El juez de Garantías, Luis Kubicek, decidió rechazar el hábeas corpus interpuesto por el defensor oficial, Matías Jachesky, que buscaba ponerle un alto a las detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes de barrios vulnerables de Quitilipi. El trámite estuvo cargado de decisiones controvertidas, como el impedimento de participar del expediente al Comité para la Prevención de la Tortura y la negativa a la recolección de pruebas solicitadas por el defensor oficial. Ahora, la fiscal Adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, investigará el hecho para determinar si los policías y sus superiores cometieron algún tipo de delito.
Miércoles, 15 de mayo de 2024
Por Bruno Martínez
En un trámite plagado de decisiones controvertidas, el juez de Garantías, Luis Kubicek, decidió rechazar el hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo interpuesto por el defensor oficial, Matías Jachesky, que buscaba ponerle un alto a los operativos policiales de detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes de barrios vulnerables de Quitilipi.
En su escrito, firmado el martes, el magistrado respaldó a su vez al Ministerio de Seguridad provincial y a la Policía del Chaco al encomendarles que continúen con las “medidas necesarias y conducentes para evitar actos de violencia, preservar la seguridad y el orden público”, pero recordándoles (por si hacía falta) que en dicho accionar se deben “respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos”, sin obstaculizarlos “de manera arbitraria”.
Como para compensar su rechazo a la medida de protección pedida por el defensor oficial, el magistrado corrió vista a la fiscal Adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, solicitando que investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los policías involucrados en el operativo observado. LITIGIO pudo confirmar que ya se solicitaron varias medidas de prueba.
El comienzo
La presentación de Jachesky se originó en base a la publicación de esta revista realizada a inicios de este mes donde se alertó sobre una detención arbitraria de al menos 10 jóvenes, entre ellos algunos menores de edad, en lo que se conoce en la jerga jurídica y policial como razzia.
Se llama razzia a los operativos policiales sorpresivos que tienen por objeto rodear un predio, impedir los movimientos de las personas que quedan atrapadas, obligarlas a subir a móviles policiales y conducirlas a comisarías. Todo esto de manera arbitraria, con el fin de hostigar y amedrentar a un grupo en particular, violando derechos humanos fundamentales como los de la presunción de inocencia, a la libertad personal ambulatoria y a la existencia de orden judicial para detener (salvo en hipótesis de flagrancia). Estos operativos son inconstitucionales, violan pactos internacionales de Derechos Humanos e incumple lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio vs. Argentina”.
Las fotos de la razzia, más propias de la dictadura o de una situación de cuarentena estricta que de un contexto sanitario normal en democracia, fueron compartidas por el propio jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, en un grupo de WhatsApp, con periodistas locales.
El comisario no sólo se limitó a mostrar las fotos, sino que además se jactó del operativo, nombrándolo como lo que es. “Razzia en Quitilipi, el que no porta DNI y no justifica presencia (a) altas horas de la madrugada, a la jaula”, fue el brutal comentario de la máxima autoridad de la policía provincial.
Inusual
El trámite del hábeas corpus (procedimiento que protege la libertad física de un grupo de personas cuando se ve amenazada de forma ilegal por una autoridad) tuvo un tratamiento más que inusual.
En primer lugar, el magistrado no quiso proveer las pruebas que solicitó el defensor Jachesky, tales como el secuestro del libro de guardia donde queda registro de las detenciones (se sospecha que en aquella razzia ocurrida entre el lunes 29 y el martes 30 de abril, se detuvo a un niño de 13 años) ni tampoco de las cámaras de la comisaría (que mostrarían cómo alojan a los contraventores junto a los detenidos comunes).
En segundo lugar, el juez decidió rechazar la participación del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco en carácter de tercero interesado de la causa utilizando un fundamento extremadamente restrictivo hacia la labor del organismo de derechos humanos.
Sostuvo que la competencia del Comité es acotada a los lugares de detención, de acuerdo a la Ley 3264-B, y, teniendo en cuenta que esta causa se originó con hechos ocurridos “en la vía pública” y actualmente los involucrados no están detenidos, su intervención no corresponde.
Finalmente, no deja de llamar la atención que un hermano del juez es abogado de la Policía del Chaco. De hecho, el oficial principal, Gustavo Kubicek, fue el abogado patrocinante del jefe de Policía en el reciente habeas corpus contra la criminalización de la protesta social presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura, tras la decisión de la fuerza policial de impedir que una pacífica manifestación de movimientos sociales realizada el 7 de mayo pasado pudiera marchar por las veredas de la ciudad de Resistencia desde el Barrio Toba hasta el centro de la ciudad.
Dicho parentesco no dice nada respecto de la idoneidad o no del magistrado para intervenir en un expediente de estas características, pero si se quiere mostrar que la Justicia es realmente independiente de los demás poderes, resulta indispensable evitar cualquier tipo de suspicacias. La herramienta de la inhibición está a la mano de cualquier juez que así lo considere. Porque se debe ser y también parecer.
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