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La Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa declaró inadmisible el recurso presentado por el exintendente de Resistencia por su falta de legitimidad para intervenir en la causa por lesividad de los pases a planta durante su gestión. Por lo tanto, aún se mantiene firme la cautelar que avaló el despido de 432 trabajadores por parte del actual intendente Roy Nikisch. 

Sábado, 14 de septiembre
Gustavo Martínez, exintendente de Resistencia.

Las juezas Natalia Prato Stoffel y Geraldine Varas, de la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa, declararon inadmisible un recurso del exintendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que pretendía que ese tribunal de marcha atrás con la medida cautelar que avaló la decisión del actual jefe comunal Roy Nikisch de despedir 432 trabajadores municipales incorporados a planta durante la gestión anterior.

La resolución fue dictada el 11 de septiembre pasado y, en rigor, las magistradas ni siquiera analizaron el planteo de fondo tras considerar que Martínez no cuenta con legitimidad para intervenir en el caso, teniendo en cuenta que su mandato expiró el 10 de diciembre de 2023.

“La sola condición de ex Intendente o invocar ser el autor de las resoluciones impugnadas como sustento para deducir la pretensión, no basta para demostrar la existencia de un interés “especial” o “directo”, “inmediato”, “concreto” o “sustancial” que permita tener por configurado un “caso contencioso”, señala la resolución firmada por Prato Stoffel y Varas. Y agrega que tampoco “ha justificado un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, sin que tampoco posean legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes”.

Asimismo, advirtieron que la falta de legitimación de Martínez no es subsanada por la circunstancia de haber sido notificado del trámite de la acción de lesividad, en tanto su citación fue para ejercer su defensa y deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder, aun cuando se trate de un juicio en el que se analiza la legalidad de actos administrativos de los que fue firmante.

 

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