En el marco de la causa que impulsa la Justicia Federal de Resistencia contra una organización integrada por funcionarios, exfuncionarios, empresarios y diputados dedicada presuntamente a facilitar la tala indiscriminada, uniformados de Gendarmería realizó el jueves por la mañana múltiples allanamientos para recolectar elementos de prueba. Entre otras locaciones, requisaron las oficinas del Ministerio de Producción, la Dirección de Bosques, en Sáenz Peña, y la consultora “Huila”, propiedad del ministro de Producción, Hernán Halavacs, también en la ciudad Termal.
Viernes, 23 de agosto de 2024
Los empleados de Casa de Gobierno se vieron sorprendidos en la mañana del jueves por un allanamiento que llevaron a cabo integrantes de Gendarmería Nacional. A solicitud del juzgado Federal 1 de Resistencia, los uniformados ingresaron a las oficinas del Ministerio de Producción donde se dedicaron a secuestrar documentación y elementos de informática, todo esto en el marco de la causa que investiga a una presunta organización criminal dedicada a favorecer la tala indiscriminada del bosque nativo en el Chaco.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, no fue la única locación visitada. También se realizaron allanamientos en la sede de la Dirección de Bosques, en Sáenz Peña, y en la consultora agropecuaria “Huila”, también en la ciudad Termal. La firma es propiedad del ministro de Producción, Hernán Halavacs, y a través de ella se tramitaron el 40% de los permisos de desmontes en los últimos 10 años en la provincia.
Cabe recordar que, en base a una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA), el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó ante el juzgado de Zunilda Niremperger un pedido de investigación contra funcionarios, exfuncionarios y diputados provinciales acusados de perpetrar una serie de delitos que tuvieron como fin la tala indiscriminada del monte chaqueño.
Además de Halavacs, la acusación incluye a Miguel Ángel López, exdirector de Bosques del Chaco, actualmente empresario forestal y Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, hoy asesor legal de Halavacs. También están en la nómina de acusados Atlanto Honcheruk, empresario forestal y actual diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo y Hernán Miguel Brunswig, exministro de Ambiente. La imputación deja abierta la posibilidad de incluir a toda otra persona que posteriormente se determine en el transcurso de la investigación.
En su requerimiento, Sabadini los acusa por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal) y “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).
Asimismo, solicitó a Niremperger que haga lugar a una medida cautelar para prohibir de manera inmediata los desmontes en la provincia, medida que la jueza hizo lugar recientemente, por el término de tres meses.
Por otra parte, el fiscal dejó en claro que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal contra las Personas Jurídicas. Estas son: Vicentin; Las Guindas SA; Establecimiento Monterrey; Cuenca del Salado SA; Grupo Buratovich Hermanos; MSU (Manuel Santos de Uribelarrea); TRIAD SA; Alejandro Hayes Coni; Ricardo Shihon y Jerilderie; Cigra SA y La Nueva Pirámide SA.
También pidió investigar el posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios. “Resulta insoslayable atender a que se vislumbra la actuación de una organización destinada a cometer delitos y a asegurar la impunidad de sus miembros”, sostuvo Sabadini.
Abogados
La denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentada ante la Fiscalía Federal el 3 de julio pasado, se originó a partir de la aprobación de la ley del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la madrugada del 30 de abril pasado por parte de la Cámara de Diputados del Chaco.
El OTBN es una de las más importantes herramientas de política ambiental y, particularmente para el caso de Chaco, de política productiva en la provincia. Surge como obligación legal para las provincias a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 26.331, en 2007. Las leyes de presupuestos mínimos establecen los estándares por debajo de los cuales las provincias no pueden legislar en relación a la explotación de recursos naturales, como una limitación nacional uniforme.
Este ordenamiento debe hacerse en base a tres categorías, reflejadas con los colores del semáforo: Categoría I (rojo): bosques de alto valor de conservación que no pueden aprovecharse comercialmente, a excepción de actividades de nulo o bajo impacto como ecoturismo, investigaciones científicas o actividades vinculadas a la conservación de la naturaleza. Categoría II (amarillo): bosques de mediano valor de conservación que no pueden desmontarse, pero sí se puede desarrollar un aprovechamiento forestal (extraer madera de manera selectiva -con motosierra, no topadora-) y actividades silvopastoriles (ganadería bajo cubierta forestal). Categoría III (verde): bosques de bajo valor de conservación que pueden desmontarse total o parcialmente. Esta es la única categoría que permite los desmontes, técnicamente llamados “Cambios de Uso de Suelo”.
Sin embargo, la normativa sancionada en la madrugada del 30 de abril por la Legislatura chaqueña permite “el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo” y está “hecha a medida del agronegocio y las tanineras”, señalaron desde la ONG.
Además, indicaron que es una norma regresiva en materia ambiental, algo que infringe normativas tales como la resolución 236/12 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) donde se estableció que “[l]a actualización periódica de los OTBN deberá realizarse teniendo en cuenta el concepto de no regresividad en materia ambiental, que consiste en que la normativa ambiental no debe ser modificada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. De esta forma se evita que los avances logrados en la elaboración de los OTBN se pierdan o se vean afectados por retrocesos en la materia, lo cual puede tener como consecuencia, que se produzcan daños ambientales irreversibles o de difícil reparación”.
En ese contexto, denunciaron que el cambio legal fue impulsado por lo que llaman “la puerta giratoria”: funcionarios que son a la vez empresarios forestales “que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios”.
Paradigmático es el caso del ministro de Producción, Hernán Halavacs. En la denuncia presentada se develó la relevante participación que tuvo el funcionario designado por el gobernador, Leandro Zdero, en la elaboración del nuevo mapa de OTBN, el cual beneficiará a los poderosos clientes de su consultora “Huila”, dedicada a tramitar permisos para desmontes. El actual ministro, vale recordar, tramitó en su rol como consultor privado el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021: una enormidad.
Según señalaron los Abogados Ambientalistas, la denuncia penal tiene como objetivo “que se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia”. En ese sentido, afirmaron que se trata de “una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción”.
Competencia
En su requerimiento, Sabadini justificó la competencia federal en esta causa al considerar que los hechos denunciados se enmarcan en un posible “daño ambiental interjurisdiccional” que contribuiría a las emanaciones de gases de efecto invernadero, generando responsabilidad estatal debido a los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático con repercusión en extinción de fauna reinante.
“El derecho a gozar de un ambiente sano y – en varias ocasiones – su irreversible daño, no admite jurisdicciones, propio de la vida en un mundo globalizado. Ello, obliga a un rol proactivo por parte de ustedes los magistrados, especialmente en procesos colectivos ambientales”, expresó.
El fiscal recordó en este sentido, que en el caso de Chaco, los denunciados habrían avanzado entre 2012 y 2016 con recategorizaciones a nivel predial, sumamente cuestionadas e, incluso, judicializadas por la Defensoría del Pueblo, con disposiciones de la Dirección de Bosques (a instancias de Miguel López en 2012, de Luciano Olivares, Emanuel Carrocino en 2015 y 2016) que posteriormente tuvieron que ser derogadas por Decreto Provincial por el nivel de escándalo suscitado, tratándose aproximadamente de 35.000 hectáreas en total.
Sin amedrentarse por la desprolijidad que aquello implicó, y que obligó al entonces gobernador Domingo Peppo a firmar un decreto para retrotraer disposiciones de una dirección cuatro escalones administrativos más abajo, el actual OTBN, retrotrae la categoría de conservación de aproximadamente 420.000 hectáreas, en una regresión ambiental prohibida por ley, cerca de 12 veces mayor a la anterior.
Esto se encuentra motivado en el fenomenal diferencial de precio que existe entre una hectárea en zona verde y una en amarilla, potenciada si la hectárea verde ya se encuentra desmontada. De hecho, fue uno de los denunciados en esta causa, Miguel López, quien reconoció que la hectárea con bosque cuesta 300 dólares pero desmontada su precio se va a 5 mil.
Criminal
El fiscal fue claro al considerar que todos los acusados están, de uno u otro medo, inmersos en lo que denominó como una “organización criminal”. “La operatoria criminal, conforme a cada uno de los hechos analizados precedentemente, comprende un entramado complejo que, a lo largo de un periodo más o menos prolongado de tiempo, habría cometido distintos delitos valiéndose de la estructura del Estado, utilizando los mecanismos legales en algunos casos, y fraguando mecanismos espurios, así como herramientas funcionales a sus fines, en otros”, señaló.
“A través de esto, se habrían beneficiado a empresas del sector forestal extractivista, mediante la asignación indiscriminada y parcial de permisos de ‘cambio de uso de suelo’ (desmonte), que habrían sido gestionados, en su gran mayoría, por Halavacs (…). Dichos permisos, habrían sido asignados por funcionarios cuya actitud complaciente con el sector privado, promovió la autorización de permisos de desmonte que adolecían de falta sustento legal y constitucional, los cuales habrían sido librados soslayado los mecanismos de verificación para su otorgamiento”, abundó.
Sostuvo además que se observa, a lo largo del tiempo, que los funcionarios a cargo del Ministerio de Producción (con sus cambios nombre), la Dirección de Bosques y la Subsecretaría de Desarrollo Forestal (también Subsecretaría de Recursos Naturales), habrían alternado entre estas funciones, observándose una continuidad en la política relativa al manejo de los bosques nativos.
Consideró en este sentido que las maniobras realizadas por la organización se extenderían, además, al financiamiento irregular de asociaciones que tendrían como fin la preservación de los recursos naturales, como la Asociación Comunitaria Meguesoxochi. Olivares fue el que habría decidido, en diciembre de 2022, mediante un acto funcionarial, que la totalidad de los proyectos involucrados destinados a comunidades indígenas -de alrededor de U$S100.000 cada uno- fueran a la Reserva Meguesoxochi, la cual estaría manejada por el diputado provincial, Juan José Bergia y el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar, donde se denunciaron explotaciones irracionales de masa boscosa, dejando afuera a todas las otras comunidades indígenas de la provincia.
La lupa sobre Olivares también está puesta respecto del dinero correspondiente al Fondo Fiduciario de Bosques Nativos. En este caso, las maniobras habrían consistido en otorgar a los fondos mencionados un destino distinto para el cual estaban previstos. Así, estos fondos, que deben destinarse a compensar a tenedores y propietarios de bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos prestan, habrían sido redireccionados, en el año 2022, a la Asociación de Productores Industriales y Forestales (APIF), presidida actualmente por Fabián Ulrich, en casi un 60%, correspondiendo, este porcentaje, a 110 millones de los 188 millones recibidos.
Las sumas antes indicadas, habrían sido asignadas a la asociación en cuestión, aún sin ostentar la propiedad o tenencia de bosques nativos, y sin ser conservacionistas que fomentan y promueven los servicios ambientales prestados por los bosques nativos. A consecuencia de ello, se habría dejado afuera a comunidades indígenas, campesinas y pequeños productores para favorecer a una asociación empresaria.
Por otra parte, la alternancia en la actividad pública y privada, es un común denominador de varios de los investigados en esta causa. Este es el caso del diputado Atlanto Honcheruk, quien, aun formando parte de la actividad forestal, ha impulsado y votado a favor de una ley de OTBN (4005-R) de carácter regresivo e inconstitucional. Ello, en beneficio no solo de su empresa forestal, sino también del sector empresarial extractivista.
“Con esto último, podríamos afirmar, se concluye un ciclo en el análisis desarrollado, el cual, desde un principio, habría tenido intervención de los miembros de la organización cuyas actividades se analiza; beneficiando intereses privados, valiéndose de influencias en el sector público”, afirmó Sabadini.
Remarcó en este sentido que no se puede soslayar que, actualmente, el Ministro de Producción Halavacs, tiene como asesor a Olivares, cuyos vínculos a lo largo del tiempo con actual ministro, han mutado. Ello, en tanto se investiga la posible influencia ejercida por Halavacs sobre Olivares, cuando el primero se desempeñaba como técnico autorizado, asesorando a empresas del sector productivo, mientras que Olivares se encontraba en la función pública, con competencia funcional sobre la regulación de las actividades realizadas por los representados por Halavacs.
“Como se intentará verificar en la presente investigación, será la actitud inescrupulosa de un puñado de funcionarios públicos, en desmedro de la normativa citada en materia de bosques nativos y medio ambiente, que con sus firmas posibilitaron autorizaciones de desmonte, así como gestiones para posibilitarlo; actuando como juez y parte en dichos actos. En los mentados actos, no se verificó el principio precautorio, que obliga a una previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público”, subrayó el fiscal.
Fuente: Chaco Día por Día y propia
Nota relacionada
El negocio del desmonte: ¿Quiénes son los sponsors del ministro de Producción del Chaco?
La Justicia Federal hizo lugar a una cautelar y suspendió por tres meses los desmontes en el Chaco
