La exintendenta de Resistencia fue condenada hoy a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos pero absuelta por lavado de activos. En tanto, Jacinto Sampayo fue condenado por lavado a tres años y seis meses de prisión. El mayor castigo recayó sobre los empresarios que fueron condenados a penas de hasta seis años y medio de cárcel como partícipes necesarios de fraude a la administración y lavado de activos. Hubo nueve absoluciones.
Viernes, 10 de mayo de 2024

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este viernes a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública mientras que la absolvió respecto de la acusación por lavado de activos. En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, fue condenado a tres años y medio de prisión por el delito de lavado de activos.
Por otro lado, los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Martínez fueron condenados como partícipes necesarios de los delitos de fraude a la administración pública y lavado de activos a penas de 6 años y medio de prisión para el extitular de PIMP SA y de cinco años y medio para los últimos dos.
Por una descompensación de la exintendenta Ayala, la lectura del veredicto debió ser interrumpida y el Tribunal Oral Federal pasó a un cuarto intermedio. La lectura de la parte resolutiva de la sentencia estuvo a cargo del presidente del TOF, el juez Juan Manuel Iglesias, quién comparte el tribunal de juicio con sus pares Enrique Bosch y Marta Berros.
Tras la reanudación, se leyó el resto del veredicto por el cual se condenó a Eulalio Bouza a cuatro años y medio de prisión como partícipe necesario del delito de fraude contra la administración pública en concurso real con lavado de activos.
Asimismo, se condenó como partícipes secundarios de los mismos delitos a Rolando Acuña y Luis como partícipes secundarios del delito de fraude a la administración pública y lavado de activos a tres años de prisión condicional.
En rigor, solo Sampayo, Fischer, Huidobro, Martínez y Bouza deberán cumplir sus condenas en prisión, que van desde los 3 años y medio a los 6 años y medio. Además, deberán pagar multas por el doble del monto de la operación.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 8 de julio, a las 12 horas.
Las absoluciones
Por otro lado, el TOF dictó las absoluciones de Natalia Martínez Guarino, quien no fue acusada por el Ministerio Público Fiscal; Fatima Rigassio, Mónica Centurión, Patricia Vázquez, Diego Martínez Guarino, Victor Baumwollspinner, Elsa Martínez, Cristian Zapata y Víctor Hugo Quiroz.
Fraude y lavado comprobados
Aunque los fundamentos serán dados a conocer el próximo 8 de julio, se puede inferir que el tribunal de juicio dio por probadas tanto las irregularidades que derivaron en la contratación de la empresa PIMP SA como las maniobras de blanqueo del dinero espurio que habrían llevado a cabo los empresarios, que, en rigor, fueron los que se llevaron la peor parte en cuanto al monto de sus condenas.
Por lo que puede deducirse, los jueces del TOF no encontraron elementos suficientes como para concluir que Ayala se benefició de la operatoria irregular que se llevó a cabo durante su gestión.
La Fiscalía “satisfecha” con el veredicto
En diálogo con LITIGIO, el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, se mostró “satisfecho” con el veredicto del TOF y destacó que “en líneas generales el tribunal entendió que aquí hubo corrupción y que el fruto de esa corrupción se fue diluyendo a través de distintas maniobras de lavado”.
“Hubo una organización criminal con distintos roles y funciones y, en primer término, hoy quedó demostrado”, afirmó el funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que encabezó la acusación junto a sus pares Carlos Gonella (Córdoba) e Indiana Garzón (Santiago del Espero).
No obstante, aclaró que aguardarán los fundamentos del TOF para contar para analizar la posibilidad de recurrir a Casación, fundamentalmente por la absolución de Ayala en la imputación por lavado de activos.
“Me voy con una satisfacción del deber cumplido en cuanto a poder probar estas maniobras”, concluyó Carniel.