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Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal al ratificar la condena a cinco años de prisión contra un productor chaqueño que explotó laboralmente a un hombre y a su hija durante casi diez años. Además, el tribunal hizo lugar a un planteo del Defensor de Víctimas y ordenó que se pague una reparación económica por cada una de las víctimas. 

Viernes, 31 de mayo de 2024

Por Brian Pellegrini 

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a cinco años de prisión contra un productor agropecuario chaqueño por la aberrante explotación a un peón rural y a su hija por casi diez años y además hizo lugar a un planteo para que se pague una reparación económica para cada una de las víctimas, en base a lo establecido por la ley 26.842 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.

La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada el martes 28 de mayo y lleva las firmas de los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, de la Sala IV del máximo tribunal penal de la Nación.

El tribunal rechazó el recurso de casación de la defensa y ratificó la condena a cinco años de prisión para el productor chaqueño Julio César Foschiatti al ser considerado culpable del delito de “trata con fines de explotación laboral calificado por la situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación de las víctimas”.

Como juez de primer voto, Borinsky advirtió que el fallo del Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado unipersonalmente por el juez Enrique Bosch, “está exento de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana critica, pues el plexo probatorio producido en el caso configura un cuadro cargoso contundente y suficiente para alcanzar el grado de certeza que exige un pronunciamiento de condena y, correlativamente, desvirtuar la presunción e inocencia de que goza todo imputado durante la sustanciación del proceso”.

“Sometimiento a condiciones de vida indignas”

En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que “Julio César Foschiatti ejerció sobre F.S. y R.O.S. una relación de dominio, de sometimiento a sus propias prioridades y necesidades en lo concerniente a la actividad de cría de animales (equinos, vacunos y algunos caprinos), cuya alimentación y cuidado impuso al ya referido F.S.”. En ese sentido, detalló que el período de explotación se extendió entre julio de 2012 y octubre de 2021 en tierras fiscales que el imputado había ocupado en la zona rural de La Leonesa y resaltó “el carácter precario de la posesión detentada por Foschiatti sobre las tierras fiscales donde habitaban las víctimas y la nula registración de trabajador en relación de dependencia ante el fisco”.

Sobre la figura de trata, Borinsky consideró que “se observa que en el caso las víctimas han sido coartadas en su capacidad de autodeterminación, que se materializó mediante el aprovechamiento y profundización de la situación de vulnerabilidad en la que aquellas ya se encontraban al momento de ser acogidas. En particular, a partir de su asilamiento en la finca (sin contacto con familiares o terceras personas), su desarraigo familiar (F.S. fue alejado del resto de sus hijos), el sometimiento a condiciones de vida indignas, la retención de sus documentos de identidad y su “ahogo” económico (retención de importantes montos de la jubilación de F.S. y nula remuneración por sus tareas), todo lo cual generó un ineludible lazo de dependencia para con el imputado”.

“En tales condiciones, F.S. y R.O.S. no podían liberarse por sus propios medios del sometimiento del que eran víctimas, siendo utilizadas por el imputado para la obtención de un beneficio personal, esto es, la toma de posesión ilegítima de terrenos fiscales y su explotación rural, todo ello en miras de la futura adquisición del dominio”, afirma el juez en sus fundamentos.

Reparar a cada una de las víctimas de trata

Por otro lado, los magistrados hicieron lugar a un planteo del Defensor Federal de Víctimas, Gustavo Vargas, para que el monto de la indemnización reparatoria sea reconocida a cada una de las víctimas por lo que anuló parte de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Resistencia que otorgó una única reparación económica que debía dividirse entre padre e hija.

En ese sentido, el juez Borinsky consideró que al decidir otorgar una única indemnización el tribunal “no brindó los debidos fundamentos que den sustento al método de reparto resuelto con relación al monto indemnizatorio”.

Al respecto, agregó que ese punto del fallo “carece del debido análisis del carácter individual del daño sufrido por cada una de las víctimas y en consecuencia, aquel no es susceptible de ser reputado en este punto como acto jurisdiccional válido”.

Por lo tanto, dispuso anular esa parte de la sentencia y reenviar el expediente para que se establezca la reparación económica para cada una de las víctimas, en base al salario del peón rural.

 


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