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La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Resistencia murió este jueves por la madrugada en la capital chaqueña como consecuencia de un cuadro de dengue. Entre el año 2006 y 2008 estuvo en el centro de la polémica y fue sometida a un juicio político en el marco de la persecución del radicalismo a los jueces independientes. 

Jueves, 9 de mayo de 2024

La jueza del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Resistencia, Cynthia Mónica Lotero de Volman, falleció este jueves por la madrugada como consecuencia de complicaciones por un cuadro de dengue. De 71 años, ingresó al Poder Judicial en el año 1990 y durante toda su carrera se desempeñó como jueza de primera instancia.

A partir de las denuncias formuladas por el abogado chaqueño Juan Carlos Sandoval, quién mantenía con la magistrada un litigio personal por el cobro de honorarios a sus clientes, el Jurado de Enjuiciamiento del Chaco le inició un juicio político que la mantuvo suspendida en su cargo desde diciembre de 2006 hasta abril de 2008, en que debió ser repuesta al frente del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Resistencia hasta la actualidad. A Lotero se le acusaba de presuntas violaciones a formas procesales y a garantías constitucionales en 17 casos, de los cuales 8 se dieron por probados.

Uno de los casos más resonantes fue en el que la magistrada asumió competencia y dictó una medida cautelar en favor de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste suspendiendo la instrumentación del nuevo plan de estudios, y luego se negó a remitir la causa ante la justicia federal, que también se había declarado competente.

La suspensión de Lotero por parte del Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, en diciembre de 2006, desencadenó una serie de movilizaciones y protestas contra el entonces gobernador Roy Nikisch, que fueron encabezados por el Foro por una Justicia Independiente.

La escandalosa persecución escaló al plano nacional y en abril de 2007, organizaciones de la sociedad civil que integraban el Foro “Una Corte para la Democracia” enviaron una nota expresando preocupación al por entonces presidente del Consejo de la Magistratura y del Jurado, Ricardo Franco. El Foro estaba integrado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores.

Por aquellos años, tanto el Superior Tribunal de Justicia como el Consejo de la Magistratura del Chaco estaban copados por jueces ligados al radicalismo que rechazaron las recusaciones así como todo el resto de los planteos de la defensa de la jueza Lotero.

Finalmente, en marzo de 2008, cuando el gobierno del Chaco ya estaba en manos del gobernador Jorge Capitanich, el Consejo de la Magistratura declaró la insubsistencia de la acción por el cambio en la composición de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento. Entre otros fundamentos, el acta que puso fin al proceso advertía sobre la falta de respeto a la garantía de defensa en juicio de la jueza Lotero, a lo que se sumó las diversas dilaciones que afrontó el proceso del juicio político que la mantuvo suspendida alrededor de quince meses.

A comienzos de 2022, Lotero quedó involucrada en una causa judicial en la cual su exnuera denunció que el hijo de la magistrada no le permitía ver a sus dos hijas menores de edad. Según la denuncia, el 2 de marzo de 2022 retiró a sus hijas del domicilio de su expareja e hijo de la jueza y al rato llegaron a su casa el mencionado, acompañado de Lotero y su esposo, quienes en medio de discusiones e insultos se llevaron a sus hijas y desde ese momento le impidieron contactarse con ellas.

Por el caso, el hijo de la jueza fue elevado a juicio correccional imputado por el delito de “impedimento de contacto de hijos menores con padres no conviviente agravado”, que prevé una pena que va de los seis meses a los tres años de prisión y que aún se encuentra pendiente de realización.

Por el hecho, la mujer también denunció a la jueza Lotero ante el Consejo de la Magistratura pero la misma fue rechazada ya que no se pudieron constatar cuáles eran las faltas o delitos cometidos por la magistrada.


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