El sector de la industria forestal solicitó al gobierno del Chaco que impulse una medida judicial contra la cautelar de la Justicia Federal de Resistencia que suspendió los desmontes por tres meses. El antecedente del juez Sinkovich, quién generó un conflicto de competencias ante un planteo similar impulsado por el gobierno de Capitanich en defensa del mismo sector.
Jueves, 29 de agosto de 2024
Miembros de la cadena forestoindustrial de Machagai, así como de localidades vecinas de Presidencia de la Plaza y Quitilipi, solicitaron al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, que “con carácter de urgente” impulse una medida anticautelar contra la resolución de la jueza federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que suspendió los desmontes en el territorio chaqueño por un período de tres meses.
Según publicó diario Norte, el sector propuso “como medida judicial en defensa de nuestros derechos la interposición de una medida anticautelar, en el entendimiento de que la provincia del Chaco que usted representa está legitimada para hacerlo”.
“Consideramos viable la medida judicial requerida por cuanto su admisibilidad en el caso cumple con los requisitos para su viabilidad porque estamos ante una situación de vulnerabilidad, y por ende, la provincia del Chaco en defensa y protección de la cadena foresto industrial de la madera se halla facultada a solicitar una medida cautelar en resguardo de sus intereses ya que afecta el patrimonio de sus conciudadanos”, sostiene la nota, y afirma que “la traba de la medida cautelar citada arriba en particular, nos resulta sumamente gravosa por los efectos económicos devastadores que ocasionaría en estas localidades”.
El antecedente
No es la primera vez que este sector busca el paraguas protector del Poder Ejecutivo para continuar con sus actividades cuestionadas judicialmente. Ya lo hizo, con “éxito” en 2020, cuando la gestión de Jorge Capitanich instruyó a la Fiscalía del Estado para que impulse una medida anticautelar que deje sin efecto la suspensión de los desmontes dictada en aquel momento por la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
En aquella ocasión, los argumentos del Estado chaqueño fueron los de siempre: la defensa de las inversiones y las fuentes laborales. Fue el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, Jorge Mladen Sinkovich, quién hizo lugar a aquella medida anticautelar contra la resolución dictada antes por la Cámara Contenciosa, lo que generó un conflicto de competencias que debió saldar el Superior Tribunal de Justicia, convalidando el accionar del tribunal y, posteriormente, la acción de amparo que suspendió los desmontes.
Un caso distinto
Aunque en este caso también se afectan los intereses económicos de los empresarios foresto industriales del Chaco, lo cierto es que la actual suspensión de los desmontes fue dictada por la Justicia Federal de Resistencia. Y fue en el marco de una investigación penal entre cuyos imputados se encuentran, entre otros, el actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, Hernán Halavacs, y los empresarios madereros Ana Hupaluk y Adolfo Hupaluk.
No obstante, cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco ya rechazó una medida cautelar de la oenegé ambientalista “Conciencia Solidaria” para suspender los desmontes ante el pedido de inconstitucionalidad de la ley (Nº 4005-R) de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y aún debe resolver sobre un planteo similar impulsado por el Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco— Asociación Civil.
