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En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del Chaco, el gobernador, Leandro Zdero, insistió con violar el principio de no regresividad de los derechos humanos al anunciar que enviará a la Legislatura un nuevo proyecto de ley para restringir severamente el uso de telefonía celular en los centros de detención. Esta iniciativa había sido sancionada el año pasado, pero fue vetada por su predecesor, Jorge Capitanich.

Lunes, 4 de marzo de 2024

“Voy a cumplir con lo prometido en campaña y remitiré un proyecto de ley para prohibir el uso liberado de telefonía celular e internet en todos los centros de detención, sumado a la colocación de inhibidores de señal telefónica”, anunció el viernes el gobernador del Chaco, Leandro Zdero en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados provincial.

El primer mandatario indicó que, a partir de la aprobación de ese proyecto, todos los detenidos sólo podrán tener contacto exclusivamente con sus familiares y su abogado, restringiendo severamente su derecho a la comunicación.

Cabe recordar que el 5 de abril pasado, la Legislatura provincial sancionó la ley que limitaba (la redacción original decía “prohibir”) el uso de celulares en unidades penitenciarias. Sin datos que lo respalden, el autor del proyecto, el radical y actual secretario de Coordinación de Gabinete del Chaco, Livio Gutiérrez, vinculó el uso de telefonía móvil a hechos delictivos pergeñados intramuros.

En tanto que quienes se opusieron, defendieron el protocolo interpoderes, vigente en ese entonces. “Estamos trabajando sobre garantías constitucionales y derechos humanos, sobre los cuáles no podemos legislar regresivamente”, advirtió en el recinto la legisladora del Frente Grande, Tere Cubells y recalcó que “la norma propuesta es una clara regresión, es un retroceso”.

Hábeas corpus

Tras la aprobación legislativa, y con la firma de más de 800 personas privadas de la libertad, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y la Defensoría General presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de hábeas corpus para garantizar el derecho a la comunicación de los detenidos. También, y de manera subsidiaria, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de dicha ley.

En el escrito, firmado por el entonces presidente del Comité, Kevin Nielsen, y la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz, se señaló que la aplicación de la mencionada normativa provocará un agravamiento en las condiciones de detención, ya que con la misma se pretende restringir el uso de celulares e internet que vienen usufructuando las personas privadas de su libertad a través de la Resolución 676/22, del Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio del cual se estableció un régimen de uso y tenencia de celulares, contemplando los modos de ingreso, habilitación y tenencia, así como los usos prohibidos y permitidos.

En caso de que no sea posible aplicar la acción de hábeas corpus en este caso, se solicitó de manera subsidiaria que la normativa sea declarada inconstitucional por ser “irrazonable” y afectar “desproporcionadamente” los derechos a la “comunicación, la educación, a mantener vínculos familiares y a la resocialización”. Además, se dejó en claro que esta ley viola el principio de no regresividad en la protección y garantía de derechos humanos.

Vale aclarar que los Estados asumen el compromiso de garantizar los derechos humanos de modo progresivo, y es justamente ese compromiso internacional del que deriva la obligación de no regresividad, que veda retroceder en el grado de realización alcanzado de un determinado derecho.

Entre los fundamentos de esta presentación, recordaron que en base a la altamente positiva experiencia que se dio durante las restricciones producto de la pandemia de COVID-19, se dictó en mayo de 2022 la resolución N° 676/22 denominada “Protocolo para uso de teléfonos celulares de personas privadas de libertad en dependencias policiales y en el Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco”.

Dicho protocolo fue elaborado siguiendo la Recomendación General N° 2/21 del Comité para la Prevención de la Tortura, fundada en la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, y con el apoyo del Ministerio Público de la Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos.

A través de la misma se reguló el empleo de dispositivos móviles inteligentes en dependencias policiales y penitenciarias para facilitar y promover el acceso a la educación, a la información, a la consolidación de los vínculos familiares y afectivos y al acceso a los derechos culturales. Se estableció los modos de ingreso, habilitación y tenencia, así como los usos prohibidos y permitidos.

Resulta necesario destacar que el uso de estos dispositivos ha contribuido en gran medida a la prevención de casos de torturas o malos tratos, así como también el acceso a justicia, posibilitando el contacto de las personas privadas de su libertad con los mecanismos de protección de derechos humanos y sus abogadas o abogados defensores.

Asimismo, se llevó adelante una campaña de concientización para el uso responsable de los teléfonos por parte de integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura, Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio Público de la Defensa.

“Todo ello ha redundado en efectos positivos y sumamente positivos para la resocialización de las personas privadas de su libertad y para muchas de ellas, su único contacto con el mundo exterior o su única posibilidad de recreación, teniendo en cuenta que la situación que viven quienes están alojados en comisarías y su imposibilidad de gozar de derechos como el esparcimiento, educación y al trabajo”, señalaron.

De esta manera, añadieron, también se culminó con “años de clandestinidad en la que los teléfonos celulares eran introducidos y utilizados ilegalmente, sin posibilidad de ejercer un adecuado control por parte del Estado”.

“Esto repercutió positivamente en la disminución de la conflictividad en los contextos de encierro, limitando también la trascendencia de los efectos nocivos que tiene el encarcelamiento a los familiares de las personas detenidas, especialmente niños, niñas y adolescentes que pueden estar en contacto con sus padres y madres gracias al uso de la telefonía móvil, contribuido a llevar tranquilidad a las familias”, afirmaron.

Además, se ha facilitado el acceso a la justicia ante “vulneraciones de derechos, posibilitando que las personas encarceladas tengan contacto con sus abogados/as defensores/as y con las instituciones de Derechos Humanos, dando aviso, por ejemplo, ante emergencias u omisiones en materia de salud que posibilitaron la inmediata intervención de los organismos enunciados”, indicaron.

“Pero más aún, no se debe olvidar que precisamente fue el uso de celulares lo que posibilitó la interposición de dos acciones de hábeas corpus a favor de los internos del Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña ante el agravamiento de las condiciones de detención”, añadieron desde el Comité y la Defensoría.

Por otra parte, se cuestionó la aplicación de inhibidores de señal los cuales, en definitiva, también afectarían la conexión a internet de los teléfonos del personal penitenciario, lo que provocaría un enorme escollo en el normal flujo de comunicación interna.

En definitiva, para el Comité y la Defensoría el hecho de restringir aún más el uso de los teléfonos celulares y el acceso a internet, cuando dichas restricciones ya existen y están reguladas, “no es una solución viable, factible ni deseable, máxime cuando la iniciativa se encuentra motivada en casos de usos ilegales de teléfonos celulares ocurridos en otras provincias en las que -precisamente- no se han habilitado el uso de celulares. Es decir, casos mediatizados de hechos que sido cometidos con teléfonos clandestinos en otras jurisdicciones”.

El veto

Veinte días más tarde a su sanción, el Superior Tribunal de Justicia declaró abstracto el hábeas corpus luego de que el exgobernador, Jorge Capitanich, vetara de manera parcial la ley. El veto proponía modificar casi la totalidad de la normativa, incluido el título. Donde actualmente dice “Prohibición del uso”, el exmandatario propuso que sea nombrada como “Limitación del uso”.

A su vez estableció que el artículo primero, donde solamente habla de la restricción casi total, sin matices, quede redactado con el añadido de que la limitación se realizará “conforme a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación de la presente ley”. Es decir, que se ratifica que el ministerio de Seguridad tendrá el poder en esta materia, tal cual ocurre en la actualidad.

Otro artículo que propuso modificar es el tercero. En la ley actual, se estableció que el gobierno “deberá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular e internet dentro del establecimiento penitenciario”. Capitanich propuso cambiar la obligatoriedad por la posibilidad: en lugar de “deberá”, utilizó el verbo “podrá”. Además, dejó en claro que dicha acción estará atada a los recursos establecidos en la ley de Presupuesto General de la provincia.

Finalmente, en el artículo cuarto se propone omitir el pasaje sobre la instalación de teléfonos fijos amurados a las paredes del penal, como forma de garantizar la comunicación de los detenidos. Propuso la expresión más amplia que habla de facilitar el contacto “a través de cualquier medio”.

En los fundamentos, el gobernador recordó que el único derecho que le es privado a los detenidos es el de la libertad ambulatoria pero no el de la comunicación. “El uso de teléfonos móviles por parte de las personas privadas de su libertad ha contribuido al cumplimiento del mandato internacional en materia de derechos humanos según el caso Greco – CIDH”, remarcó.

Finalmente, dejó en claro su postura contraria a la ley sancionada al señalar que esta normativa es “absolutamente regresiva en materia de acceso a los derechos humanos básicos, universales e inalienables, utilizando la condición particular de las personas privadas de su libertad a efectos de restringir el ejercicio de derechos”.

 

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