En el marco de la causa que investiga una megausina de facturas truchas, a través de la cual se evadió impuestos por montos millonarios y se justificó gastos irregulares en la administración pública provincial, la jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento de seis involucrados. Entre los procesados están los presuntos jefes de la banda: el contador, Walter Pasko y el asesor de cooperativas de trabajo, Adrián Ayala.
Jueves, 30 de mayo de 2024
Seis procesados y embargos que superan los 7 mil millones de pesos, son los puntos principales de la resolución que dictó este miércoles la jueza Federa 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, en la causa que investiga una megausina de facturas truchas, a través de la cual se evadió impuestos por montos millonarios y se justificó gastos irregulares en la administración pública provincial.
Quienes son considerados prima facie jefes de la organización, el contador, Walter Pasko y el asesor de más de 70 cooperativas, Adrián Ayala, fueron procesados por los delitos de asociación ilícita fiscal (en concurso real) y lavado de activos, en calidad de autores. Con el procesamiento, se mantuvo su prohibición de salir del país y la retención de sus pasaportes. Además, se les trabó embargos por 1.400 millones de pesos a cada uno.
Imputación similar tuvo la esposa de Ayala, la empresaria del rubro estética, María José Reinau. Se le trabó un embargo por idéntico monto y también se la procesó por lavado y asociación ilícita fiscal, en calidad de autora, aunque con la diferencia que ella aparece en calidad de “integrante” de la organización.
La esposa de Pasko, la abogada y extrabajadora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Diana Daniel; la madre de Pasko, Juana Brahim y el hermano del contador, Álvaro Pasko, quedaron procesados por el delito de asociación ilícita fiscal, también en calidad de integrantes. A ellos se les trabó embargos por casi 950 millones de pesos, para cada uno, y se ratificó que tienen prohibido salir del país.
En cuanto a las imputaciones, vale aclarar que para quien forme parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente está destinada a cometer delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria (ley 24.769), la pena prevista es de tres años y seis meses de prisión a diez años. Si resulta ser jefe u organizador, la pena mínima se eleva a cinco años.
Por otra parte, en cuanto al delito de lavado de activos, el artículo 303 del Código Penal Argentino establece que será reprimido con prisión de tres a diez años y una multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal. Esto debe tener como consecuencia posible que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito.
En tanto que a Carlos Pasko, otro hermano del presunto jefe de la organización, se le dictó la falta de mérito, sin perjuicio de que pudiera reveerse esta situación en caso de que surja alguna prueba que lo involucre.
También se ordenó el embargo de los bienes de las empresas y cooperativas involucradas en la maniobra, las cuales son: Fundación Amarte, Fundación Manos de Vida, Fundación Insert-Arte, Fundación Solidaria es una elección de Vida, Fundación Brilla Mujer, Cooperativa de Trabajo Solidaridad es Mi Mundo, Cooperativa de Trabajo Siempre Brillando, Cooperativa de Trabajo Construir Más, Cooperativa de Trabajo Unidas Cambia III, Ferraya Sociedad Anónima Simplificada (SAS), Tercer Norte SRL, La Reina del Norte SAS, Soluciones Impositivas SAS y Friva (Cooperativa de Productores Ganaderos de la Sociedad Rural de Villa Ángela, de Provisión, Comercialización e Industrialización Limitada). El total embargado en este punto supera los 670 millones de pesos.
Incompetencia
Asimismo, la jueza declaró la incompetencia parcial de la justicia federal para entender en la denuncia contra Daniel por los presuntos delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos que pudieran surgir, por lo que remitió las actuaciones a la justicia provincial para que investigue.
La denuncia tiene que ver con los servicios que habría prestado a distintos ministerios del gobierno del Chaco la cooperativa de trabajo “Construir Más Ltda.”, de la cual Daniel habría formado parte al mismo tiempo que era empleada del IAFEP.
“Construir Más” es un caso paradigmático en esta causa. Con domicilio fiscal, real y legal en Güemes 1424, en Resistencia, la cooperativa está constituida por Alvaro Ivan Pasko (asociado secretario), Walter Antonio Pasko (asociado y Presidente), Diana Yael Daniel (asociada y sindica suplente), Carlos Nicolas Pasko, Valeria Soledad Dosso y Melina Pacheco.
Según la investigación, la cooperativa tiene ingresos declarados por $0 (cero pesos), conforme a su declaración jurada de IVA, en el período 2022. Posee como fecha de contrato social el 13 de septiembre de 2022 y fecha de inscripción en AFIP en noviembre 2022.
Las actividades declaradas son: Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (Fecha de alta octubre de 2022); Venta al por menor de pan y productos de panadería (Fecha de alta abril de 2023 y de baja agosto de 2023); fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero (fecha de alta agosto de 2023) y Venta al por menor de materiales de construcción (fecha de alta octubre de 2023).
No declaró bienes muebles e inmuebles, ni tampoco empleados en relación de dependencia. Presentó el libro IVA Compras e IVA Ventas únicamente del período de noviembre de 2022 a enero de 2023 en cero peso.
Tiene una única factura electrónica recibida, fechada el 13 de junio de 2023, a nombre de una maderera por un valor de 13.200 pesos. En contraposición, tiene registradas facturas emitidas en el período de febrero de 2023 a octubre de 2023, por poco más de 11 millones de pesos. ¿A quién le facturó? Al IAFEP, a un Fideicomiso del gobierno provincial, al Poder Judicial del Chaco, a una asociación Civil y a la municipalidad de Napenay.
Solamente si se toma en cuenta sus facturas, tanto emitidas como recibidas, para la fiscalía Federal está claro que dicha cooperativa tiene como único fin la de emitir facturas apócrifas. Es llamativo, en este punto, que la firma no registre facturas de compras siendo sus actividades declaradas la de “construcción/reparación, ventas y producción” por lo que indefectiblemente necesitaría adquirir herramientas como así también materiales para la actividad de construcción/reformas, mercaderías para la venta de materiales de construcción o la materia prima para la producción de hierro y acero.
También se puntualizó sobre el hecho de que no registra bienes muebles e inmuebles a su nombre, y que el domicilio es la casa habitación donde residen sus socios, no contando con local comercial y/o depósito para el desarrollo de las actividades en las cuales se encuentra inscripta, como ser “fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero” y “Venta al por menor de materiales de construcción”.
Tampoco registra empleados en relación de dependencia, lo cual resultaría necesario en el caso que desarrolle la actividad de Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Adicionando a esto que las acreditaciones bancarias resultan ser bastantes inferiores a los importes facturados.
La investigación
La causa que investiga a esta megausina de facturas truchas se inició en junio de 2022, cuando inspectores de la AFIP realizaron relevamientos en los domicilios de personas cuyas facturaciones por montos millonarios eran inconsistentes.
Los cinco inspeccionados (entre ellas una ama de casa) se vieron sorprendidos por la situación. Desconocieron los montos facturados y aseguraron ni siquiera sabían de la existencia de las empresas a las que supuestamente les habían vendido.
A este grupo se le añadió un periodista de Resistencia. A él no lo visitaron los inspectores, sino que se dio cuenta de la irregularidad al constatar que su CUIT estaba bloqueado debido a que la AFIP señaló irregularidades. El fisco le informó que entre 2021 y 2022 tenía facturas emitidas por $21 millones, un monto notablemente mayor al que usualmente facturaba.
Si bien las actividades de todos ellos eran distintas, tenían algo en común. Todos tienen o tuvieron como contador a Walter Pasko. Abusando de la confianza de sus clientes, Pasko habría utilizado de manera fraudulenta sus claves fiscales para facturar a empresas y organismos ventas y servicios inexistentes.
En simultáneo, para que la posición mensual de IVA no se desmadre, la maniobra utilizada era inventar tiques facturas “A” en los libros IVA Compras de sus clientes, como también en algunos casos recibía facturas “reales” pero de operaciones “inexistentes”. La AFIP estimó una evasión impositiva de más de $115 millones.
Además, Pasko montó una red de empresas y cooperativas que casi no tenían actividad (no tenían empleados ni compraban materiales) pero que emitían una gran cantidad de facturas por supuestos servicios prestados. En algunas, está registrado como cotitular y en otras como asesor contable.
Las facturas, en este caso, fueron entregadas en su gran mayoría a organismos públicos, principalmente al Instituto de Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), donde trabajaba su esposa, Diana Daniel. Estas cooperativas y empresas de dudosa existencia emitieron facturas por más de $440 millones, solamente al IAFEP.
Vale mencionar que la adquisición de facturas apócrifas es un ardid que se utiliza para validar gastos estatales que de otro modo no se podrían justificar. Dicho en términos contables: conciliar la caja con las reales salidas de fondos.
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