Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. El contador, Walter Pasko, y el exasesor de más de 70 cooperativas, Adrián Ayala, continuarán libres, aunque con la prohibición de salir del país. Están acusados de liderar una organización criminal en el Chaco dedicada a generar crédito fiscal espurio, emitir facturas truchas para blanquear gastos irregulares en organismos públicos y lavar dinero.
Viernes, 17 de mayo de 2024
Los principales imputados por la causa en la que se investiga la megausina de facturas truchas que desarticuló la Justicia Federal del Chaco a fines del año pasado seguirán en libertad. Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
El contador, Walter Pasko, y el exasesor de más de 70 cooperativas, Adrián Ayala, no serán detenidos por el momento, aunque continuarán con la restricción para salir del país. Ambos están acusados de liderar una organización criminal dedicada a generar crédito fiscal espurio, emitir facturas truchas para blanquear gastos irregulares en organismos públicos y lavar dinero.
La decisión de las juezas camaristas, Patricia García y Rocío Alcalá, se dio el jueves en respuesta a la apelación realizada por el fiscal, Patricio Sababini, contra la negativa de la jueza, Zunilda Niremperger de avanzar con la detención de Ayala y Pasko.
Tras analizar los argumentos del Ministerio Público Fiscal y los vertidos por Niremperger en su escrito, señalaron que la decisión de la jueza de primera instancia fue realizada en base a argumentos congruentes y fundados, por lo cual no resulta “arbitraria”, tal cual lo señalado por la fiscalía.
“La decisión atacada contiene un análisis cabal de la normativa en función del marco fáctico de autos, habiéndose valorado razonablemente los riesgos procesales con relación a los encausados, razón por la que concluimos en que resulta injustificada la tacha de arbitrariedad invocada”, afirmaron las juezas.
En relación a los peligros procesales invocados por el fiscal Sabadini, respecto a una posible fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de los imputados, las magistradas respaldaron lo resuelto por la jueza de primera instancia.
En este sentido, citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la cual se sostiene la premisa de que “la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general como expresamente se consagra”.
Recordaron que del análisis realizado por Niremperger surge que el peligro de fuga y de entorpecimiento de investigación no se acredita en esta etapa de la instrucción. Señalaron que, hasta el momento, los imputados concurrieron a prestar declaración indagatoria, ajustándose a derecha.
A su vez, las medidas de prueba en su mayoría ya fueron efectuadas, entre las que se cuentan los distintos allanamientos y secuestro de material físico e informático de todo tipo. Por lo que, en efecto, su presunto entorpecimiento se vería muy mermado. Además, de que ninguno de ellos cuenta actualmente con antecedentes penales, con la aclaración de que Ayala tiene una suspensión de juicio a prueba, por tenencia de arma sin licencia, que venció en abril de 2023.
“La Jueza ha valorado puntual, adecuada y razonablemente los elementos obrantes en autos a los fines de decidir acerca de la innecesaridad de aplicación de la medida de coerción más severa prevista por nuestro ordenamiento adjetivo”, afirmaron las camaristas.
La investigación
La causa que investiga a esta megausina de facturas truchas se inició en junio de 2022, cuando inspectores de la AFIP realizaron relevamientos en los domicilios de personas cuyas facturaciones por montos millonarios eran inconsistentes.
Los cinco inspeccionados (entre ellas una ama de casa) se vieron sorprendidos por la situación. Desconocieron los montos facturados y aseguraron ni siquiera sabían de la existencia de las empresas a las que supuestamente les habían vendido.
A este grupo se le añadió una sexta persona: un periodista de Resistencia. A él no lo visitaron los inspectores, sino que se dio cuenta de la irregularidad al constatar que su CUIT estaba bloqueado debido a que la AFIP señaló irregularidades. El fisco le informó que entre 2021 y 2022 tenía facturas emitidas por $21 millones, un monto notablemente mayor al que usualmente facturaba.
Si bien las actividades de todos ellos eran distintas, tenían algo en común. Todos tienen o tuvieron como contador a Walter Pasko. Abusando de la confianza de sus clientes, Pasko habría utilizado de manera fraudulenta sus claves fiscales para facturar a empresas y organismos ventas y servicios inexistentes.
En simultáneo, para que la posición mensual de IVA no se desmadre, la maniobra utilizada era inventar tiquets facturas “A” en los libros IVA Compras de sus clientes, como también en algunos casos recibía facturas “reales” pero de operaciones “inexistentes”. La AFIP estimó una evasión impositiva de más de $115 millones.
Además, Pasko montó una red de empresas y cooperativas que casi no tenían actividad (no tenían empleados ni compraban materiales) pero que emitían una gran cantidad de facturas por supuestos servicios prestados. En algunas, está registrado como cotitular y en otras como asesor contable.
Las facturas, en este caso, fueron entregadas en su gran mayoría a organismos públicos, principalmente al Instituto de Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), donde trabajaba su esposa, Diana Daniel. Estas cooperativas y empresas de dudosa existencia emitieron facturas por más de $440 millones, solamente al IAFEP.
En este marco, en los allanamientos realizados en diciembre pasado, se encontraron una gran cantidad de sellos truchos utilizados por la organización para dar una fachada de legalidad a los documentos con que contaban. Entre lo hallado, se destaca lo que se encontró en el estudio contable de Walter Pasko, ubicado en avenida Las Heras 376, primer piso, de Resistencia.
Allí se secuestraron dos sellos redondos de la Municipalidad de Fontana; un sello que expresa “certifico que la presente fotocopia en …. fojas es fiel reproducción de su original que he tenido a la vista para este acto, doy fe”; un sello de Contador Público, Bernardo Hochbeng – A/C Direc. de Coop. y Mutualidades del Chaco; sello de Eduardo Fabio Colombo, Coordinador General de Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Chaco; sello de Ibis V. Monguet, Inspectora General de Personería Jurídica y Registro Público de Comercio de la Pcia. del Chaco; sello de Dirección de Cooperativas y Mutualidades del Chaco y sello del Ministerio de Gobierno Justicia y Seguridad – Insp. Gral Personeria Jurídica. Ante esto, la AFIP propuso que se sume la imputación del delito de “falsificación de sellos oficiales”.
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