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“Nuestro país y provincia sostuvieron estas últimas décadas una tradición de promoción en materia de derechos humanos. Esa tradición está siendo implotada y, con ella, se demuele la dignidad que supimos conseguir”, afirma el abogado y docente de posgrado, Paulo Pereyra, en esta columna de opinión para LITIGIO, a propósito del proyecto legislativo para la implementación de Pistolas Taser en el Chaco.

Miércoles, 26 de junio de 2024

Por Paulo Pereyra*

Nuestro país y provincia sostuvieron estas últimas décadas una tradición de promoción en materia de derechos humanos. Esa tradición está siendo implotada y, con ella, se demuele la dignidad que supimos conseguir.

A esa tradición, para estas breves notas, se le oponen las razzias y las “Pistolas Taser”, por medio de una mediatización huérfana de racionalidad, o con una racionalidad adherente a los postulados gubernamentales. Postulados efímeros, pero no por eso menos dañinos a la civilidad.

En estos meses, cuanto menos hay dos muestras -además de progresión represiva concomitante de la demolición del Estado.

Para los primeros días del mes de mayo la razzia fue descongelada, y jóvenes de la localidad de Quitilipi fueron arbitrariamente privados de su libertad. Si, sin motivaciones atendibles en un Estado que se mece por los vientos del autoritarismo.

No alcanzó para el anecdotario de vergüenzas provinciales que, en el año 1990, en el Chaco, el artesano Juan Ángel Greco, de 24 años de edad, fuera detenido ilegalmente y maltratado cuando trataba de obtener asistencia policial al pretender realizar una denuncia (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso N° 11.804, Argentina, ficha de seguimiento del informe de Solución Amistosa Nº 91/03, 2023).

No bastó porque a menudo las tradiciones, merecen ser cautivadas. Y esa reclamación de cuidado a las autoridades que les cabe promocionar la materialización de los derechos humanos, no solo que les tiene sin cuidado si no que, pretenden retrotraernos a aquello que evidentemente nunca dejó de estar latente: la discriminación radical sobre los excluidos.

Adiciónesele en ese contexto que, en estos días tomó notoriedad un proyecto de ley en trámite en la Legislatura chaqueña, que aspira con imponer -como instrumento torturogénico en tanto cumplimiento del deber policial-: los dispositivos de Incapacitación neuromuscular que produzcan incapacitación temporal (las “Pistolas Taser”).

Estos dispositivos, eufemismo mediante, cuentan con el rechazo del arco de organismos de derechos humanos a nivel local e internacional (aquellos que se precien de serios, claro). Precisamente, por confluir en que la utilización de estos “dispositivos”, representa un incremento del riesgo vital (de las personas que padecerán sus consecuencias) en la actuación de las fuerzas de seguridad.

Para este punto, valen nada, las intentonas que le asignan a estas armas menor letalidad. Pues, la “letalidad” no debe orientar el cumplimiento de labores preventivas de la seguridad pública. Además, valen nada, máxime para nuestra historia (en cualquier presente), donde la graduación de la “letalidad” no debe jugar ninguna partida del juego democrático.

Tampoco es nuevo, decir que comulgamos en una sociedad represiva, que pasó de ser “disciplinaria” a disciplinada; lo que si resulta novedoso, es que mientras ello acontece, la negación del otro sea normalizada.

Esto último, también mostró, que en nuestro tenso circuito colectivo, aún se anhele la demolición de nuestras estructuras fundantes, las mismas pervivieron y pervivirán.

 

*Abogado, docente universitario de grado y posgrado, autor de numerosas publicaciones relacionadas con el sistema penal; ex querellante en causas de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos.

 


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