNU, en especial sobre el capítulo de reforma laboral que invalidaron tribunales del fuero del trabajo, hay planteos pendientes en los despachos cortesanos –por ejemplo– tanto de la CGT como de la CTA. Está claro que el gobierno introdujo igual su reforma laboral a través de la Ley Bases, pero esas cuestiones están en la Corte.

Hay demandas de provincias por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), la del Fondo Compensador del Transporte y del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). La provincia de Buenos Aires impulsa demandas por todos estos temas y por dejar de compensar el “sistema de boleto integrado” a través de la SUBE. Varias provincias presentaron reclamos por las cajas previsionales, fondos coparticipables y fiduciarios. Entre ellas figuran también Chubut, Chaco, La Pampa y Misiones. Van llegando también, a través de recursos de queja, causas vinculadas con la gestión actual, como las que atañen a múltiples denuncias vinculadas con el reparto de alimentos de parte de Capital Humano. Pero también están las causas que tienen a Cristina Kirchner como protagonista: Memorandum, Hotesur Los Sauces y Dolar Futuro.

En los últimos tiempos hubo dos movimientos que generaron alguna novedad desde la Corte: en el tribunal se selló un acuerdo entre el gobierno nacional y el porteño para el cumplimiento de la medida cautelar fijada por los supremos que estableció que se le pague a la Ciudad un 2,95 por ciento de la coparticipación. En otro orden, y si bien no se metieron con la cuestión de fondo, los cortesanos dejaron firmes las condenas contra el exjefe de la policía de Fernando de la Rúa por los asesinatos de diciembre de 2001 así como la del exsecretario de Seguridad, Rubén Mathov. Esto determinó que ambos quedaran detenidos para cumplir la pena efectiva. La decisión, que no tiene precedentes al responsabilizar a quienes diseñaron el operativo y a quien tenía un cargo político como Mathov, fue leída como un mensaje en el escenario de una ofensiva represiva encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Las vacantes
Puertas adentro de la Corte nadie muestra excesiva preocupación por funcionar de a tres. Maqueda dijo en una entrevista que se va porque el gobierno no le dio opción de pedir la renovación de su cargo por cinco años más. Rosatti parece bastante convencido de su acumulación de poder. Aunque está claro que hará falta la firma de Lorenzetti para poder obtener fallos. A este supremo, a la vez, se le juega su cuota de influencia ya que impulsó la candidatura de Lijo.

Por lo que ha quedado a la vista de boca de algunos referentes del peronismo como Mariano Recalde y José Mayans, no parece haber una disposición a dar apoyo o siquiera a debatir a ninguno de los pliegos si no entran en negociación otros asuntos judiciales: ampliación de la Corte –que garantice la diversidad de género y de representación–, negociación de más de un centenar de pliegos pendientes, cargos claves en algunos tribunales influyentes como la Cámara de Casación Federal, defensorías, fiscalías y nada menos que el cargo de Procurador/a general de la Nación. “Son los candidatos del gobierno, no los nuestros”, repiten en la oposición. Todavía ni siquiera hay un dictamen de la oposición en la Comisión de Acuerdos. En la casa de gobierno repiten que una Corte de tres no sería sana pero alegan que al macrismo le llevó siete meses completar el tribunal. Hay que ver hasta que punto está dispuesto a abrir el juego una oficialismo que está parado en la “antipolítica”.

 

Fuente: Página/12


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