El Tribunal Oral de Resistencia absolvió este miércoles al empresario Lázaro Báez y los otros imputados en la causa por emisión de facturas truchas a través de la empresa constructora Sucesión Anselmo Biancalani del Chaco que estaba en quiebra. El 26 de agosto pasado había fallecido uno de los imputados, el exsenador chaqueño Fabio Biancalani.
Jueves, 5 de septiembre de 2024
El tribunal integrado por Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero consideró válidos los planteos y evidencias que presentaron los defensores de Báez, Juan Villanueva y Ariel Liniado, durante la instancia oral, y rechazó los pedidos para condenar al presunto testaferro de la familia Kirchner a 9 años de prisión, como había pedido la Fiscalía, o hasta 18 años de prisión, como había reclamado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Tras dar a conocer ayer por la mañana su veredicto, el tribunal informó que el 30 de octubre difundirá los fundamentos de la sentencia, que podrá ser recurrida por la Fiscalía, la AFIP y Báez y el resto de los acusados –si así lo consideraran necesario- ante la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en Buenos Aires.
Báez afrontó el juicio oral junto a otros cuatro acusados: su socio en la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani y ex senador nacional por el Partido Justicialista, Fabio Biancalani –quien falleció días atrás-; el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; el contador y apoderado de esa constructora, Claudio Bustos; y el abogado y exadministrador de la constructora, Jorge Chueco.
Sujeto a prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires y, luego, de Santa Cruz, Báez participó en las audiencias orales a través de la plataforma Zoom. Durante esas audiencias, la Fiscalía buscó probar que Báez y sus colaboradores trasladaron las operaciones y parte de la estructura de Austral Construcciones a la provincia de Chaco para obtener fondos públicos entre 2013 y 2015, y evadir impuestos mediante el uso intensivo de facturas truchas y otra documentación apócrifa por montos multimillonarios.
“La estructura de Austral Construcciones se trasladó al Chaco para, a través de [la constructora] Sucesores de Adelmo Biancalani, obtener beneficios por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y de direcciones provinciales de Vialidad, cuya ejecución económica les reportó enormes sumas de dinero, justamente por el no pago de los tributos que debían abonar”, argumentó el fiscal Federico Carniel. “Ahí está la maniobra”.
El juicio oral se inició a principios de este año tras tres postergaciones provocadas por las demoras para producir algunas pruebas, varias de las cuales reclamaba la defensa de Báez; entre ellas, un peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según había informado el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno –montos sujetos a actualización- con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que habrían evadido en los impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrellevó un embargo de $3 millones.
Para la defensa, la absolución de Báez fue algo lógico, ya que consideró acreditado que las facturas cuestionadas como apócrifas eran verdaderas, que su defendido no buscó engañar a la AFIP y que la constructora realmente prestó los servicios que facturó, lo que remarcó que había sido constatado por diversos funcionarios públicos durante años.
La inocencia de Báez, sostuvo Villanueva en su alegato final de más de cuatro horas ante el tribunal, era una “verdad a gritos” que fue desoída durante años, al punto que terminaron en un juicio oral “que nunca debería haber ocurrido”. Pero que Báez debió lidiar con una “pantomima” que pudo haberse “resuelto en la etapa administrativa” con la AFIP, o en los primeros pasos de la investigación judicial, cuando todavía tramitaba en primera instancia.
Durante la ampliación de su indagatoria, el 10 de julio pasado, Báez explicó que “todas estas empresas tenían sus propias administraciones en forma individual, cada una de ellas. Y estas administraciones eran las responsables del funcionamiento operativo”. En ese sentido, indicó que durante el transcurso del juicio oral se enteró que la empresa Sucesión de Adelmo Biancalani tenía contratado un servicio de consultoría externa a cargo del contador Princich “responsable de la liquidación de impuestos, responsable del funcionamiento contable”. “La verdad que no lo sabía”, aseguró, tratando de desligarse de las imputaciones. Al respecto, afirmó que “Austral jamás emitió una factura apócrifa. Algo que realmente me sorprendió muchísimo escuchar. Pero facturas apócrifas…increíble”.
Ante ese panorama y los argumentos de las defensas, el Tribunal Oral de Resistencia –que por su integración se conformó en la ciudad de Paraná-, concluyó que tanto Báez como los restantes acusados debían ser absueltos, lo que decidió por unanimidad.
Fuente: La Nación/Propia
