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Hace más de un mes, el abogado de Roberto Espinoza, periodista despedido por el gobierno de Leandro Zdero del canal Somos Uno, impulsó una acción de amparo para que se anule el despido y también solicitó que se dicte una medida cautelar y se le devuelva su puesto de trabajo. Hasta ahora, el Superior Tribunal de Justicia no se expidió al respecto. 

Miércoles, 26 de junio de 2024

Por Brian Pellegrini 

A más de un mes de la presentación judicial contra el despido del periodista Roberto Espinoza del canal público Somos Uno por parte del gobierno de Leandro Zdero, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco aún no se expidió si hace lugar a la medida cautelar que solicitó que se lo reubique en su puesto de trabajo. El planteo es hasta tanto se resuelva la acción de amparo en la que se pretende que se declare la nulidad del despido por haberse dado en el marco de una persecución política contra el periodista.

Según pudo saber LITIGIO, la empresa que gestiona los medios públicos provinciales, ECOM Chaco SA, negó que el despido de Espinoza se haya debido a su perfil periodístico crítico y aportó el listado de otros trabajadores y trabajadoras despedidos por la actual gestión como para demostrar que su despido fue sólo fue uno más de tantos. Sin embargo, quienes integran ese listado nunca estuvieron frente a la pantalla y en su mayoría no contaban con antigüedad en el canal, como sí lo hace Espinoza.

También la empresa mencionó como ejemplo de no persecución los supuestos “acuerdos” arribados con otros dos importantes periodistas que se desempeñaron desde la creación del ex Chaco TV que fueron indemnizados a cambio de irse en silencio del canal público.

Pero el “caso Espinoza” es solo la punta del iceberg del manejo discrecional y partidista que se realiza tanto de los medios públicos como de la distribución de la millonaria pauta publicitaria oficial por parte del secretario de Asuntos Estratégicos de Leandro Zdero, Marcos Resico, quién busca disciplinar las líneas editoriales de los medios chaqueños mediante el reparto absolutamente arbitrario de la pauta pública, que ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias quiso regular por ley, tal como lo vienen reclamando desde hace más de diez años el Sindicato de Prensa del Chaco y la Coalición por una Comunicación Democrática.

A partir de este caso particular, el Superior Tribunal de Justicia tiene una gran oportunidad de defender la vigencia de la libertad de expresión, el derecho social a la información y la pluralidad democrática poniendo una barrera a la actual avanzada contra las voces periodísticas críticas e independientes del poder político de turno en el Chaco.

 


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