En su alegato, la abogada Olga Mongelós acusó de “falta de imparcialidad” a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, y pidió la nulidad de toda la causa. Además, solicitó al TOF de Resistencia que se investigue a la magistrada por su actuación en la instrucción del caso.
Martes, 5 de marzo de 2024
En el inicio de los alegatos de las defensas, los abogados de Aída Ayala solicitaron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la causa PIMP o Lavado II, por la cual la exintendenta de Resistencia llegó a juicio oral imputada por los delitos de lavado de activos agravado más una serie de hechos de corrupción en el manejo de fondos públicos durante su gestión al frente del Municipio. Además, acusaron de “falta de imparcialidad” a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger y solicitaron que se investigue su actuación en la etapa de instrucción de la causa por la comisión de presuntos delitos. También pidieron que se investigue “por qué no investigó” al fiscal federal Patricio Sabadini.
Vale recordar que, en su alegato, el fiscal federal Federico Carniel solicitó al Tribunal Oral de Resistencia que Aída Ayala sea condenada a una pena de diez años de de prisión, más inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y una multa del doble del monto de dinero lavado por considerar probado que fue coautora de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la Administración Pública, a los cuales consideró como delitos precedentes del de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, por la que también la acusaron en grado de coautora.
La defensa de Aída Ayala continuará con sus alegatos el próximo 11 de marzo, en horas de la tarde.
Apunten contra la jueza Niremperger
En primer turno, la abogada Olga Mongelós argumentó que las denuncias por supuestas irregularidades cometidas en la contratación de la empresa PIMP habían sido rechazadas por la justicia provincial. “La justicia provincial lo resolvió y tienen ustedes, señores jueces, porque esta defensa ofreció los originales de esos expedientes”, aseguró la letrada.
“Esto es una causa iniciada de parte de la gente del justicialismo, pero era una causa ya resuelta”, insistió. En ese contexto, señaló que la causa por lavado de activos abierta en el fuero federal se trató de una “maniobra política” pergeñada desde el gobierno provincial encabezado por el exgobernador Jorge Capitanich en contra de Aída Ayala. “Había que ir al juzgado federal porque la jueza le permitía todo. No lo digo yo, lo dicen los expedientes, no son conjeturas”, afirmó tajante.
“La señora jueza con su parcialidad violó todos los derechos y garantías constitucionales de mi asistida”, aseveró Mongelós. E insistió: “Ella no fue imparcial y así como violó los derechos y garantías constitucionales de mi asistida, violó los derechos de todos los imputados”.
“Estas cosas no pueden permitir ustedes, señores jueces. Al tribunal colegiado le pido: administren justicia. Y el juez que se empodera y el juez que no cumple con sus funciones, vayan depurando, queremos el cambio, queremos cosas honestas”, exhortó.
Así, la abogada defensora solicitó la “nulidad absoluta de la presente causa por haberse afectado las garantías constitucionales de mi asistida, la ingeniera Aída Máxima Ayala, por la falta de apartamiento de la señora juez, y por el incumplimiento de sus funciones como juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Resistencia, la doctora Zunilda Niremperger”.
En rigor, los planteos de la defensora de Ayala con el objetivo de desacreditar la actuación de la jueza Niremperger durante la instrucción de la causa solo reeditan planteos recusatorios que ya fueron rechazados por todas las instancias judiciales, siendo la última el 30 de abril de 2019 a cargo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
“La acusación es deficiente”
En una defensa más técnica, el co-defensor Leandro García Redondo también pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio contra Ayala por considerar que no estaba claro cuál era el delito que se le imputa a su defendida. “Esta defensa entiende que la acusación es deficiente en cuanto a los hechos endilgados en contra de nuestra asistida, la ingeniera Ayala, y es deficiente porque no contiene una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos, como así también es deficiente el análisis en cuanto a la calificación legal realizada por el Ministerio Público Fiscal”, consideró el defensor de Ayala. En ese sentido, agregó que “esta imputación tiene que contener los elementos que constituyen uno o varios hechos para que la persona que es sometida al proceso penal pueda defenderse”.
“No existe un hecho o hechos ubicables en tiempo, modo, y lugar de la manera que lo requiere el artículo 347 en forma concreta porque por más palabras que se coloquen esto no deja de ser una atribución de la calidad de la ingeniera Ayala, es decir por ser intendenta de la municipalidad de Resistencia”, argumentó García Redondo. En ese sentido, advirtió que en la acusación no se describe cómo Ayala habría influido en los funcionarios municipales y empresarios para pergeñar el mecanismo que se plantea en el requerimiento de elevación a juicio.
“Tenemos que analizar las conductas desarrolladas por los demás imputados porque no hay conductas puntuales específicas, claras, determinadas, ubicadas en tiempo y lugar, respecto de la ingeniera Aída Ayala”, insistió el abogado. Al respecto, advirtió que al no existir un hecho claro imputado se impide el derecho a una defensa “efectiva y eficaz”.
