El planteo fue presentando por el Parlamento de las Naciones Indígenas Qom, Wichí y Moqoit del Chaco ante el Superior Tribunal de Justicia provincial. Reclaman que no fueron consultados sobre la norma que fue aprobada por la Legislatura chaqueña en una polémica sesión durante la madrugada del 30 de abril pasado. La organización ambientalista Greenpeace también impulsó una medida similar pero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando que habilita desmontes ilegales en zonas protegidas.
Miércoles, 12 de junio de 2024
Por Brian Pellegrini
Un nuevo frente se le abre al gobierno de Leandro Zdero a partir de una presentación judicial que reclama que se declare la inconstitucionalidad de la ley que actualizó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en el Chaco y que fue aprobada por la Cámara de Diputados del Chaco en una polémica sesión durante la madrugada del 30 de abril pasado.
La presentación, a la que tuvo acceso LITIGIO.COM.AR, fue realizada por el Parlamento de las Naciones Indígenas Qom, Wichí y Moqoit del Chaco ante el Superior Tribunal de Justicia. El principal argumento contra la ley Nº 4005-R es que se avasallan los derechos garantizados constitucionalmente a los pueblos indígenas al no haber sido consultados sobre una decisión que impactará en parte de sus territorios ancestrales.
El escrito, que lleva las firmas de Gustavo Mendoza, coordinador general del Parlamento; Paulino Sánchez, coordinador adjunto; Feliciana Hernández, coordinadora Wichí y Pedro Mendoza, coordinador Moqoit, es patrocinado por la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz.
Precisa que “se incumplió expresamente en la mencionada ley el proceso participativo de consulta que resultaba obligatorio antes de su sanción, violando expresamente lo normado por el art. 37 de la Constitución de la provincia del Chaco, por el art. 75 inc. 17 de la CN y los arts. 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT”.
La presentación advierte, además que “se realizaron por parte del gobierno anterior algunos procedimientos irregulares que pretendieron hacerse pasar por consultas respecto del Decreto 2157/22, el texto del mismo difiere del que fuera sancionado por la ley en cuestión”.
Asimismo, recordaron que la norma también fue denunciada como “regresiva en materia ambiental” por parte de la organización Greenpeace que realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la aplicación de la ley en el Chaco en el marco de una causa contra los desmontes en distintas provincias del norte argentino.
Consulta en todas las fases
El Parlamento Indígena reclama que una vez declarada la inconstitucionalidad de la ley se garantice su derecho “de consulta y participación en todas las fases de planeación y desarrollo de la actualización del ordenamiento territorial de bosques de la provincia, en tanto la misma afecta territorios en los cuales se asientan comunidades indígenas, así como otros derechos esenciales para nuestra supervivencia como pueblos”.
En ese sentido, sostiene que “los procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos deberán realizarse desde las primeras etapas de la elaboración del proyecto, a fin de que los pueblos indígenas podamos verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”.
