Represión en Chaco: la Policía de Zdero volvió a violar el protocolo para manifestaciones

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco denunció que la Policía del Chaco volvió a violar la ley que establece criterios mínimos de actuación de las fuerzas policiales en manifestaciones públicas. Fue en la marcha contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria en el Congreso que se realizó el miércoles pasado en Resistencia. El Poder Judicial sigue dejando hacer y dejando pasar.

Viernes, 13 de septiembre de 2024

Una vez más, la Policía del Chaco comandada por el comisario Fernando Romero y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, desplegó todo su instinto represivo ante una pacífica manifestación de trabajadores públicos, privados, jubilados y movimientos sociales que se movilizaron en Resistencia por el tratamiento en el Congreso del veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Nuevamente, aplicaron un “protocolo” para impedir protestas sociales que no solo es ilegal –en Chaco se encuentra vigente otra ley, la 2399-J- sino que además desoye un fallo del Superior Tribunal de Justicia que señaló que se debía garantizar la protesta social.

Así lo señaló ayer el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, que monitorea el cumplimiento del protocolo legal en las marchas que se realizan en la provincia. Desde el organismo, señalaron que “la Policía del Chaco sigue incumpliendo sus disposiciones, incurriendo en actos ilegales y en desobediencia judicial”.

En ese contexto, recordaron los principales puntos de la ley 2399-J que establece “Criterios mínimos de actuación de las fuerzas policiales en manifestaciones públicas”:

1-Proteger la vida e integridad de todos los involucrados.

2- Uso de la fuerza solo como última instancia y en situaciones de riesgo de vida.

3- Prohibido portar armas de fuego y utilizar pistolas lanza gases.

4-Identificación obligatoria del personal policial.

5- Respetar, proteger y garantizar la actividad periodística.

6- Especial protección a niños, mujeres, pueblos originarios y personas con discapacidades.