Así lo dispuso el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini. La investigación comenzó con el hallazgo de 6 millones de pesos en efectivo en uno de los allanamientos realizados en la casa de los Sena. La fiscalía constó inconsistencias patrimoniales en la pareja y puso la lupa en la compra de múltiples vehículos, inmuebles y la realización de viajes al exterior.
Jueves, 6 de junio de 2024
Saúl Andrés Acuña falleció en 2006. Abogado de presos políticos durante la última dictadura en el Chaco, Acuña fue un personaje muy respetado por su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Tres años más tarde de su muerte, su hija, la dirigente social, Marcela Acuña, hoy presa por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, decidió crear una fundación y bautizarla con su nombre.
“La Fundación doctor Saúl Andrés Acuña (…) herramienta del Movimiento Socialista Unidos Emerenciano, ejerce un trabajo solidario y real, con gestión, y soluciones de fondo, sin perder su esencia: el socialismo. Y como todo, cuando logra llegar a los humildes, no es premiada ni tenida en cuenta, pero su poder no radica en el reconocimiento de los sectores medios, sino en los sectores pobres, que ya conocen el trabajo diario que se hace, y sobre todo que tienen la certeza de que se puede”, escribió Marcela Acuña al recordar a su padre en 2018. Seis años más tarde, dicha fundación quedó en la mira de la Justicia Federal.
El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó el martes un requerimiento de instrucción judicial ante el juez, Ricardo Mianovich, contra los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el presunto delito de lavado de activos. Constató inconsistencias patrimoniales en la pareja, inconsistencias en los balances de la Fundación Saúl Acuña y puso la lupa en la compra de múltiples vehículos, inmuebles y la realización de reiterados viajes al exterior. Solicitó secuestro de vehículos, la inhibición general de bienes y el embargo preventivo de inmuebles.
La investigación de Sabadini comenzó con el hallazgo de 6 millones de pesos en efectivo en el allanamiento realizado por el fiscal, Jorge Cáceres Olivera, el 9 de junio de 2023 en el domicilio familiar de los Sena, ubicado en Santa María de Oro 1460. El secuestro del dinero se dio en el marco de la investigación por el femicidio de la nuera de Marcela y Emerenciano, Cecilia Strzyzowski, crimen por el que actualmente se encuentran detenidos acusados de partícipes primarios.
En el requerimiento judicial, presentado este martes, el fiscal le atribuye a Sena y Acuña la puesta en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados.
Se pudo establecer que los encartados incorporaron a sus patrimonios numerosos bienes muebles registrables- vehículos- como así inmuebles, a nombre propio como así de la “Fundación Doctor Andrés Saul Acuña”, de la cual eran presidente y tesorera, simultáneamente.
Con un sueldo de director de escuela, Emerenciano Sena tenía a su nombre una nutrida cantidad de vehículos, a saber: Camioneta Toyota Hilux 4×4 SRV, de titularidad compartida con su esposa Marcela Acuña, vehículo que fue (comprado en 2015 y vendido en 2017); camioneta Ford pick up F.100 Diesel, de su exclusiva titularidad; camión Ford F350 (sin información del valor) de su exclusiva titularidad; una camioneta Toyota Hilux 4×4 (s/informe de concesionaria Derka y Vargas S.A.), de titularidad compartida con su esposa Marcela Acuña, (comprada en 2017 y vendida en 2019; acoplado (s/informe de AFIP- bienes registrables) de su exclusiva titularidad (comprado en 2019); una camioneta Toyota Hilux 4×4 de titularidad compartida con su esposa Marcela Acuña (vendida en 2023); una camioneta Toyota Hilux 4×4 cuya titularidad se encuentra compartida con su esposa (comprada en 2023).
En cuanto a los inmuebles, conforme surge de los informes del Registro de Propiedad Inmueble de Resistencia, Sena es titular de: dos lotes de 39 hectáreas y de 27 hectáreas, ubicadas en el departamento Libertad. Dichas tierras corresponden a lo que se conoce como campo Rossi, donde habría sido cremada Cecilia y sus restos descartados en el lecho del río contiguo.
Las mismas fueron otorgadas Sena desde el Instituto de Colonización del Chaco, inicialmente en el año 2004- en oportunidad de su solicitud junto a 30 familias agrupadas en la Cooperativa Agropecuaria De Consumo y Vivienda Limitada 17 De Julio, para un proyecto productivo (plantaciones). En el año 2006, Sena solicitó la adjudicación de las mismas -a título personal y no de la Cooperativa-, surgiendo el acta de ocupación y posteriormente en diciembre/2013 se le adjudican las mismas a título de venta, otorgándole el título de propiedad en marzo de 2015 para producción agrícola y ganadera.
Por su parte, Marcela Acuña, quien también cobraba un sueldo como empleada pública, además de los vehículos mencionados en cotitularidad con su esposo, habría adquirido en 2016, bajo exclusiva titularidad, una camioneta Toyota Hilux 4×2. En relación a los bienes inmuebles, Acuña posee un único inmueble Matricula 783-/9 (Catastro Circ. I, Secc B, Mz. 142, Pc 32, Dpto. San Fernando) que habría sido adquirido en el año 1996 junto con su padre Andrés Saúl Acuña, con titularidad compartida en un 50%, inmueble que se corresponde a la vivienda familiar de Santa María de Oro 1460.
Además, habría adquirido tres inmuebles más a través de boletos de compraventa, omitiendo su registración formal. Así, según copia de certificación de firma de Boleto de compraventa, en 2015 habría adquirido dos departamentos ubicados en el tercer piso de un edificio ubicado en calle Don Bosco 590 de Resistencia. También habría adquirido un inmueble ubicado en el Lote de una hectárea en Colonia Benítez. Dicho inmueble fue vendido en octubre de 2021.
También se constataron numerosos tránsitos migratorios que denotan la realización de viajes internacionales efectuados por el matrimonio Sena-Acuña a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia, lo que resulta indicativo de un despliegue de medios económicos de relevancia que no se condicen con el perfil fiscal y económico de los mismos.
Por otra parte, del análisis de la información recababa se logró establecer la existencia de una compleja maniobra materializada a través de la consignación de “gastos falsos” en los Estados Contables de la Fundación “Saúl Acuña”. La fiscalía entendió que la finalidad de esta maniobra era la de otorgar “visos de legalidad o blanqueo a millonarias sumas de dinero que habrían sido desviadas del erario público provincial en orden a la comisión de sistemáticos delitos de fraude a la administración pública que serían sus precedentes”.
De acuerdo a la investigación, la Fundación fue creada por Emerenciano Sena y Marcela Acuña el 10 de marzo de 2009. Sena ocupaba el cargo de presidente; Acuña, tesorera y Fabiana González, imputada por el encubrimiento del crimen de Ceciilia, fue ubicada en el rol de secretaria.
Exclusivo
La fundación estaba inscripta en la AFIP en las actividades de “servicios de asociaciones n.c.p.” , “venta al por menor de pan y productos de panadería” y “venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas fresca”. Era proveedora con carácter exclusivo del Estado provincial registrándose millonarias sumas de dinero abonadas por obras y servicios a diversas reparticiones, siendo las más representativas en orden a los montos de facturaciones emitidas, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) a quien facturó en el ejercicio 2022 la sumas de $35.125.194 y $15.368.385,19, respectivamente, en tanto que el ejercicio 2023 se registran facturaciones al IAFEP por la suma de $186.032.861.
La fiscalía indicó que, del análisis de los Estados Contables de la Fundación, que fueran aportados por la AFIP, se observó que en el período 2022 los gastos superaron el 230% en comparación con el ejercicio cerrado del año anterior (ajustado por inflación- a moneda homogénea), y de 450% sin la aplicación de dicho ajuste, ello en los conceptos: Gastos Personal Centro de Salud y Mano de Obra por convenio y materiales.
Dichos gastos, según el Ministerio Público Fiscal, “fueron abultados o inflados en los estados contables a efecto de introducir en la economía formal dinero de origen ilícito, que habría sido obtenido en orden a maniobras de fraude a las arcas del Estado Provincial”.
Los ingresos que percibiría la fundación para solventar estos gastos devendrían del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y IAFEP, y en tal sentido, de acuerdo a la información recibida de la Contaduría de la Provincia y facturaciones proporcionada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, al cierre del ejercicio 2022 la Fundación habría percibido $50.493.580, y al cierre de ejercicio 2021 habría percibido del Ministerio de Infraestructura $27.227.095. Quedando en manifiesto que en el ejercicio 2021 los gastos en valores nominales son inferiores a los ingresos facturados, ecuación que resulta normal/aceptable, no así lo que ocurre en el ejercicio 2022 donde los gastos superan ampliamente los ingresos facturados (más del doble: 139%).
Por otra parte, de las facturaciones de compras recepcionadas por la fundación, según registros de facturas aportadas por AFIP, se pudo constatar que en el ejercicio 2022 las facturas electrónicas totales percibidas ascienden aproximadamente a $23.544.362, que al adicionar tique facturas y otros gastos, dista ampliamente al valor expuesto como gastos en este rubro ($120.910.059), adicionando que de acuerdo al perfil fiscal proporcionado por AFIP la fundación no cuenta con empleados en relación de dependencia, ello resulta conteste con la información de dominio público que indica como patrón que la modalidad de construcción de viviendas sociales era a través de miembros de la comunidad pertenecientes al movimiento social de Emereciano Sena, donde cada familia trabajaba en la construcción de la vivienda que posteriormente seria suya, circunstancia relevante al momento de considerar supuestos costos de “mano de obra” a computar.
Además, en relación a la cuenta Gastos Personal del Centro de Salud, la misma hace referencia a los gastos afrontados para el pago del personal del centro de salud de la fundación, donde en el cierre de ejercicio económico 2022 se expusieron gastos por $38.402.017,50, gastos que en el ejercicio anterior -2021- a valor nominal figuraban por $6.650.755,31 y que al actualizarlo al 2022 (ajustando por inflación a efecto de comparar en moneda homogénea) quedaría en $10.906.080.26, por lo que a simple vista el incremento de los mismos de un año a otro fue del 477% (sin ajuste) y de 252% (ajustado).
De acuerdo al detalle de bienes registrables- automotores aportados por AFIP y Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, la fundación habría adquirido bajo su titularidad los siguientes vehículos: camión Mercedes Benz Atego, con fecha de fabricación 2023, adquirido ese mismo año; camión Mercedes Benz Sprinter 310 D/F3550 furgon, modelo 1998, adquirido en 2020; rastrojero Diesel C-66, modelo 1971, adquirido en 2015; Mercedez Benz L-1518 camión (modelo 1987) y una motocicleta Motomel B110 Motocicleta, año de fabricación 2011, adquirida ese año 2011.
A todo esto, se le suma que tras el femicidio de Cecilia, la Fundación fue intervenida por la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, ordenándose posteriormente su disolución y liquidación, considerando las graves irregularidades constatadas. Se advirtió en el periodo bajo análisis de inspección (desde el 01/07/2022 al 30/06/2023), un faltante de dinero de más de $62 millones, como así también la falta de aplicación de fondos otorgados por el IAFEP, como anticipo para la construcción de 40 soluciones habitacionales, de lo que puede inferirse la existencia de “presuntas conductas vinculadas a delitos de corrupción y fraudes a la administración pública provincial”.
“Las circunstancias expuestas, permiten inferir la sospecha de posible participación o vinculación de los imputados en la comisión sistemática de delitos de acción pública de larga data que habrían generado importantes ganancias ilícitas”, indicó el Ministerio Público Fiscal. “Al asiento y cómputo de ‘Gastos falsos’ en los balances contables de la Fundación de propiedad de los encartados por sumas millonarias, conforme fuera detallado supra, constituye una clara maniobra de blanqueo e introducción en la economía formal de sumas de origen espurio, a través de los movimientos patrimoniales de dicha persona jurídica”, añadió.
Además de solicitar que se cite a declaración indagatoria a Acuña y Sena, se pidió la inhibición general de bienes, el secuestro de vehículos y el embargo de propiedades. Por otra parte, se señaló que el magistrado deberá pedir la incompetencia parcial al considerar que de la evidencia probatoria recabada surgen la existencia de hechos compatibles con la posible comisión del delito de fraude a la administración pública provincial y/u otros de acción pública de jurisdicción del fuero ordinario.
Asimismo, se pidió remitir copia del dictamen al Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en tanto organismos de control externo del Estado Provincial, para la toma de conocimiento y a los efectos legales y procedimentales de estimen corresponder.
