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“Toda vez, que en la historia algún dictadorzuelo de época -y sus efímeros acólitos-, ha señalado como terroristas a aquellos integrantes de la comunidad que asoman sus voces disidentes, esa trayectoria maléfica se estrelló con las fuerzas de la resistencia y de los sentidos populares que se amplifican superlativamente”, sostiene el abogado y docente de posgrado, Paulo Pereyra en esta columna de opinión para LITIGIO.

Viernes, 14 de junio 2024

Por Paulo Pereyra*

Toda vez, que en la historia algún dictadorzuelo de época -y sus efímeros acólitos-, ha señalado como terroristas a aquellos integrantes de la comunidad que asoman sus voces disidentes, esa trayectoria maléfica se estrelló con las fuerzas de la resistencia y de los sentidos populares que se amplifican superlativamente.

En lo que queda de nuestro Estado-Nación (sería una provocación delirante hablar de Estado social y democrático de derecho), tanto en los hechos promovidos por el Poder Ejecutivo Nacional -y validados, sin tapujos, por una buena parte del Poder Judicial- cuyo resultante es algo más que un indeseable Estado de excepción (que supone la restricción de garantías constitucionales para el aseguramiento de la Constitución y del Estado en sí), instaurándose una revolución libertaria permanente que vence a las garantías mínimas y fundamentales para así encaminar su obscena destrucción de la Constitución y los reaseguros que la historia de las calamidades humanos nos legó.

En el Chaco, nuestra provincia (aunque cueste siquiera pensar en tan pomposa afirmación federalista), moran autoridades que no solo niegan la Ley N° 2399-J “[que] regula la intervención policial en manifestaciones, indicando que el uso de la fuerza debe ser la última instancia y solo si hay peligro para la vida de las personas” (insistió e insiste el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura); sino que, cuando el máximo Tribunal local les instó a que cumplan con la ley, estás autoridades en una degeneración de lo jurídico -en una especie de “interprétame otra vez”- donde vale más la espectacularidad de trasformar las calles y plaza en un suplicio posmoderno, que la ley y la Constitución, se rehusaron al derecho. Quedando, por caso, en anales que pocos otearan por vergüenza ajena.

El poder y el derecho; o mejor, la lucha por el derecho que no termina de asomarse por las ocluidas calles argentinas (y chaqueñas). El primero, el poder, como resultante de una cobarde tradición colonial, se manifiesta infligiendo dolor corporal a quienes se le opongan. Peor, intenta disciplinar a una comunidad que redefine y actualiza su posición vivencial: luchar por sobrevivir y que ello sea conocido.

El segundo, el discurso jurídico, en una escena -¡una más!- de traición al derecho. Este, el saber que siempre abrigó una cuota de esperanza como valladar del poder (y no al revés, como se visualiza en el océano de las comunicaciones instantáneas) emerge -o, se hunde- en un silencio siniestro por parte de “los conocedores del imperio de la ley”.

Este desprecio por la realidad tan imperante como dañina, evidencia una práctica legitimante (antes que legitimada) sobre aquel -este- poder aleccionador que perturba nuestro hábitat (poder, que atraviesa aún más que los postazos de goma, que los gases lacrimógenos, y que el “a la vereda por favor”). Nuestra esencia, en definitiva. Sobre ella y su protección, hay una negación estructural desde quienes debieran cultivarla.

“¿Y qué es la tortura, más allá de su geografía específica, sino la producción de un habitante sin hábitat? Es este el trasfondo (…) y que vienen a compartir tortura y tortura social, un trasfondo que orbita en torno a la negación del hábitat y que sin duda se plasma y proyecta de muy diversas formas; y esto, habría que añadir, anida en los engranajes de la modernidad, en su andamiaje político y epistémico, un «violento proceso de desposesión»”. Nos recuerda el sociólogo vasco Ignacio Mendiola Gonzalo en su obra “Habitar lo inhabitable. La práctica político-punitiva de la tortura” (Bellaterra, 2014).

Aquí estamos, ante un intento más de disciplinamiento nacional y provincial, que cuenta como ícono una república sumisa que invita hace 6 meses a sus habitantes, a que siquiera puedan simbolizar que ya no existen espacios seguros. Así, hemos maratónicamente pertrechado una sociedad de desposeídos; de desposeídos de un horizonte democrático y participativo en relación a nuestro presente y futuro. Peor, los contiguos devoradores del derecho, parecen no haber acusado recibo de nuestra memoria colectiva y su inmanente lucha.

*Abogado, docente universitario de grado y posgrado, autor de numerosas publicaciones relacionadas con el sistema penal; ex querellante en causas de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos.


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