Compartir

Se trata de cinco integrantes de la fuerza federal que realizaban las tareas operativas en la zona de Sáenz Peña y a quienes se acusa de formar parte de una organización criminal que simulaba la realización de operativos antidrogas en connivencia con los propios narcos, a quiénes nunca lograban detener. Fueron denunciados por uno de los oficiales que integraban ese escuadrón. El escándalo fue la punta del ovillo para dar con la supuesta connivencia del exconjuez federal Miguel Aranda, acusado por proteger a narcos de la zona. 

Sábado, 15 de junio de 2024
Uno de los operativos “antidrogas” armados por Gendarmería en el Chaco

El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzó este viernes a juzgar a cinco integrantes del Escuadrón Nº 1 de Gendarmería Nacional con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña a quiénes se acusa de conformar una asociación ilícita mediante la cual negociaban con bandas narco para simular operativos que publicitaban con el secuestro de cargamentos de estupefacientes pero en los que nunca lograban detener a ningún delincuente.

El caso salió a la luz por la denuncia de un oficial inferior de esa fuerza federal que delató a sus superiores y además aportó una grabación que fue una prueba fundamental para la acusación. Así, llegaron a la instancia de juicio los agentes Julio César Perdaza, Raúl Ernesto Schuerman, Enzo Gabriel Aguirre, Julián Matías Morinico y Brian Alejandro Corach. Se los acusa por los delitos de asociación ilícita, en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionarios público en concurso ideal con incumplimiento de la obligación de promover la represión.

Vale recordar que quién era sindicado como el jefe de la organización, a la postre el jefe del Escuadrón Nº 1 de Gendarmería Nacional en Sáenz Peña, Cristian Marangon, falleció el día en que se ordenó su detención.

La gravedad de la imputación 

Según la acusación, “los imputados formaron parte de una organización criminal en el seno del Escuadrón 1 en el que estaban asignados para el cumplimiento de su tarea; que, en lugar de desplegar las labores propias en la prevención y represión de delitos, deliberadamente, con malicia y desprecio por su función, se dedicaron a fraguar procedimientos de prevención mediante una clara connivencia con personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, que aún hoy operan en la zona”.

En una de las grabaciones aportadas por uno de los agentes se oye al imputado Scheurman reconocer que los procedimientos eran fraguados por los integrantes de la organización, que para ello colocaban en los sitios la droga que luego simulaban encontrar y que, fundamentalmente era él quien conseguía ese material estupefaciente.

En ese contexto, el requerimiento fiscal advierte que “a través de su accionar también se dedicaron a influenciar y a deformar la preparación de oficiales y suboficiales, con menos experiencia, que llegaban al Escuadrón; que eran destinados a funciones de prevención en reemplazo de quienes cuestionaban el proceder ilícito de los causantes”.

Además, el escrito acusatorio revela que “ha quedado demostrado que la dinámica desarrollada implicó que en oportunidades los funcionarios emitieran y suscribieran en primera persona la documentación relativa a los procedimientos simulados y, paralelamente, hubo supuestos en los que dirigían a otras patrullas hacia los lugares donde habían colocado o dejado el material estupefaciente para que otros funcionarios, ajenos a la operatoria ilícita, labraran la documentación pertinente”.

En una de las escuchas incriminatorias de esta causa aparece la voz del sargento primero José Noguera, quién era por aquel entonces chofer y custodio del exconjuez Aranda. Ambos fueron procesados en desprendimientos de esta causa, al igual que el ex jefe del Escuadrón Nº 1 de Gendarmería de Sáenz Peña, Cristian Marangon, además del comandante principal Alberto Farías, la cuñada del conjuez Aranda Clarisa Galissier, su pareja Rafael Martín y los también imputados en esta causa Scheurman y Aguirre.

Para este juicio, el TOF se encuentra integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Fabián Cardozo (del TOF de Misiones). En tanto, por la acusación intervienen el fiscal general, Federico Carniel; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias y el secretario del Ministerio Público Fiscal, Horacio Rodríguez.

Vale recordar que del desarrollo de esta investigación se advirtió el involucramiento del exconjuez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, quién había intervenido en las primeras etapas de esta investigación y llegó a dictar dos veces la falta de mérito para dos de los agentes que ahora están siendo juzgados a partir de una investigación del Ministerio Público Fiscal en colaboración con la PROCUNAR.

Este es uno de los casos más paradigmáticos que expone la connivencia de las bandas criminales organizadas con los funcionarios nacionales que deben combatirlos, tanto los que integran las fuerzas de seguridad como el propio Poder Judicial.

 

 


Compartir