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Para el Comité Provincial contra la Tortura, que monitoreó la movilización contra la ley de Bases en Resistencia, la Policía del Chaco volvió a incumplir la ley provincial que creó el protocolo para el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Lo más curioso: el jefe de Policía, Fernando Romero, hizo circular un comunicado en el que interpretó que un fallo del Superior Tribunal de Justicia le dio vía libre para la represión de la protesta social. 

Jueves, 13 de junio de 2024

La Policía del Chaco volvió a incumplir la ley provincial que estableció un protocolo para la intervención policial en manifestaciones públicas, la Nº 2399-J, “al obstaculizar el derecho a la protesta y a la circulación de manifestantes, utilizando gases, sin ambulancia o sistema de emergencia, sin interlocutor para el diálogo, con armas y abuso de fuerza”. Así lo consignó el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco que llevó adelante el monitoreo de la movilización con el objetivo de garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social.

El desproporcionado operativo policial se desplegó a pesar de que un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco instó a la Jefatura de la Policía, a cargo del comisario general Fernando Romero, y al Ministerio de Seguridad que conduce el ministro Hugo Matkovich a respetar la vigencia de la ley 2399-J

Según señalaron desde el Comité, “la policía incumplió el protocolo obstaculizando el derecho a la protesta y la circulación de los manifestantes, utilizando gases, sin ambulancia o sistema de emergencia, sin interlocutor para el diálogo, con armas y abuso de fuerza”.

En ese sentido, recordaron que “recientemente, fuimos parte de un fallo histórico del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en favor del derecho a la protesta. El 29 de mayo, el tribunal dictó una sentencia clave que garantiza el respeto al derecho humano a la protesta social, tras nuestra acción de hábeas corpus colectivo presentada luego de que la Policía del Chaco impidiera una movilización pacífica el 7 de mayo”.

“La Sentencia 167/24 insta a la Policía del Chaco y al Ministerio Seguridad del Chaco a cumplir con la Ley 2399-J”, concluyeron.

El insólito comunicado difundido por el Jefe de Policía tras la represión del miércoles 

La Acción de Habeas Corpus fue interpuesta por el Comité de Prevención Contra la Tortura en defensa de los manifestantes y agrupaciones sociales que en fecha 7 de mayo de 2024 se encontraban reclamando en la ruta 11 y calle 25 de mayo, desplazándose luego hasta la plaza central frente a la sede de Casa de Gobierno, donde continuaron con su reclamo produciendo desmanes, agresiones interrumpiendo el tránsito vehicular

El comité adujo que la Policía del Chaco impidió la libertad ambulatoria y el derecho de peticionar de los manifestantes.
Ante tal acusación infudada la Policia del Chaco y el Estado Provincial ejerció su derecho de defensa incorporando pruebas para demostrar el buen accionar Policial de conformidad a la normativa imperante.

En la resolución del caso el máximo Tribunal de la Justicia Provincial, luego de un análisis pormenorizado de las pruebas aportadas resolvió DECLARAR ABSTRACTO dicho habeas corpus, atento a no haberse acreditado restricción alguna a las libertades individuales por parte de la Policía del Chaco, como así tampoco violación a las normas constitucionales y de protección a los derechos humanos.

Diariamente la Policía realiza diferentes operativos con el afán de brindar el servicio de seguridad preventiva, ante la noticia de que se llevaran adelante posibles manifestaciones sociales, con la finalidad de evitar cortes de rutas y calles céntricas en el ámbito jurisdiccional de la ciudad, para proteger el derecho constitucional a circular libremente.

Ello no implica restringir o afectar el derecho a la protesta, sino que la misma se realice de forma pacifica y ordenada, garantizando al resto de la ciudadanía que no participa de estas protestas que pueda desarrollar sus actividades cotidianas, pudiendo asi circular libremente, sin que existan riesgos que pongan en peligro su persona y/o sus bienes. La sentencia que ahora dicta el STJ ratifica la legitimidad del actuar policial, puesto que resuelve declarar abstracto el caso, lo que significa que no ha encontrado lesión actual que merezca descalificación. De igual modo la recomendación que hace para el futuro respecto del cumplimiento de las normas de actuación policial sin precisar que en el caso declarado abstracto se hubiera incumplido alguna, es una confirmación de la reglamentación que condiciona la intervención policial y que ha sido enteramente respetada y acatada en la causa declarada abstracta.

ATTE. – Fernando Javier ROMERO – Comisario General – Jefe de Policía.

 

 


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