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Radiografía en profundidad de quienes están en la primera línea de atención de las violencias de género en la provincia del Chaco. El reclamo histórico de las trabajadoras contra la precarización, desde sus inicios en 2012. La sentencia internacional al Estado nacional y provincial que obliga a proteger a las mujeres y niñas para prevenir abusos y femicidios. El desafío de planificar políticas públicas para la mitad de la población que no estén atadas a los gobiernos de turno. ¿Quiénes cuidan a las que cuidan?

Martes, 11 de junio de 2024

Por Noelia Moreyra 

Es octubre de 2003. El sol cae dando paso a una sábana de estrellas en El Espinillo, una localidad de El Impenetrable chaqueño de no más de diez mil habitantes. La joven L.N.P., de 15 años, sale a pasear con su amiga como todas las tardes. Comparten el gusto por el heavy metal y el tereré, ambas son de la etnia Qom. Van a la plaza del pueblo. Mientras su amiga va a buscar el termo para “los tere”, L.N.P. escucha un chistido. Es Javier Palavecino, un vecino del pueblo que le grita que quiere hacer guarangadas con ella. Ella se niega. Javier está junto a Humberto Darío Rojas y Lucas Gonzalo Anriquez. Empieza a enojarse mientras empina la botella de cerveza y planea la emboscada: dos la sostendrán de brazos y piernas mientras Javier abusará sexualmente de ella.

Cuando logra escapar, L.N.P. corre a la comisaría donde la tienen parada por horas sin tomarle la denuncia. Del puesto sanitario la mandan a su casa. La abogada que le asignó el Estado no le informó de sus derechos básicos: no tuvo traductora en su lengua y durante el juicio se puso en duda su palabra además de exponer datos de su vida personal.

Cuando el caso llega a la Justicia, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña dicta la Sentencia Nº 95 el 31 de agosto de 2004 y absuelve a los acusados. Intervinieron el juez, Ricardo Domingo Gutiérrez, asistido por la secretaria, María Silvina Nasi, el Fiscal de Cámara, Carlos Chávez y el abogado defensor, Rodolfo Lineras.

La sentencia niega la violación y el tribunal atribuye las secuelas físicas que se habían impregnado en el cuerpo de la víctima al “ímpetu con que se intenta la penetración y a la juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica (sic) –que fue reconocida por el autor y constatada por el médico– que suele producir mayor desenfreno” . El fallo también descarta el testimonio de testigos que vieron lo ocurrido y cierra la causa, razón por la que no puede volver a ser juzgada.

Chaco, sancionada 

La comunidad Qom de El Espinillo se alzó en una sola voz para pedir Justicia. Hartos de que los cuerpos de las niñas y mujeres de su comunidad sean usados como objeto y territorio a colonizar, la Asociación Comunitaria Meguesoxochi decidió enviar emisarios. Dos jóvenes Qom recorrieron 80 kilómetros en bicicleta hasta el teléfono más cercano: la casa de Jorge Collet, en Castelli. Se comunicaron con la secretaría de Derechos Humanos de la Nación que puso en alerta a otras organizaciones. CLADEM (Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) e INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo )presentaron el “caso LNP” ante el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU por violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado provincial y nacional.

En 2008, la provincia del Chaco y el Estado argentino reconocen su responsabilidad internacional en la violación a los derechos humanos de la joven y, en su representación, a todas las comunidades indígenas de la provincia. Chaco otorga reparación a la joven y pide perdón público para llegar a un acuerdo amistoso ante los ojos de la ONU. Pero no quedó ahí, la sentencia internacional instaba a legislar para proteger a las comunidades, y en particular, a las niñas y mujeres.

A partir de este caso, se crea el registro de traductores indígenas dentro del Poder Judicial y se sanciona el “Protocolo Único de Examen por Delitos Contra la Integridad Sexual”, que incluye la capacitación a agentes de salud y del Poder Judicial en la intervención en estos casos, entre otras.

Las medidas que debían cumplir los Estados nacional y provincial incluían una serie de reparaciones a L.N.P.: que pueda volver a la escuela y desarrollar su vida en un pueblo que la había estigmatizado, revisar las leyes en materia de prevención de la violencia de género, elaboración de estadísticas y capacitación a funcionarios policiales y judiciales.

Asamblea del 8 de abril de 2024 afuera de la Línea 137.

En el inciso C. de recomendaciones que da el Comité Internacional, exige al Chaco la sanción de “leyes provinciales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres –con partidas presupuestarias adecuadas- que incluyan planes provinciales y medidas sociales (teléfonos de urgencia, refugios, mecanismos para mujeres rurales, campañas de prevención, etc.)”. En 2009, se aprueba la ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y en esa misma línea se enmarca la Ley Provincial 1917 -aprobada en 2011- que crea el Programa de Atención, Asesoramiento, Contención y Acompañamiento contra las Violencias de Género.

Una demanda de la sociedad

El caso tomó tanta relevancia internacional que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sugirió que se creara una línea de acompañamiento gratuito a las víctimas de violencia y que, en una segunda instancia, se trabaje con los victimarios para reducir los casos de violencia de género.

“El fundamento del inicio de la Línea 137 tiene que ver con una problemática como lo determinó el fallo internacional en el caso L.N.P. y en que Chaco sigue siendo una de las provincias con mayor índice de femicidios del país”, dice Sofía Benítez, primera coordinadora de la línea 137 en 2012.

Con nueve casos, Chaco es hasta el 31 de mayo de este año la tercera provincia con más femicidios, después de Santa Fe (12) y Buenos Aires (44), según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de la Casa del Encuentro.

Ruta de acción de la línea 137 en sus inicios. Fuente: Programa “Las Víctimas contra las Violencias”, Dra. Eva Giberti.

“Cuando se crea la secretaría de Derechos Humanos en el ministerio de Desarrollo Social, -en ese momento a cargo de Carlos Martínez- no fue con la intención de abordar esta temática pero la mayor demanda de la ciudadanía tenía que ver con las denuncias por violencia de género, incluso la policía nos pedía que nos encargásemos porque estaban desbordados con los casos y no sabían cómo actuar”, aclara Sofía Benítez. El paradigma estatal (del Poder Judicial y de la Policía) era encarcelar al violento unos días pero el problema no se cortaba: había que darle herramientas a la mujer para que pudiese salir del círculo de la violencia.

Mediante el Decreto 322, del 2012, la Provincia creó el programa “Chaco le dice No a las Violencias” que funcionaba en la Dirección de la Mujer, bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social. La creación implicaba la firma de un convenio entre Salud, Desarrollo Social, Gobierno, Justicia y Seguridad provinciales con el programa nacional “Las Víctimas contra las Violencias” a cargo de Eva Giberti, dentro del ministerio de Justicia de la Nación.

Chaco se convertiría en el primer distrito además de Capital Federal en implementar este programa. Uno de los obstáculos en ese momento era la falta de estadísticas oficiales en casos de violencia de género, ya que “este es un límite muy claro a la hora de establecer políticas públicas”, reza el fallo internacional contra el estado chaqueño.

Trabajadoras de la línea 137 se manifestan frente a casa de Gobierno. Año 2014. Pedían por la regularización del trabajo y reconocimiento de las horas extras y fuera del horario administrativo.

La Línea 137 funcionaba desde 2006 en Buenos Aires. El programa fue fruto del trabajo de Giberti y su equipo. Es una línea de atención gratuita, confidencial, que funciona las 24 horas para atender urgencias relacionadas a las violencias de género.

Se caracteriza por la empatía que brindan las mujeres que atienden el teléfono: no revictimizan a quien llama, no le preguntan qué tenía puesto y, por sobre todas las cosas, no culpan a la mujer de la situación de violencia. Son el enlace directo entre la persona del otro lado del teléfono y la policía. Si la situación es grave, una de ellas asiste al lugar para asegurarse que la fuerza de seguridad tome bien los datos de la denuncia y que el médico policial constate las lesiones para presentar el caso ante la Justicia.

El seguimiento continúa con las abogadas designadas a cada caso, que llevan las pruebas al Poder Judicial y, si la mujer lo requiere, es derivada al Centro de Atención de Víctimas de Violencia (CAVV) para atención psicológica. En los casos en los que la denunciante no tenga lugar donde vivir es enviada a alguno de los refugios locales, según disponibilidad.

“En el Chaco, cuando inició la línea, éramos más de 80 personas entre operadoras telefónicas, psicólogas, asistentes sociales y abogadas”, dice Sofía Benítez. “En ese momento, Desarrollo Social llama a concurso a personas que estaban de planta para hacer ese trabajo pero no tuvo éxito la convocatoria. Era difícil conseguir profesionales en psicología y por eso empezaron a ofrecer becas para ingresar a la Línea y así completamos el equipo”, añade. Algunas de las personas que ingresaron eran estudiantes y estaban en los últimos años de Psicología, Trabajo Social o Abogacía. Hoy son profesionales que deben repartir sus horas entre la atención en el ámbito privado y los horarios rotativos de la Línea 137.

Números que no hacen número

La Línea 137 funciona las 24 horas los siete días de la semana. Para que esto ocurra, las operarias -hoy son 20 profesionales- se reparten mes a mes las guardias. Cumplen 18 horas semanales. Tres días a la semana tienen guardias de seis horas y un fin de semana al mes de 12 horas. Los horarios se dividen de 00 a 6 de la mañana, de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 00. Esto incluye fines de semana largos, feriados, navidad y año nuevo. Son trabajadoras del Estado.

La beca de Desarrollo que perciben es la Más Inclusión que antes se denominaba Vulnerables. La cifra que cobran es de vulnerabilidad: 82 mil pesos el último mes de mayo. No cobran por título, ni horas extras, ni el ítem de insalubridad por el desgaste de salud mental que implica. Su trabajo es atender a mujeres o familiares de quienes están sufriendo violencia.

Desde 2012 escucharon  numerosas promesas sobre la estabilidad laboral. No se cumplió ninguna. A lo largo de estos años hubo dos procesos de pases a planta del personal. El impulsado por la gestión de Domingo Peppo en 2019 y el del 2023 de Jorge Capitanich. En este último, se abrió un concurso de antecedentes y los agentes rindieron un examen para definir una orden de mérito que actualmente está suspendido por el STJ. “Me saqué cien sobre cien”, dice  una de las abogadas de la Línea sobre el examen que rindió pero que no le dio estabilidad laboral.

Posteo en Facebook de una trabajadora de la línea. Fecha: 23 de mayo de 2019.

En 2020, la Línea 137 empezó a funcionar bajo la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, una cartera con rango ministerial que trasladó a las trabajadoras a la sede de la calle Mitre. Algunas decidieron quedarse en Desarrollo y esto hizo que el plantel sea hoy de 20 trabajadoras.

En plan de mejorar la situación económica, les ofrecieron un  contrato además de la beca. El contrato empezó en 8 mil pesos en 2021 y hoy es de 62 mil pesos, renovable cada tres meses. Las trabajadoras de la línea 137 cobran una beca de 82 mil pesos más 62 mil, lo que da un total de 144 mil pesos de bolsillo. Al bolsillo le tienen que descontar lo que pagan de su monotributo y obra social (que la beca no ofrece) una suma de $12.128,39. En abril, según el Índice Barrial de Precios que publica el ISEPCI, una familia chaqueña necesitó $652.378 pesos para no ser pobre. El salario Mínimo Vital y Móvil en nuestro país actualmente es de poco más de $234 mil.

Durante la pandemia, el servicio no sólo no paró sino que incrementó la demanda en al menos un cincuenta por ciento. Todas las trabajadoras consultadas coinciden en que el aislamiento social obligatorio generó récords de llamadas. También cuentan que hay circunstancias agravantes que suelen generar picos: las condiciones de vida de hacinamiento y pobreza, los días en los que se realizan torneos de fútbol como superclásicos o de la liga local y los de calor extremo. Las “celebraciones” que promueven el abuso de alcohol y sustancias se cuentan como detonantes de violencia, aunque la violencia de género no es un fenómeno unicausal sino complejo y social.

Las condiciones económicas de las mujeres que no tienen lugar dónde ir con sus hijos estira el ciclo de la violencia y lo vuelve espiral. Según datos del INDEC para el segundo semestre de 2023, en el Gran Resistencia había un 65,2 por ciento de personas bajo la línea de la pobreza y el 24,4 por ciento son indigentes.

Diciembre de 2023, plena transición de la gestión provincial. Ese mes coincidió para muchas trabajadoras de la Línea con la fecha de finalización de su contrato (que se venía renovando desde hace cuatro años). Solicitaron respuestas que llegaron recién en febrero, después de tres meses sin cobrar (y sin firmar renovación de contrato) y luego de una asamblea que realizaron en la vereda de la subsecretaría a la que invitaron a medios de comunicación.

“Después de la asamblea salieron los contratos hasta marzo. Para nosotras era una preocupación atroz porque empezaron los rumores de no renovación. El 2 de abril, la subsecretaria nos convoca y nos dice que iba a haber continuidad solo para algunas por una cuestión de reducción de personal y que el miércoles siguiente iba a estar el listado de quienes continuaban cobrando. Hicimos otra asamblea para esperar ese listado, la situación se puso más tensa cuando la coordinadora de la línea bajó a decirnos que si seguíamos con la medida iba a haber más despidos de los que estaban previstos. Llega una lista que recibimos con toda la angustia del mundo y descubrimos que en una columna había criterios de evaluación, de los que no fuimos informadas y tampoco sabíamos que íbamos a ser evaluadas. Nunca tuvimos una entrevista de trabajo o control de calidad de nuestro trabajo”, cuenta Natalia Rajoy, delegada de ATE en la Línea, que días después fue trasladada a otra área de Desarrollo Humano. Ese día, ocho trabajadoras se enteraron que su contrato no iba a ser renovado.

Ellas continúan trabajando solo con la beca “Más Inclusión” de $75. 500, en el mismo horario. María contó a LITIGIO que al estar afiliadas a ATE la continúan en estado de alerta y asamblea permanente por la situación laboral de esas compañeras. El 8 de abril realizaron una asamblea con acompañamiento del gremio en la vereda de donde funciona la Línea 137. El 7 de mayo, las trabajadoras de la línea acudieron a la comisión de Trabajo de la legislatura para exponer su situación laboral que se agravó con la crisis económica actual.

El 6 de enero, a menos de un mes de haber asumido como gobernador, Leandro Zdero, vetó la ley de la red victimo asistencial junto con otras leyes porque “carece de factibilidad presupuestaria”. Esta ley buscaba blindar las políticas de género de la gestión anterior, que las tuvo como bandera. La plataforma víctimo asistencial se implementó en pandemia,  para dar una respuesta a las mujeres que llamaban a la línea 137 y que necesitaban hacer denuncias pero no podían ir a la comisaría o a fiscalía, se cargaban los datos en un sistema online y esto permitía el acceso e inicio del expediente, enlace directo entre el Ejecutivo, la Policía y el Poder Judicial.

“En ese momento se crea además la guardia de géneros, que habilitaba un número de WhatsApp para que las mujeres se comuniquen, pero no lo manejábamos nosotras sino un equipo de la subsecretaría”, contó a este medio Beatriz, abogada que se reparte el día entre el trabajo en la línea y la atención privada en su oficina. La plataforma se creó por decreto 449 del 25 de marzo de 2020 y no fue ratificado por ley en los cuatro años siguientes. Hoy las trabajadoras de la línea atienden la 137 y el número de la guardia de géneros 362-4970852 que recibe denuncias de toda la provincia.

Posteo de una trabajadora el 2 de julio de 2014. Pedían por la ley provincial que regule la línea para que “no dependa de la buena voluntad del funcionario de turno”.

Consultada por LITIGIO, la subsecretaria de géneros y diversidad, Sonia Valenzuela dijo que “la condición de precarización la tuvieron siempre, y espero poder decir al final de mi gestión, como una de mis metas, que quedaron efectivamente de planta y no sólo desde lo discursivo como se hizo en otros momentos, que las utilizaron”.

“A las personas que estaban con mayor capacidad o que Desarrollo Humano vio que tenían mayor capacidad las llevaron a otras áreas, pero el resto me aseguraron que se quedan”, dijo en relación a traslados del personal o la posibilidad de que vuelvan a Desarrollo. Además, confirmó que en la Línea 137  “estamos incorporando gente que ya tiene becas, que estaba cumpliendo otras funciones y a la que estamos capacitando y podría sumarse gente que es de planta, previamente con una capacitación intensiva”.

Valenzuela también se refirió al convenio que firmó con su homónima de la provincia de Córdoba, Claudia Martinez, para el dictado de la diplomatura en “Acompañamiento comunitario contra la violencia de género”, en modalidad online y presencial dictada por profesores de la UNNE.

Hoy la subsecretaría de Géneros y Diversidad sigue impulsando querellas en causas de Violencia de Género como en el femicidio de Johana Gonzalez y buscan trabajar una línea de acción con victimarios “yo digo siempre que un ser humano no nace violento, se hace por las circunstancias vividas o aprendidas”, remarcó Valenzuela y aclaró que “estamos buscando firmar convenios para que el poder judicial obligue a los violentos a tener un espacio de contención, no como se hacía hasta hace muy poquito que solo iban a tres sesiones de terapia”.

Sonia Valenzuela, subsecretaria de Géneros y Diversidad del Chaco.

El 29 de mayo, el gobernador, Leandro Zdero y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, lanzaron el programa Alerta Mujer: una aplicación que se puede descargar en celulares y que las mismas víctimas de violencia deben accionar y elegir ellas el nivel de peligrosidad de la situación que están atravesando. El dispositivo fue elaborado por la empresa TSSGroup de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Las autoridades contaron en la presentación que el enlace al activar la alarma será un llamado directo al 911, que depende de la policía y del ministerio de Seguridad, no a la línea 137 que maneja la subsecretaría de Géneros y Diversidad.

Cuentan las trabajadoras que quienes llaman a veces consultan por su pensión o jubilación, a veces quieren saber por qué se les cortó el plan Acompañar (que les otorgaba una ayuda económica para que puedan irse de la casa violenta y proteger a sus hijos) y que con el paso de los años, más allá de las campañas de difusión la línea 137 se hizo conocida por el boca en boca de quienes recibieron asistencia en una situación de violencia. “Me dijo mi tía que las llame porque ustedes la ayudaron a ella”, escucharon una vez del otro lado del teléfono.

 

 


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