El ministro de Producción del Chaco, Hernán Halavacs, es uno de los mayores lobbystas del negocio agroforestal del Chaco. Además de estar detrás de la tramitación del 40% de los desmontes realizados en la provincia en los últimos 10 años, su participación fue clave en la confección del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, normativa que habilitó miles de hectáreas para el desmonte y que beneficiará a las empresas que fueron asesoradas por su consultora.
Lunes, 8 de julio de 2024
Hernán Halavacs quedó en el ojo de la tormenta luego de que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) lo denunciara ante la fiscalía Federal de Resistencia junto a otros exfuncionarios, diputados y empresarios por presuntamente formar parte de lo que la ONG denominó “la mafia del desmonte”, un aceitado mecanismo para habilitar negocios forestales en detrimento del ambiente.
En la denuncia presentada el miércoles pasado se develó la relevante participación que tuvo el funcionario designado por el gobernador, Leandro Zdero, en la elaboración del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco (OTBN), el cual beneficiará a los poderosos clientes de su consultora “Hiula”, dedicada a tramitar permisos para desmontes.
La presentación de la AAdAA se originó a partir, justamente, de la aprobación de la cuestionada ley del nuevo OTBN en la madrugada del 30 de abril pasado por parte de la Cámara de Diputados del Chaco. ¿Qué es el OTBN? Es el mapa a partir del cual se define qué se protege y qué se puede explotar del bosque chaqueño. Algunas áreas deben ser totalmente protegidas (Categoría I o roja) y otras pueden explotarse, pero con reserva y permisos (Categoría II o amarilla y Categoría III o verde). El espíritu de la norma, de acuerdo a la Ley Nacional 26.331, es establecer presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, su conservación, aprovechamiento sostenible y el pago por los servicios ambientales que brindan a la sociedad.
Según aseguran desde la organización de abogados, la normativa que se sancionó incumple estos objetivos. Es una norma regresiva porque en lugar de establecer una mayor protección para la fauna y la flora, permite la deforestación de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo, a medida del agronegocio y las tanineras que funcionan en la provincia.
La organización de abogados indicó que en el flamante OTBN se incluyeron datos falsos en la nueva categorización de los bosques nativos del Chaco, agregando zonas de bosques Categoría I (donde se prohíbe totalmente el desmonte) que no existen y quitando el estatus de Categoría II (amarilla), bajando a Categoría III (verde) extensas zonas que debían por mandato legal, y por condición de conservación, mantenerse dentro de la Categoría II.
La maniobra alcanzó a sumar como superficie roja a los Parques Nacionales cuando no correspondía su inclusión en el OTBN por no pertenecer la competencia de su fiscalización a la jurisdicción provincial. Aún así, los tres parques nacionales de la provincia fueron incluidos. ¿Para qué? Para dar una impresión de sumar mayor superficie protegida bajo categoría roja. Es decir, simular más protección del monte cuando en realidad era todo lo contrario.
En su actual cargo de Ministro de Producción, Halavacs tuvo un rol activo en el proceso de aprobación y asesoramiento de la modificación del OTBN, tal como lo acredita la versión taquigráfica de la cuestionada sesión.
“La luz que seguimos (para la sanción de esta normativa) fue el diputado (del Nepar, Juan José) Bergia, con respecto de este tema; porque, realmente, ha levantado la bandera hace mucho tiempo y esto está bueno decirlo”, sostuvo en aquella ocasión el diputado de Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini. Y añadió: “En este sentido, también muchos profesionales técnicos, con mucha experiencia, de la subsecretaría, en este caso, de la actual Subsecretaría del Ministerio de la Producción, y ni hablar del ministro, ingeniero Hernán Halavacs; del subsecretario, señor Jorge Frank; del doctor Luciano Olivares, de Mauro Tortarolo, que han trabajado muchísimo y fue el apoyo técnico que hemos tenido”.
Las áreas agregadas como zonas habilitadas para el desmonte beneficia a empresas y personas a las cuales el ministro de Zdero asesoraba como ingeniero agrónomo y para quienes gestionaba los permisos de desmonte, con el único fin de enriquecer patrimonialmente a privados, a costa de la depredación de los bosques nativos que tenía la obligación legal de protegerlos.
Hiula
Halavacs es el ingeniero agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. En su carácter de profesional fundador de la consultora “Hiula”, contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para recategorizar zonas protegidas, el ministro tramitó desde la función privada, entre los años 2014 y 2021, el 40% de todos los desmontes de ese período, lo que representa al menos a 38.0005 hectáreas de bosque perdido.
La consultora del ministro está estratégicamente ubicada en Pellegrini 264 de la ciudad de Sáenz Peña, a 50 metros de la Dirección de Bosques Provincial y al lado del INTA de Sáenz Peña. Durante el período que el ahora ministro actuó en la faz privada, el subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich era Luciano Olivares, quien otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte. Olivares acompaña ahora a Halavacs en la gestión pública como asesor.
Está claro que el ministro ostenta el cargo de la máxima autoridad ambiental de la provincial como fruto del poder de lobby de las corporaciones del agronegocio a las tenía (o tiene) como “clientes” de su consultora. Es difícil predecir el futuro, pero hay muchas probabilidades de que Halavacs, cuando vuelva al llano, seguirá asesorando a las mismas empresas. En definitiva, la “puerta giratoria”.
Los sponsors
Después de identificar a varios posibles involucrados en estas maniobras complejas, la AAdAA presentó diez casos de empresas y familias que cumplen con al menos dos de las siguientes tres condiciones: sus permisos de desmonte fueron gestionados por Halavacs en los últimos 10 años; tienen vínculos con el poder político, ejerciendo presión directa sobre las autoridades; y realizaron desmontes en sus campos en zonas liberadas para este propósito mediante la reforma, en las cuales la categoría de conservación fue degradada de amarillo a verde.
Vicentín: Halavacs trabajó para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, que equivalen a casi 5500 hectáreas en las que el técnico les realizó planes de desmonte. Al mismo tiempo, miembros de la familia Vicentín han sido denunciados públicamente en múltiples oportunidades por deforestar ilegalmente. Por ejemplo, Orlando Luis Vicentin, fue denunciado por Greenpeace por recategorizar en dos oportunidades 2076,87 hectáreas y 2481,00 hectáreas en el Departamento Brown en 2013. Tienen además otros desmontes en ese departamento, por ejemplo uno por 495 hectáreas en 2011.
Otro miembro de la familia, René Segundino Vicentín, empresario de Santa Fe, fue denunciado por Greenpeace por acaparar y recategorizar 99.912 hectáreas y 1.658 hectáreas en los departamentos Brown y Güemes en 2017, respectivamente, y en años anteriores.
Las Guindas SA: Las Guindas SA es una empresa agropecuaria de Rosario que obtuvo permiso de desmonte por 1331 hectáreas en el departamento Brown en 2018, realizado por el entonces técnico Halavacs. En paralelo, la empresa fue denunciada por el Centro Mandela, que dirigía el fallecido abogado, Rolando Núñez, por un desmonte ilegal de 1230 hectáreas en zona amarilla en 2018 en la “Estancia El Juramento”, que es un gran establecimiento colindante al Parque Nacional Copo, en Brown.
“El Juramento” tiene una superficie de cerca de 16.400 hectáreas, equivalente a casi toda la Ciudad de Buenos Aires. Las Guindas S.A. tiene actualmente un campo en la zona recategorizada regresivamente degradada por el nuevo OTBN. Es propiedad de la Familia Urquía, que incluye a Alberto Vicente Urquía, Adrián Alberto Urquía y Roberto Daniel Urquía, quienes a su vez dirigen el Grupo Aceitera General Deheza (AGD), una de las mayores empresas agroindustriales de Argentina y con fuertes vínculos con el poder político chaqueño y nacional, incluyendo a ex presidentes y el poder legislativo.
Algunos de los dueños anteriores de “El Juramento” fueron miembros de la Familia Vicentín, demostrando vínculos entre las dos familias. Las Guindas S.A. también fue denunciada por ejecutar al menos 700 ha de desmontes ilegales y expulsiones a familias en el paraje Las Carpas, Provincia de Santiago del Estero, en 2019.
Juan Antonio Aloi: El “Establecimiento Monterrey”, propiedad del empresario agropecuario de Buenos Aires, Juan Antonio Aloi, es vecino de la “Estancia El Juramento” de Las Guindas SA. Halavacs realizó permisos de desmontes en al menos dos oportunidades para Juan Aloi y su esposa, Marcela Silvia Bortolin, por 1000 hectáreas en el Departamento Brown en 2016. Aloi tiene campos en la zona recategorizada por el nuevo OTBN.
La zona, cercana al Parque Nacional Copo y degradada por el nuevo OTBN de Chaco, tiene intensa deforestación ilegal en los últimos años. En ese marco, Aloi fue denunciado por el Centro Mandela y por Greenpeace por deforestar al menos 1000 y 750 hectáreas entre 2018 y 2019 en el Establecimiento Monterrey, en el Departamento Brown. Monterrey es un gran establecimiento de 5.700 hectáreas.
Alejandro Hayes Coni: Alejandro Hayes Coni, empresario de Córdoba, y sus socios (Ricardo Shihon y la empresa Jerilderie SA), obtuvieron cinco permisos de desmontes realizados por Halavacs por alrededor de 2015 hectáreas entre los años 2017 y 2019. En paralelo, Coni obtuvo permisos de desmontes por 678 hectáreas en Brown en 2011 y 407 en el departamento Güemes en 2018. Coni también fue denunciado por recategorizar y desmontar alrededor de 2.500 hectáreas en el Departamento Brown en 2012, fue denunciado por el Centro Mandela por realizar un desmonte de 200 hectáreas en Brown en 2013 y recibió una tercera denuncia del Centro Mandela por recategorizar 406 hectáreas en Güemes en 2018. “Hayes Coni parece tener intensos vínculos con actores políticos y económicos de la Provincia”, indicó la asociación de abogados.
Familia Buratovich: El Grupo Buratovich Hnos. es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovich, que incluye a Eduardo Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich, José Antonio Buratovich y Ana Inés Buratovich, entre otros. Dado su gran peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños. Tiene denuncias por acaparamiento de tierras desde 2007, y está denunciada por realizar un desmonte ilegal de más de 1.000 hectáreas en el Departamento Güemes en 2017. Halavacs realizó al menos ocho permisos de desmontes para la familia Buratovich. Uno de ellos fue para José Antonio Buratovich, denunciado por recategorizar y deforestar 570 hectáreas en Güemes en 2017.
La familia Buratovich es propietaria o tiene participación en al menos otras nueve empresas del sector agropecuario con múltiples desmontes asociados. Entre ellas es propietaria de la empresa Conexa SA, investigada por fraude al Estado provincial por acaparamiento de tierras fiscales. Conexa SA realizó múltiples desmontes en Chaco desde 2011, incluyendo dos desmontes realizados por Halavacs por 63 hectáreas en el Departamento Maipú en 2017. Palo Mataco SA es otra empresa de la familia Buratovich, a la que Halavacs le realizó un permiso de desmonte por 123 hectáreas en el Departamento Güemes en 2017. Adedan SA es otra empresa de la familia Buratovich que deforestó 580 hectáreas en Güemes en 2017 gracias a un permiso de desmonte que realizó Halavacs.
MSU (Manuel Santos de Uribelarrea): MSU SA es oriunda de Santa Fe y una de las mayores empresas agropecuarias del país. Está vinculada con la influyente familia Duhau y han creado fondos de inversión internacional en tierras destinados a inversores institucionales y privados, entre ellos, uno de los principales fondos de pensión europeos.
Obtuvo permisos de desmonte por 2.025 hectáreas y 1.449 hectáreas en el Departamento Brown en 2011. MSU está denunciada por recategorizar 2.230 hectáreas en Brown en 2013. MSU SA tiene fuertes vínculos con el poder político, y entre otras cuestiones está denunciada por su participación en la llamada Causa Cuadernos. Sus campos se encuentran en la zona degradada por el nuevo OTBN.
TRIAD SA: TRIAD SA es una empresa agropecuaria con sede en Ciudad de Buenos Aires que obtuvo permisos de desmonte por 1.246 hectáreas y 1.411 hectáreas en el Departamento Brown en 2011 y 2016, respectivamente. La firma fue denunciada por Greenpeace por recategorizar 1411 hectáreas en Brown en 2013. En 2021, recibió otra denuncia por incendiar y deforestar 2.100 hectáreas, con el aval de la Dirección de Bosques de Chaco. Triad tiene dos campos en la zona degradada por el nuevo OTBN. Esta sociedad pertenece a un importante funcionario del gobierno de Javier Milei: se trata de Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central.
Cuenca del Salado SA: Cuenca del Salado SA es una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires que obtuvo permisos de desmonte por 427 hectáreas, 2.905 hectáreas, 2.452 hectáreas y 1.611 hectáreas, entre 2012 y 2017. La empresa también fue denunciada en múltiples oportunidades por deforestar al menos 2.600 hectáreas entre 2017 y 2018 en Brown. La empresa es propiedad del Grupo Andreoli, que tiene fuertes vínculos con el poder político nacional. Cuenca del Salado SA tiene cinco campos en la zona degradada (convertida en zona liberada) por el nuevo OTBN.
CIGRA SA: Compañía de Insumos y Granos (CIGRA SA) es una empresa de Córdoba de agronegocios dedicada a la comercialización de cereales, insumos agrícolas y a la producción agrícola. Tiene varios campos en la región, y una estancia en la zona cuya categoría de conservación fue degradada de amarillo a verde, la estancia La Fabiana, de alrededor de 5.000 hectáreas.
La Nueva Pirámide SA: Ana Victoria Hupaluk es una empresaria forestal de Los Frentones dedicada a la extracción de madera y compraventa de tierras en el Departamento Brown. Es socia de La Nueva Pirámide SA, empresa que es dueña de la Estancia La Nueva Pirámide y comparte socios con Indunor SA, una de las dos principales tanineras del Chaco que extraen quebrachos de los departamentos Brown y Güemes. Al igual que la Estancia La Fabiana y otras, la estancia La Nueva Pirámide se formó a partir de entregas de tierra de manera presuntamente irregular por parte del Instituto de Colonización de Chaco y sucesivas compraventas favorecidas por agentes inmobiliarios locales como Ana Victoria Hupaluk.
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