“Si tomásemos como punto de partida que el derecho es un resultante social, no debiera sorprendernos la administración de justicia en los casos “Cecilia”, “Loan” y “Barreto”. Lo que no niega, desde luego, las responsabilidades institucionales latentes”, sostiene el abogado y docente de posgrado, Paulo Pereyra, en esta columna de opinión para LITIGIO, acerca de las recientes novedades judiciales en el Chaco y la región.
Sábado, 6 de julio de 2024
Por Paulo Pereyra (*)
Si tomásemos como punto de partida que el derecho es un resultante social, no debiera sorprendernos la administración de justicia en los casos “Cecilia”, “Loan” y “Barreto”. Lo que no niega, desde luego, las responsabilidades institucionales latentes.
Puede que la indignación reactiva a los entramados de las relaciones de poder que se manifiestan en la administración de justicia, sea genuina. De hecho, reformulando la opinión: son tan genuinas como carentes de conciencia colectiva.
Conjeturar que el derecho desplegado en estos casos, que provocan una reacción social, será “mejor” por alguna eventualidad extraña al mismo cuerpo social -que, no pocas veces, genera las condiciones para que justamente, los acontecimientos sucedan del modo que posteriormente generan el rechazo discursivo- es, cuanto menos, estrambótica. La reclamación de la baja de la edad de punibilidad para responsabilizar penalmente a niños/as y adolescentes, por caso.
Las “malas” decisiones judiciales (tal premisa implica necesariamente, en el Chaco, la participación y deliberación de una fracción de la ciudadanía por medio del jurado): desde investigaciones sin hipótesis adecuadas y racionales hasta la injerencia en roles públicos ajenos a los diagramados por la Constitución Nacional, transitando por supuestos de notoria impunidad, son parte integrante de este planeta, de este continente, de este país, y del NEA.
Ese “producto” es, lo que como sociedad supimos conseguir. Ese derecho y su representación por medio de la administración de justicia es (sin olvidar claro, a la Administración y a las Legislaturas), precisamente, sin escapatorias responsabilidad de todas y todos. Queda en esta última porción, el resorte, para “mejorar” nuestro derecho y justicia.
(*) Abogado, docente universitario de grado y posgrado, autor de numerosas publicaciones relacionadas con el sistema penal; ex querellante en causas de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos.
