Se trata de Raúl Acosta, referente en Chaco del Partido Concertación-Forja, quién llegará imputado por varios hechos de abuso sexual cometidos contra dos hermanas que, entre 2018 y 2019, trabajaron para él en la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Provincia y lo denunciaron en noviembre de 2021. Es el tercer dirigente político que afronta un juicio por abusos sexuales en el Chaco y el primero en ser juzgado por un jurado popular.
Lunes, 13 de mayo de 2024
El exsubsecretario de Participación Ciudadana del Chaco, Raúl Acosta, será juzgado por un jurado popular imputado por haber abusado de dos jóvenes becarias que se desempeñaban en esa dependencia y que lo denunciaron a fines de 2021. Así lo informó este lunes la fiscala provisoria a cargo de la Fiscalía Nº 15 de Resistencia, María Candela Valdez, tras quedar firme el requerimiento de elevación a juicio de la causa.
De dilatada trayectoria política, que incluyó un mandato como concejal de Resistencia, otro como diputado provincial y pasos por las empresas Sefecha y Sameep, Acosta será el tercer dirigente político chaqueño que afronta un juicio imputado por abusos sexuales y el primero que será juzgado por un jurado integrado por doce ciudadanos y ciudadanas chaqueños. Vale recordar que ya fueron condenados por distintos delitos contra la integridad sexual el exintendente de Colonia Benítez, César Falcón, y de Villa Río Bermejito, Norberto Novak.
En un primer momento, la causa contó como querellante con la exSecretaría de Derechos Humanos y Géneros pero luego las víctimas decidieron renunciar a la misma y contratar a abogados particulares: primero, Francisco Belle, y actualmente su colega, Juan Arregín, quién también fue querellante particular en el caso de Cecilia Strzyzowski.
El caso
En noviembre de 2021, las víctimas relataron que en el año 2017 se mudaron a Resistencia provenientes de La Leonesa, junto a sus padres, y que vivían en una habitación que se encontraba en la parte de atrás de la sede de la Subsecretaría de Participación Ciudadana que conducía Acosta, en calle Formosa al 600. Tanto ellas como sus padres dependían laboral y económicamente de la organización que lidera Acosta, que, según revelaron, en todo momento se los hacía notar. Ese poder es el que habría usufructuado el dirigente político para abusar de las jóvenes becarias.
Durante la etapa de instrucción, Acosta declaró una sola vez en la que atribuyó la denuncia a un intento de desprestigiarlo y que se daba en el marco de un supuesto pase de facturas político por haber dado de baja a beneficiarios de becas provinciales. Además, el entonces vocal de la empresa Sameep se negó a que se le realice un perfil psicológico. Luego, pidió ampliar su indagatoria en dos oportunidades en las que no quiso aportar ningún elemento que contradiga los testimonios de las denunciantes, así como tampoco de los testigos y de las psicólogas que asistieron a las dos mujeres.
Para la fiscala Valdéz, las víctimas B. y C.K. “se encontraban inmersas en una situación de vulnerabilidad, situación que el imputado aprovechó para la consecución de sus fines”. En ese sentido, indicó que tras los testimonios de la familia K., como de los informes psicológicos de las damnificadas, se desprende que la familia en su totalidad vivía en La Leonesa, donde el padre fue contactado por el Sr. Acosta, para luego mudarse todos ellos a Resistencia, más precisamente, a la Subsecretaría, lugar otorgado por Acosta, quien además le brindó becas y contrato de trabajo”.
“Teniendo en cuenta las difíciles circunstancias sociales y económicas que atravesaba la familia K., me permiten concluir que B. y C.K. se encontraban en situación de vulnerabilidad evidente y debidamente acreditada”, aseveró la funcionaria fiscal en el requerimiento de elevación a juicio de la causa.
En ese contexto, la fiscala subrayó que la modalidad utilizada por Acosta consistió en “amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad, o de poder”.
