Luego de que desde el gobierno provincial se la criticara por conceder prisión domiciliaria al dirigente social Carlos Barraza durante la feria, la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Resistencia presentó su dimisión ante el Superior Tribunal de Justicia para acogerse a los beneficios jubilatorios. Fue ante las versiones de un eventual pedido de juicio político en su contra, los que ya logró sortear en dos ocasiones. La larga serie de polémicas que atravesó a lo largo de su trayectoria judicial.
Martes, 30 de julio de 2024
La jueza de Garantías Nº 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, presentó ayer su renuncia ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco con el objetivo de acogerse a los beneficios de la jubilación de manera anticipada ya que en la provincia los magistrados pueden ejercer su función hasta los 70 años.
Pereyra fue nombrada el 16 de diciembre de 2010 al frente del Juzgado de Garantías Nº 1 de Resistencia y su renuncia al cargo, de ser aceptada por el Superior Tribunal de Justicia, se haría efectiva a partir del 5 de agosto próximo.
“Mi renuncia es porque accedo al beneficio de la jubilación, ordinaria y móvil. En realidad, es un trámite que lo empecé hace mucho, en 2019, y que en este momento ya estoy en condiciones de irme”, declaró Pereyra, en declaraciones a Canal 9.
“Tengo 37 años de trabajo en la justicia y uno ya cumple un ciclo, se agota, hay que dejar paso a la gente más joven”, explicó. En ese sentido, subrayó que “siempre fui independiente a la hora de trabajar, objetiva, siempre respeté la Constitución y las leyes, y mi propio criterio y mi conciencia”.
A pesar de que inició el trámite en el año 2019, la decisión se produce luego de la polémica que protagonizó durante la feria judicial cuando decidió conceder la prisión domiciliaria al dirigente social Carlos Barraza, lo que fue fuertemente criticado por el gobierno del Chaco y por el propio Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, y que, finalmente, fue anulada a los pocos días por su par del Juzgado de Garantías Nº 2, Héctor Sandoval. La medida judicial llegó a despertar fuertes versiones de un eventual pedido de juicio político en su contra, que en su caso sería el tercero, ya que logró superar dos procesos de esas características ante el Consejo de la Magistratura del Chaco.
Una jueza de intervenciones controversiales
Entre otras medidas polémicas recientes, Pereyra había hecho lugar al pedido de revinculación familiar entre los integrantes de la familia Sena, imputados por el homicidio de Cecilia Strzyzowski, la que también fue anulada posteriormente por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por no haber sido consultada con los fiscales de la causa.
Otro intervención resonante de la jueza Pereyra fue en noviembre de 2018 cuando anuló un pedido de detención de la justicia federal de Resistencia contra el entonces intendente de Juan José Castelli, Alberto Nievas, quién era investigado en una causa por presunto lavado de dinero de fondos nacionales. Por aquella resolución, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, la imputó y pidió su indagatoria por los presuntos delitos abuso de autoridad, prevaricato y encubrimiento agravado. En esa causa terminó siendo sobreseída por falta de mérito.
Pereyra también fue la magistrada que, en 2015, hizo lugar a la acción de amparo que declaró nula la irregular contratación de la empresa PIMP SA para la recolección de residuos no tradicionales (el servicio 0800) por un período de ocho años, realizada durante el último año de gestión de la intendenta de Resistencia, Aída Ayala. En aquel entonces, ya había denuncias de que esa empresa era regenteada por el abogado Alejandro Fischer, de fuerte vinculación política con la entonces intendenta y que un año antes había logrado el manejo de la recolección de residuos por el cual la justicia federal condenó a Ayala por fraude a la administración pública y a Fischer como partícipe necesario del fraude a la administración y por lavado de dinero.
Salvada de dos jurys
A lo largo de su trayectoria como jueza, Pereyra logró eludir dos pedidos de juicio político, uno en 2016 y en 2019. El primero de ellos fue impulsado por el Nuevo Banco del Chaco SA por haber liberado a los detenidos en la causa por estafa en la entidad bancaria. El caso fue rechazado por el voto de la mayoría de los consejeros, con la sola excepción de la representante del STJ, Iride Isabel Grillo.
El segundo proceso de jury contra la magistrada fue iniciado a raíz de la presentación del procurador general ante el STJ, elevando un informe de diez fiscales de investigación que expresaron su inquietud por resoluciones dictadas por la magistrada. En esa oportunidad, intervino como procurador general subrogante, el doctor Jorge Gómez, actual ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del Chaco, quién acusó a Pereyra por “actos reiterados de parcialidad manifiesta” y “reiteración de graves irregularidades en el procedimiento, como causales de mal desempeño en sus funciones”.
El caso también fue archivado por mayoría, con las disidencias de las consejeras por el STJ, Emilia Valle, por los magistrados de Resistencia, Alicia Cáceres, y por la entonces diputada opositora, Carmen Delgado.
En 2020, luego de eludir los dos jurys, Pereyra integró el Consejo de la Magistratura del Chaco en representación de los jueces y magistrados de la ciudad de Resistencia. Fue a pesar de que el Superior Tribunal de Justicia anulara el sorteo en el que resultó elegida por haberse omitido en el mismo la inclusión de otra magistrada. No obstante, la jueza judicializó el caso y logró mantenerse en el puesto de consejera, a pesar de los fallos en contra.
