La jueza Civil y Comercial Nº 2 de Resistencia, Ana Mariela Kassor, condenó al Estado provincial a indemnizar a la familia de un interno que falleció luego de ser atacado por otros en la ex Alcaidía Policial, hoy Complejo Penitenciario Nº 1 de Resistencia. Estableció que se les debía pagar un monto de $25 millones, lo que cuesta un terreno en la zona de Fontana en donde puedan construir una vivienda.
Sábado, 27 de abril de 2024
Por Brian Pellegrini
La jueza Civil y Comercial Nº 2 de Resistencia, Ana Mariela Kassor, condenó al Estado provincial a indemnizar a la familia de un interno que falleció luego de ser atacado por otros en la ex Alcaidía Policial, hoy Complejo Penitenciario Nº 1 de Resistencia. En el fallo, estableció que se les debía pagar un monto de $25 millones, lo que equivale al valor de un terreno en la zona de Fontana en donde puedan construir una vivienda “que les permita a los damnificados mitigar el dolor, compensar e indemnizar los padecimientos sufridos”, argumentó.
La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada el 9 de abril pasado. Fue en el marco de una demanda por daños y perjuicios y daño moral impulsada por el padre y la madre de un joven que falleció luego de ser atacado por otros internos en la Alcaidía de la capital chaqueña en octubre de 2012.
Omisión antijurídica
Para la magistrada, en el caso se produjo una “omisión antijurídica” por parte de la entidad policial (ex Alcaidía Policial, hoy Complejo Penitenciario Nº 1 de Resistencia) que “incumplió con las funciones que le son propias y que atienen a la guarda, seguridad y preservación física de los internos que atañe al deber de garantía del Estado”. En ese sentido, explicó que la omisión constituye “un funcionamiento irregular del servicio en los términos del Art. 1112 del Código Civil, vulnerando el deber de garantizar la seguridad y la integridad de toda persona detenida (Art. 18 CN, Pactos Internacionales a los que la Argentina ha adherido”.
Así, la sentencia concluyó que existió una “relación de causalidad” entre los daños padecidos y la conducta antijurídica que se atribuye al ente policial, “no habiendo demostrado la demandada la eximente de responsabilidad alegada”.
“Mitigar el dolor”
Con respecto al cálculo de la indemnización por el daño moral provocado por el hecho, la jueza Kassor consideró que “el resarcimiento que se le reconozca debe involucrar dinero suficiente destinado a la compra de bienes que les permita a los damnificados mitigar el dolor, compensar e indemnizar los padecimientos sufridos”. En ese sentido, lo estableció en un “monto necesario para adquirir un terreno o loteo -como bien para el consuelo- que les asegure que con el transcurso del tiempo puedan construir allí su vivienda adecuada”.
Una excepción
La demanda original, iniciada en 2014, reclamaba un monto indemnizatorio de 800 mil pesos, sin embargo la jueza Kassor decidió “hacer una excepción” al principio de congruencia y fijar una suma que represente una verdadera reparación para los familiares de la víctima, teniendo en cuenta la “feroz pérdida del poder adquisitivo del dinero experimentada”.
“Conceder la suma solicitada se manifiesta a todas luces insuficiente para mantener el real poder adquisitivo que el monto pedido tenía o representaba cuando fue estimado”, reflexionó.