En el marco de una hiperrecesión, con caída de la actividad económica, continuo aumento de precios y creciente desocupación, el gobernador, Leandro Zdero, autorizó la compra de postas de goma para reabastecer a la policía ante la posibilidad concreta de tener que reprimir la protesta social. El llamado a licitación incluye la adquisición de 42 mil cartuchos para escopetas calibre 12/70.
Martes, 23 de julio de 2024
El ajuste no se cierra sin represión, es el axioma repetido por quienes recuerdan la historia reciente del país. A juzgar por la millonaria inversión destinada a reabastecer a la policía con miles de municiones para sofocar la protesta social, se podría decir que el gobierno del Chaco también cree en esta máxima.
A través del decreto 1238/2024, fechado el 17 de julio pasado, el gobernador, Leandro Zdero, autorizó a la Dirección de Contrataciones Estratégicas, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a efectuar un llamado a licitación pública para la adquisición de 42 mil cartuchos para escopetas calibre 12/70 antitumulto.
Los mismos estarán destinados a las Unidades Policiales Especiales y Operativas del Chaco. El monto estimado de la operación es de $94.500.000. El decreto también lleva la firma del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich y de la Secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño.
¿Cómo están compuestos estos cartuchos? Las especificaciones señalan que las municiones solicitadas deberán estar compuestas con vaina semimetálica con culote de 16 milímetros de altura (aceptándose otras dimensiones) y cuerpo plástico, preferentemente con la leyenda impresa “Antitumulto”.
En cuanto a la cápsula iniciadora, la misma debe ser de tipo W209, no corrosiva, no oxidante. La pólvora tendrá que ser de simple base nitro celulosita tipo Z90 y la carga deberá estar compuesta por 16 o 24 postas esféricas de goma, con un diámetro mínimo de 7.8 milímetros. La presentación requerida es de cajas de veinticinco unidades.
El decreto indica además que por “razones de necesidad y urgencia”, resulta conveniente hacer uso de la excepción prevista en el último párrafo del Punto 5.2 del Régimen de Contrataciones vigente, incorporado a través del Decreto Nº 365/19, en cuanto a que las publicaciones de este llamado a licitación se efectúen con una anticipación de cinco días a la fecha de apertura.
Escalada represiva
Esta compra millonaria se da en el marco de una escalada represiva en la provincia que tuvo uno de sus puntos álgidos el 13 de junio pasado. En aquella jornada, se produjo una represión policial a la manifestación realizada en el microcentro de Resistencia contra la sanción de la Ley Bases. Por ese hecho, el Sindicato de Camioneros del Chaco denunció penalmente al gobernador Zdero; al jefe de Policía, Fernando Romero y al jefe del Departamento Infantería, Miguel Agued, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incitación a la violencia colectiva y desobediencia judicial.
Para el Comité Provincial contra la Tortura, que monitoreó esa manifestación, la Policía del Chaco incumplió la ley provincial que creó el protocolo para el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas “al obstaculizar el derecho a la protesta y a la circulación de manifestantes, utilizando gases, sin ambulancia o sistema de emergencia, sin interlocutor para el diálogo, con armas y abuso de fuerza”.
El desproporcionado operativo policial se desplegó a pesar de que un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco instó a la Jefatura de la Policía y al Ministerio de Seguridad a respetar la vigencia de la ley 2399-J.
De todos modos, pareciera que el gobernador y el jefe de Policía desconocen la normativa vigente ya que ambos, para justificar la virtual prohibición para manifestarse públicamente que rige en la provincia, repiten una y otra vez que en el Chaco existe una “ley antipiquetes” que se está aplicando, y mediante la cual nadie puede protestar sobre la cinta asfáltica a riesgo de ser reprimido.
Esta supuesta “ley antipiquetes” a la que se refieren Zdero y Romero, conocida también como “Procotolo Bullrich”, es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que ni siquiera es aplicable a las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco y que sólo alcanza a intervenciones de las fuerzas federales.
La normativa que sí es aplicable a las fuerzas del Chaco (la Ley 2399-J) establece que son objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerza de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes.
En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados. Además, se determina con claridad que el uso de la fuerza debe ser la última instancia y solo si hay peligro para la vida de las personas.
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