El 2 de junio pasado, a cinco cuadras de la Casa de Gobierno, un grupo de asalto del Comando de Operaciones Especiales de la Policía del Chaco baleó en el pecho con postas de goma a un joven con esquizofrenia. Las municiones le rompieron el esternón y casi llegan al corazón. Tras ser intervenido quirúrgicamente, salvó su vida de milagro. Este caso se suma a los ocurridos con Diego Barreto y Leo Bravo, quienes no lograron sobrevivir. ¿Cuál es el rol de la Policía como primer agente de intervención ante crisis de Salud Mental? ¿Cuáles son los protocolos locales y por qué no se cumplen?
Lunes, 19 de agosto de 2024
Por Noelia Moreyra
Alberto volvió a su casa el 2 de junio sin sospechar el desenlace. Al llegar, su hijo Carlos* le pidió hablar. “¿Qué te parece si voy a comprar algo para comer y charlamos?”, respondió Alberto y salió a buscar comida.
Al regresar, vio a Carlos con esa mirada que había visto otras veces en él y un cuchillo en la mano. Alberto supo que las voces habían vuelto.
Intentó disuadirlo, pero fue difícil. Llamó al 911 del mismo modo en que lo había hecho a fines de enero cuando enviaron una ambulancia que logró darle la medicación a Carlos sin inconvenientes, según el protocolo.
Por esa situación vivida en enero, Alberto no llegó a comprender por qué luego del llamado a emergencias y en solo 15 minutos se desplegó en su casa un operativo de luces y sirenas que incluyeron a dos motoristas policiales, más de 20 policías, dos patrulleros, dos negociadores, una ayudante fiscal, dos ambulancias y un auto de sanidad policial.
Carlos se escondió en su habitación asustado, con miedo, volvieron las voces a su cabeza y no veía a su papá. Irrumpieron cuatro hombres con escudo antimotines, cascos, pechera antibalas, rodilleras, coderas, armas largas tipo itaca, armas cortas, tonfas y un ariete para romper una puerta que nunca tuvo llave. Cuando ingresaron, lanzaron gas lacrimógeno.
“El jefe del operativo -que no se identificó- me pidió que me retirara de mi casa, le dije que no porque hacía mucho frío. Hasta que me obligó a salir y ahí entraron estas cuatro personas disfrazadas de guerra que son los del COE”, relata Alberto a LITIGIO con la voz tenue, con la firmeza de quien mastica el dolor cada mañana desde ese día.
Ya desde el porche de su casa, Alberto escuchó un sonido de estruendo, no sabía lo que pasaba, empezó a desesperarse. “En ese momento me dijo el comisario inspector que no me preocupase, que era para asustarle nomás. ¿Le tiraron al pecho para asustarlo?”.
Carlos fue reducido y baleado con postas de goma, le dispararon a menos de 5 centímetros de su cuerpo. A esa distancia, su letalidad es similar a las de plomo. Herido y afectado por el efecto del gas, lo esposaron y alzaron hacia la ambulancia donde luego lo trasladaron al hospital. “¿Cómo van a apuntar cuatro personas sus armas largas dentro de una habitación?”, se estremece su papá mientras recuerda las palabras de su hijo. “Lo llevaron boca abajo para que yo no vea la herida, no les importó si se desangraba. ¿A usted le parece una tortura como esa?”, susurra mirando a lo lejos.
Todo el recorrido de su casa —a cinco cuadras de Casa de Gobierno— hasta el Perrando, Carlos estuvo inmovilizado con esposas en su espalda, mientras, la vida y la muerte jugaban una pulseada.
“Un mes después yo no podía respirar dentro de mi casa, las ropas quedaron impregnadas”, recuerda Alberto en referencia al olor asfixiante del gas pimienta. “Cuando salí esa noche hacia el hospital la oficial me dijo que ella se encargaba de cerrar mi casa, después me di cuenta que lo hizo porque sabía que el olor era intolerable”, cuenta.
El médico del hospital Perrando que lo atendió, le contó esa noche a Alberto que le sacó a su hijo “tres balines del pericardio”. Las balas “no letales” de la Policía le atravesaron el pecho. Alberto señala su costado izquierdo: “Las balas le rompieron el esternón, bajaron al diafragma y llegaron hasta el pericardio, la membrana que recubre al corazón”. Tras dos meses y siete intervenciones quirúrgicas después, asegura que su hijo está vivo de milagro, “porque ahí estuvo la mano de Dios”.
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Carlos tiene 40 años. En su adolescencia, le detectaron esquizofrenia paranoide, al igual que su mamá. Junto a su papá viven los tres en una casa, con espacio para cada uno. Casa a la que Carlos no quiere regresar después de aquel 2 de junio.
La esquizofrenia afecta a 1 de cada 300 personas en el mundo. Puede causar alucinaciones que son fácilmente controladas con la medicación, aunque es difícil la adherencia al tratamiento. Por eso es necesario el seguimiento de la red de contención y de profesionales.
La Salud Mental tiene marco jurídico en Argentina a través de la Ley 26.657 sancionada en 2010. “Lo más importante de la ley es que reconoce a la persona con problemáticas de Salud Mental como un sujeto de derechos que están reconocidos expresamente en el artículo 7”, explica a esta revista Carina Sforza, Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental del Chaco.
La Ley viene a cambiar el paradigma de la atención sanitaria con enfoque en el usuario como un sujeto de derechos y viene a romper varios estigmas como el de la criminalización y patologización; además de regular la internación.
“Antes de la Ley de Salud Mental y de la modificación del Código Civil y Comercial los jueces ordenaban las internaciones, entonces había personas que quizás no tenían ningún criterio terapéutico y permanecían años internadas hasta que el juez decidía darle el alta. Para internarlos, solo necesitaban la orden de un médico o psiquiatra” comenta Sforza.
Hoy es necesario que un equipo interdisciplinario se expida sobre las condiciones de internación, que además propone el abordaje comunitario, es decir la red de contención que tiene el usuario. El equipo debe asegurarse que la persona esté en buenas condiciones y que le sea asignado un abogado.
Las adicciones también deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de Salud Mental, los consumos problemáticos de drogas legales e ilegales. El psicólogo e investigador Daniel Russo afirma que, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, “la acción policial recae mayormente sobre personas alteradas por sustancias legales como el alcohol”. También indica que “la intervención policial con personas intoxicadas es un claro indicador de cómo entendemos como sociedad el uso de sustancias”.
En el Chaco, rige desde el 2021 un Protocolo de intervención en casos de consumos problemáticos y sufrimiento mental para fuerzas de seguridad y agentes de salud al que adhirieron el ministerio de Salud, el de Seguridad y la secretaría de Derechos Humanos.
Allí se explica en una serie de pasos cómo deben abordarse estos casos: hacer una valoración del riesgo de la persona con padecimiento mental; adoptar una postura tranquila pero firme al hablar con la persona en crisis; y buscar a alguien que pueda dar el contexto de lo que sucede. Sugiere que el equipo interviniente llame a la guardia de salud mental para asesorarse y que la estrategia esté basada en la contención verbal.
Ante una persona en actitud violenta, el protocolo dispone la restricción física como último recurso y, en caso de utilizarla, “se recomienda un número de cinco personas intervinientes, realizándose la sujeción de las cuatro extremidades y la cabeza de forma independiente a fin de reducir los riesgos de daño y evitar las tracciones de máxima violencia”.
“Lo que hay que tener en claro es que en estos casos el vecino o familiar llama al 911 pidiendo ayuda ante una situación que no puede controlar, no porque se esté cometiendo un delito. La intervención de las fuerzas de seguridad en estos casos debe ayudar a pensar cuál es el objetivo de esa intervención, porque muchas veces llaman los mismos familiares que después terminan con un nivel de angustia y culpa terrible cuando la situación termina peor”, expresa a LITIGIO Josefina Bittel, licenciada en psicología e integrante del Observatorio de Salud Mental.
“Lo que sucede en estas situaciones es que nadie le habla a la persona que está en crisis, nadie le pregunta qué le pasa y qué necesita porque presumen que no puede decirlo. Eso también viene heredado del paradigma tutelar, de creer que el loco, el enfermo mental es una persona incapaz y sin derechos”, sintetiza.
Laura Gómez es licenciada en trabajo social y especialista en consumos problemáticos. Trabaja en la Policía del Chaco y en el área de Salud Mental del hospital Perrando. Es parte de la guardia que suele ir al domicilio cuando hay una urgencia de Salud Mental.
Gómez relata una situación en la que tuvo que intervenir con un paciente con consumos problemáticos y en la que no estaban dadas las condiciones de seguridad para ellos. “El paciente estaba muy irritable y en ese momento ingresó el COE y lo contiene físicamente con toda su fuerza y ahí nosotros entramos a aplicar la medicación. Como estábamos nosotros ese día, el COE acompañó, aunque no siempre pasa. Actualmente nosotros tenemos otro vínculo con el COE, y con el equipo decidimos no ingresar al domicilio después de ese evento y que ingrese el COE que es el grupo operativo que está entrenado para eso”, remarca.
Desde 2021, se hicieron capacitaciones al personal de salud y fuerzas policiales, para saber cómo intervenir en estos casos. Especialistas afirman que cualquier persona puede hacerlo después de conocer el protocolo. La guardia de Salud Mental se ve en ocasiones desbordada por la falta de personal y no siempre pueden ir a territorio.
“Cuando tenés una urgencia, como por ejemplo un accidente y una persona se fractura no va un traumatólogo en la ambulancia. Te atiende un médico de urgencias y te trasladan al hospital más cercano. ¿Por qué creemos que la Salud Mental debe tener un trato distinto?”, se pregunta Josefina Bittel.
En el Chaco, varias de estas intervenciones terminaron con homicidios en custodia policial luego de que las personas con cuadros de Salud Mental fueran torturadas hasta morir.
Diego Emanuel Barreto tenía 25 años y un hijo de 4. El 13 de febrero de 2020 en Resistencia, policías lo redujeron, torturaron y asfixiaron hasta provocarle la muerte mientras él se encontraba en estado de excitación psicomotriz en plena calle y a la vista de todos.
“Estaba en una situación de desborde emocional, en ningún momento opuso resistencia ni era un peligro para terceras personas. La policía utilizó malas prácticas en las maniobras de aprehensión, lo lesionan y muere por asfixia mecánica”, detalla Roberto Sotelo, coordinador del área jurídica del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco.
Se conoce el caso como el del “George Floyd chaqueño”, por la maniobra que aplicaron en su cuello. La causa llegó a juicio por jurados. El 5 de julio pasado, el oficial ayudante, Gastón Iván Delfino, fue declarado culpable por el delito de homicidio culposo, una calificación legal utilizada generalmente en accidentes de tránsito. En tanto que el agente Esteban Campos y el subcomisario Armando Diego Barbona, fueron declarados no culpables. Delfino tenía denuncias previas por violencia de género.
Leo Bravo, de 37 años, ya había sido detenido anteriormente por consumos problemáticos. La calurosa siesta del 26 de febrero de 2022, fue perseguido por un grupo de policías mientras se dirigía a un quiosco en Charata. Al notar la persecución, buscó refugio en la casa de una vecina que solía recibirlo. A pesar de los intentos de la vecina por mediar, los policías lo obligaron a salir. Recordando las detenciones previas, Leo entró en crisis. Ocho policías, distribuidos en dos móviles, lo persiguieron y le apuntaron con un arma.
“Lo patean, lo reducen, lo esposan y presionan su pecho contra el capó del móvil policial que, a esa hora de la siesta, puede alcanzar los 150 grados, causándole las quemaduras que tenía en su cuerpo. Lo suben a la camioneta y, con maniobras de compresión, le provocan asfixia, llevándolo a la muerte por hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro”, detalla Roberto Sotelo.
Por este asesinato en custodia policial, llegan al banquillo de los acusados cuatro policías. El oficial subayudante Alexis Fleitas Noguera, el cabo Franco Sosa y el agente Carlos Díaz están acusados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. Asimismo, al primero también se lo acusa por falsedad ideológica. En tanto que Enzo Gómez está imputado como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte, que conlleva la misma pena que el delito del cual fue parte, es decir, perpetua. El juicio debía iniciar los primeros días de agosto de este año, pero se pospuso para mediados de octubre.
Según Sotelo, en los casos de brutalidad policial hay un problema en la falsificación de la prueba.“Los primeros momentos de una investigación están a cargo de la policía y esto les permite encuadrarlos en cierta lógica que les da la posibilidad de moverse en las zonas grises para lograr impunidad. Como sociedad tenemos que preguntarnos qué clase de policía queremos. La policía tiene que cuidarnos y trabajar en la prevención conforme estándares legales ¿cómo te va a cuidar un policía que cometió un delito?”, se pregunta. Sotelo resalta además que en el Código Procesal Penal del Chaco, el artículo 70 crea la Policía Judicial para realizar la investigación fiscal preparatoria, algo que nunca se llevó a la práctica.
En medio de la polémica aprobación de la utilización de las pistolas táser en el Chaco, a la que el Órgano de Revisión de Salud Mental se opuso (mediante oficio 1178 a la comisión de DDHH de la Legislatura) se abre un nuevo debate sobre las consecuencias del abuso de estas armas y qué pasará en casos de crisis de salud mental.
Darío Gómez, el presidente del Comité contra la Tortura aclara que “costó mucho tiempo que entiendan que nosotros no somos enemigos de la fuerza de seguridad. Somos un organismo de control que supervisa su accionar y que marca cuando ellos cometen acciones violatorias de los Derechos Humanos y en este caso de las personas privadas de libertad o en la vía pública como son estos casos”.
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Alberto extiende el celular mientras los ojos se le llenan de lágrimas. En la pantalla se ve una foto de un torso desnudo post cirugía con puntos que van desde el ombligo al corazón. Repite: “Mi hijo es un hombre de paz, siempre lo fue. Esa noche él quería defenderse de las voces, no de las personas”. Todos los días gasta 10 mil pesos en remis para llevar a Carlos a las curaciones, sin contar los gastos de medicamentos y médicos.
Dice que no tiene miedo, que respeta la institución y que no está en contra de la Policía si no de algunos de sus miembros. “Como el señor Jesús nos enseña, los he perdonado, a pesar de que ninguno de ellos vino a pedirme perdón”. Después de haber baleado a su hijo, la policía lo denunció por haber “atentado contra bienes del Estado”.
*Los nombres de la víctima y su padre modificados para su resguardo.
