El juicio oral que se le sigue a la banda de narcopolicías de la Comisaría Duodécima de Resistencia comenzó este miércoles en el Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña con definiciones importantes. En un trámite abreviado, se acordaron penas en suspenso para dos policías del Chaco y un gendarme. Además, se decidió la prisión efectiva domiciliaria para una mujer que vendía drogas al menudeo en el barrio Santa Catalina. Sólo un imputado prefirió continuar con el proceso. La ronda de testimonios continuará el 2 de octubre.
Miércoles, 25 de septiembre de 2024
Dos policías del Chaco, un gendarme y una vendedora de drogas al menudeo del barrio Santa Catalina reconocieron este miércoles su culpabilidad en el marco del juico que se sustancia en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, contra la que se conoce como la banda de los Narcopolicías de la Comisaría Duodécima.
El sargento de la Policía del Chaco, Rubén Alberto Molina; el agente, Matías Josué Frete; el gendarme, Miguel Hugo Paniagua y la dealer, Ester de la Cruz Pereña, acordaron con el Ministerio Público Fiscal, representado por Federico Carniel, concluir el proceso judicial en un juicio abreviado. Este es un procedimiento legal utilizado para agilizar la resolución de casos penales, donde el acusado admite su culpabilidad a cambio de una pena más benigna.
Tanto los policías Molina y Frete y el gendarme Paniagua, acordaron penas en suspenso. Es decir: no irán a prisión. Ambos llegaron a juicio imputados por los delitos de cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita, en concurso real, en carácter de coautores.
Molina negoció una pena de tres años e inhabilitación por cuatro para ejercer cargos públicos. En tanto, Frete acordó una pena de dos años y cuatro de inhabilitación. Frete logró un mejor acuerdo que su colega debido a que la fiscalía le retiró la imputación de “asociación ilícita”. “Si bien consideramos que es coautor del resto de los delitos, el de asociación ilícita no corre en este caso”, explicó Carniel al iniciar la audiencia. A su vez, el gendarme Paniagua, acusado del delito de revelación de secreto oficial, acordó un año de prisión y dos de inhabilitación.
La peor parte se la llevó De la Cruz Pereña. Fue la única que arregló una pena de prisión efectiva, que la realizará de manera domiciliaria: cuatro años. Llegó a juicio acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora; cohecho activo en carácter de autora y como coautora de los delitos de asociación ilícita, todo en concurso real. Al aceptar el arreglo, la mujer pidió que se le autoricen salidas para ir a trabajar, dos días a la semana. Dijo que lo hará para vender ropas usadas teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa. El Tribunal, conformado por los jueces Juan Manuel Iglesias (presidente), Fabián Cardozo y Enrique Boch, analizarán el pedido.
El único que no aceptó el acuerdo de juicio abreviado fue el agente, Leandro Cocco. Su imputación es la misma que el resto de los policías que llegaron a juicio: cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita.
El tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 2 de octubre para continuar con las testimoniales, las cuales podrían extenderse hasta la audiencia del 4 del mismo mes.
El caso
Esta causa nació de una investigación iniciada en 2021 por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini. Tomó estado público recién el 16 de julio de 2022 cuando Molina, Frete y Cocco fueron detenidos por orden de la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
Se los señaló como parte de una asociación ilícita dedicada a la protección de vendedores de droga del barrio Santa Catalina. También se los acusó del armado de procedimientos fraudulentos, de omitir denunciar una serie de ilícitos, de cobrar dádivas a personas que tenían inconvenientes en otras comisarías a cambio de solucionarlos y de pergeñar delitos de todo tipo.
De acuerdo al expediente, los policías sabían que Ester de la Cruz Pereña regenteaba un búnker de drogas en el barrio, pero no sólo que no la denunciaron o intentaron detenerla, sino que por el contrario le brindaban protección para que pueda comercializar estupefacientes sin ser molestada. Esta cobertura incluiría al menos a otros dos narcotraficantes de la zona.
Esta cobertura policial se realizaba a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para el armado de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración.
En simultáneo a las detenciones, se allanaron domicilios particulares de los imputados y también la comisaría Duodécima. En la dependencia policial se incautó un cofre perteneciente a uno de los investigados con cocaína fraccionada, además de más de 400 gramos de marihuana y dieciséis sobres sin identificación “con sustancia estupefacientes”. Ninguno tenía la debida individualización y su acondicionamiento se presentaba como irregular. La principal sospecha es que la sustancia era utilizada para comprar información a “soplones” y para plantar pruebas falsas en operativos armados para “limpiar el territorio” de dealers que no se plieguen a las órdenes de la organización de narcopolicías.
A De la Cruz Pereña, en tanto, se le secuestró en su casa la cantidad de 95,5 gramos de cocaína, distribuidos en 211 envoltorios que estaban escondidos en distintos sectores. También se secuestró dinero en efectivo y aparatos digitales. Mientas que en el domicilio de Molina se encontró 2 gramos de cocaína.
Las escuchas telefónicas realizadas tanto a los policías implicados como a la presunta dealer fueron clave para constatar no sólo en vínculo delictivo entre ellos, sino también el modus operandi que tenían para llevar a cabo sus operaciones ilegales, que incluían asesoramiento a delincuentes, coimas a cambio de favores y hasta la descripción de cómo quedarse con cocaína incautada haciéndola pasar por yeso.
A través de intervenciones a los celulares se logró confirmar el vínculo de extrema confianza que había entre el sargento Molina y De la Cruz Pereña. En una conversación que se produjo el 16 de diciembre de 2021, Molina le pidió a Pereña que le provea de drogas para plantárselas a un sujeto de la zona y así poder detenerlo. “Necesito que me aguantes cuatro bolsitas porque, bueno, escuchá, te adelanto, estoy por hacer unos pares de allanamientos acá viste, en el Santa y le quiero poner falopa”, le pide Molina a Pereña.
En otras escuchas también se constató que Molina se desempeñaba como una suerte de asesor de delincuentes del barrio. Los asistía no sólo para evitar que sean detenidos, sino que también les brindaba apoyo cuando se producían allanamientos.
En una de las conversaciones, un sujeto le propuso cometer un robo, a lo cual Molina se negó. Lejos de denunciar el hecho, le brindó una serie de consejos para evitar ser descubierto. “Si querés, metele. Pero vas a necesitar otro. Fijate nomás cómo lo vas a hacer. Tenés que mirar que no haya cámara ni nada”, alertó.
Apriete
Posteriormente a las detenciones de los policías y allanamientos en la comisaría y sus domicilios particulares, se sumó otra causa más contra los miembros de esta organización.
Molina y Cocco fueron imputados por amenazar al grupo de gendarmes que los venían investigando. La amenaza ocurrió el 12 de enero de 2022 durante una recorrida que realizaba personal de Gendarmería. En un momento dado el conductor del móvil advirtió que los venía siguiendo un automóvil Suzuki Fun. El vehículo logró sobrepasarlo y lo cruzó, colocándose delante, impidiendo su paso.
Del auto bajó el sargento Molina. Se presentó como personal de la Policía del Chaco y de manera muy agresiva interrogó a los gendarmes respecto de sus actividades en el barrio Santa Catalina. Los uniformados respondieron que sólo hacían “recorridas de prevención”.
Olfateando lo que ocurría, días más tarde, Molina retomó su idea de intentar amedrentar a los agentes de Gendarmería que lo investigaban. Para eso se subió a una moto Honda Tornado y, acompañado de otro compañero, se presentó en la Unidad de Reunión de Información (el grupo de inteligencia de Gendarmería). Ambos estaban armados con escopetas. La situación no pasó a mayores.
Los policías investigados querían data respecto de qué pasaba en Gendarmería. Saber detalles de la investigación. Qué sabían y qué no. Es por eso que se comunicaron en varias oportunidades con el suboficial principal de Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua. Cumpliendo funciones en Río Gallegos, Paniagua les brindó información sensible tanto de la estructura de la fuerza federal como de la pesquisa en curso. Por este accionar, el fiscal Sabadini también lo imputó por revelar secretos oficiales.
