Se trata del abogado y agente policial Sebastián Quintana, quién había sido designado para integrar el tribunal examinador en el concurso por la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos. Renunció tras ser impugnado por una de las concursantes y de organizaciones de la sociedad civil.
Viernes, 24 de mayo de 2024
El abogado y agente policial Sebastián Quintana renunció a integrar el tribunal examinador en el concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de fiscal en la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos del Chaco, que quedó vacante tras el reciente fallecimiento de su primer titular, Francisco Daniel Turraca. Fue luego de que LITIGIO diera a conocer que Quintana no solo defiende técnicamente a agentes policiales acusados por hechos de violencia institucional sino que además es funcionario de la Policía del Chaco y también de las impugnaciones de la abogada y concursante Valeria Romero y de distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Pensamiento Penal.
Según pudo saber este medio, en las últimas horas el Consejo de la Magistratura del Chaco notificó sobre la renuncia de Quintana a quiénes lo habían impugnado. De darse lo previsto, su lugar en el tribunal examinador sería ocupado por uno de los suplentes, en este caso el abogado Adrián Buffone. El jurado se completa con la fiscal de Cámara Graciela Griffith Barreto y la abogada Mónica Anís, titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos tiene por función investigar el desempeño de funcionarios públicos por delitos que configuren violación a los derechos humanos como torturas, vejaciones o apremios ilegales cuando la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario o éste tenga sobre aquella poder de hecho.
La dependencia fue creada a partir del compromiso asumido por la Provincia del Chaco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la solución amistosa en el caso por la muerte del artesano Juan Ángel Greco, quién falleció el 4 de julio de 1990 en circunstancias no esclarecidas luego de sufrir quemaduras tras el incendio de su celda en una comisaría de Puerto Vilelas.
En base a ese compromiso del Estado chaqueño, también se creó el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura bajo cuyo marco funciona el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT).
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