Compartir

Este lunes, la revista fundada y dirigida por Brian Pellegrini y Bruno Martínez, cumple tres años de vida. Un repaso por la breve historia del medio y un racconto de las dificultades actuales en un contexto en donde el periodismo libre está en peligro, fundamentalmente por gobiernos que no toleran la crítica.

Domingo, 23 de junio de 2024

Foto: Jorge Tello / Es Chaco

Revista LITIGIO cumple 3 años. Planificada en medio de la cuarentena por el COVID-19, fue fundada el 24 de junio de 2021 por dos periodistas que tenían la necesidad de profundizar sobre una cuestión que atravesaba constantemente la agenda pública pero que se informaba de manera muy pobre: la información judicial.

En ese entonces, el modelo del “ciudadano-periodista indignado” que presentaban nuevos medios de comunicación, la mayoría unipersonales, se proliferaba en las redes sociales y funcionaban como combustible para lo peor del pensamiento reaccionario. Era algo incipiente, propio del contexto, pero era un anuncio de lo que se venía. Somos en gran medida una respuesta ante ese caldo punitivista que se estaba cocinando, un proyecto para disputar no sólo los temas que se debatían sino también el enfoque que se daba a esos temas, apuntando siempre hacia una perspectiva de derechos humanos.

En el corto camino recorrido, hemos logrado posicionarnos como el primer y único medio del Chaco que produce contendidos periodísticos sobre el mundo judicial, logrando reconocimiento y prestigio, algo que para nosotros es un valor intangible. Seguimos convencidos de que lo que pasa en la “Justicia” debe ser conocido por la ciudadanía, porque el Poder Judicial, el menos democrático de todos, también debe rendir cuentas de sus actos.

¿Qué cambió desde aquel 2021? ¿Dónde estamos parados? En principio, todo el arco político se corrió hacia la derecha. La llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación es ejemplo de ello. Ajuste, hiperrecesión, caída de todos los índices de la economía, pulverización del poder de compra de los trabajadores, miseria planificada e intentos ingentes de recortar derechos sociales y laborales conquistados, son algunas de las características de una gestión nacional que tiene la misión de entregar al país a los grandes capitales trasnacionales y sumergir al resto de la población a la ley de la selva.

El capítulo referido a la libertad de expresión no es mucho mejor. El 6 de junio pasado, en el Día del Periodista, más de 2000 trabajadores y trabajadoras de prensa firmaron una solicitada por la “grave afectación de la libertad de expresión” durante el gobierno de Milei.

En un documento leído en la sede de la Agencia Télam, que se encuentra cerrada con vallas, con su sitio web suspendido y con sus trabajadores “dispensados”, los firmantes dejaron en claro que el país asiste a uno de los peores momentos para el ejercicio de la libertad de expresión de los últimos 40 años de vida democrática.

Señalaron que la relación del gobierno nacional con el periodismo y los medios de comunicación se destacó por incesantes agravios y ataques a periodistas de parte del presidente, una violenta represión en coberturas de noticias, restricción a trabajadores y trabajadoras de prensa en el acceso a eventos de interés público –como en la asunción presidencial sin reporteros gráficos o jura de ministros sin acreditados–, ahogo a los medios privados comerciales y sin fines de lucro a partir de la eliminación de la pauta oficial y la parálisis del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual).

A esto se suma una política declarada de destrucción de los medios públicos, el intento de cierre de Télam como caso paradigmático y la baja de los sitios web y redes de Radio Nacional, TV Pública y Contenidos Públicos S.E. y en particular un ataque a su rol federal, a las emisoras de la radio pública y las corresponsalías de la agencia. También se produjeron ataques cibernéticos paraestatales coordinados a comunicadores.

La provincia de Zdero

Por su parte, la política comunicacional del gobernador, Leandro Zdero, se basó en la doctrina de palos y zanahorias. La utilización de la pauta publicitaria para premiar a la prensa adicta y castigar a los medios con una mirada crítica es más vieja que la vida, pero en su gobierno se la reflotó con fuerza. Con la novedad de que ahora también se incluyen a las plataformas multinacionales (Google, YouTube, Facebook e Instagram, mayormente), donde el gobierno decidió inyectar una parva enorme de dinero que, obviamente, no se queda en la economía local.

El encargado de ejecutar este modelo que apunta al pensamiento único es el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico. Exdirigente de Franja Morada, excoordinador del Censo Programa Familia y excoordinador de UNNE Salud, Resico tiene como antecedente laboral más cercano en el campo de la comunicación haber dirigido la imprenta de la Universidad Nacional del Nordeste.

El plan de ahogo económico hacia los medios que no consideran al gobierno provincial como la octava maravilla es grotesco por lo obvio. Al contrario de lo que ocurre con la gran mayoría de empresas periodísticas de la provincia (grandes, medianas, pequeñas y pequeñísimas), LITIGIO y un puñado de colegas más no recibieron un solo peso en concepto de pauta oficial gubernamental desde el inicio de la gestión. No hubo explicaciones. Casualmente, los relegados coinciden en que fueron muy críticos con Zdero durante la última campaña electoral y, en algunos casos, como lo es este medio, lo continúan siendo.

Además, en cuanto a LITIGIO, de las dos firmas que tienen participación mayoritaria estatal, sólo una resiste como anunciante. Tras dos años de pautar de manera ininterrumpida, la última que se bajó envió un mail el mes pasado explicando que iba a dejar “sin efecto la contratación” por una “cuestión administrativa”.

La inexistencia de una normativa provincial que regule la distribución equitativa de la publicidad oficial provoca un agujero negro en donde no existen parámetros para justificar su otorgamiento o su quita. La discrecionalidad es total.

De todos modos, está claro que la discrecionalidad no puede ser utilizada para castigar a un medio por su línea editorial. Y esto es algo que la doctrina internacional condena fuertemente. Como ya lo tiene dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su documento titulado “Principios sobre la regulación de la pauta oficial y la libertad de expresión”, la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial es uno de “los primeros mecanismos de censura indirecta”, una forma de restricción ilegítima de la libertad de expresión, ocultada bajo acciones aparentemente legítimas.

En su declaración de “Principios sobre la libertad de expresión”, la CIDH complementa esta postura al establecer que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

Perfil y Río Negro

No sólo la doctrina repudia la política de usar la pauta para premiar o castigar. De mantener esta situación, el gobierno de Zdero se expone a consecuencias legales severas de acuerdo a los antecedentes que existen en la historia judicial argentina reciente. El conflicto entre Editorial Perfil y el gobierno argentino y del diario de Río Negro con la provincia de Neuquén son casos emblemáticos.

Un breve resumen: a partir de 2004, Editorial Perfil comenzó a ser discriminada con el otorgamiento de la pauta publicitaria por parte del gobierno de Néstor Kirchner. Dos años más tarde, en mayo de 2006, la empresa que dirige Jorge Fontevechia presentó una acción de amparo para que se condenara al gobierno nacional a otorgarle publicidad oficial en las mismas condiciones que lo hacía a medios de importancia similar.

Tras varias instancias, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. En 2011, el Máximo Tribunal Nacional falló en favor de Perfil y afirmó que el Estado no había acreditado una causa justificada para la exclusión de publicidad oficial y ratificó que no puede asignar los recursos disponibles de manera arbitraria, sobre la base de criterios irrazonables.​

El voto mayoritario de la Corte Suprema también remitía a los argumentos que había dado en un caso análogo. En 2003, la provincia de Neuquén retiró la publicidad oficial que asignaba al diario “Río Negro” tras la publicación de un supuesto intento de soborno que vinculaba al exgobernador neuquino, Jorge Sobisch. El medio demandó a la provincia denunciando que se trataba de un acto arbitrario y discriminatorio.

La Corte condenó a la provincia de Neuquén a que las futuras publicidades no sean adjudicadas de modo discriminatorio y a que en un plazo de treinta días presente un plan de distribución de la publicidad oficial respetuoso de las reglas consagradas en el fallo en cuestión.

Para el Tribunal quedó acreditado que el Estado provincial contrató publicidad oficial con Editorial Río Negro SA y que, tras la difusión de la noticia por el presunto soborno, la interrumpió de manera intempestiva. Advirtió además que el Estado tiene libertad para asignar los recursos, “pero no puede hacerlo como un modo indirecto de limitar la libertad de expresión”.

Echado

Sin contar las severas restricciones que existe en la provincia para manifestarse en la vía pública, so pretexto de una supuesta “ley antipiquetes” que no tiene existencia en el plexo normativo provincial, se sumó un hecho llamativo en los medios públicos que pinta el panorama respecto del estado en que se encuentra la libertad de expresión a nivel local.

Roberto Espinoza, periodista que ejerce la profesión desde hace varios años en la provincia, y que en estos últimos tiempos era uno de los panelistas políticos de Chaco TV (hoy Somos Uno), fue echado sin justificación alguna por las autoridades de la televisora estatal.

Se le dijo que era debido a una política de austeridad que viene llevando adelante el gobierno. Sin embargo, si alguien se tomara el trabajo de repasar los comentarios del colega, se daría cuenta que el motivo real fue haber criticado en el pasado, y en duros términos, a la dirigencia radical chaqueña, más que nada por su complicidad y silencio (en el mejor de los casos) con la gestión de Mauricio Macri.

Espinoza no se quedó de brazos cruzados y presentó un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia para que ordene a ECOM Chaco (empresa de capitales mixtos que tienen a su cargo los medios públicos) su reincorporación.

En su descargo, la empresa se escudó en que se trata de una sociedad anónima, que por lo tanto se rige por la ley de contrato de trabajo y que su directorio actual, dirigido por Luis Verga, está conformado por “ciudadanos sin pasado político, todos provenientes de la actividad privada, totalmente huérfanos de identificación partidaria o ideológica”, con lo cual pretende negar que el despido de Espinoza se debió a razones políticas y que solo se basó en “criterios funcionales y empresariales de gestión”.

ECOM Chaco también negó que el periodista hubiera tenido posibilidad de entrevistar a Leandro Zdero durante tiempos de campaña e, incluso, que el entonces diputado provincial le haya contestado: “Roberto, yo te escucho y pareces un ministro de Capitanich”, algo que sí ocurrió, como atestigua el archivo de YouTube.

En el Día del Periodista, tras entregar un reconocimiento a la trayectoria de dueños de medios de comunicación y periodistas locales, Zdero sostuvo que su gobierno tiene “el compromiso de trabajar, respetando a cada uno de los medios de comunicación en una nueva etapa, que seguramente pueden tener cuestionamientos, aciertos, errores, pero lo cierto es que pretendemos caminar todos juntos”.

No dejó en claro para qué, con quien ni hacia dónde.


Compartir