Compartir

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso de queja presentado por la defensa del exconjuez de Sáenz Peña, Miguel Aranda, procesado por su presunta connivencia con narcotraficantes. El tribunal de alzada consideró que la presentación realizada por los abogados de Aranda es un intento de “dilatar el proceso penal”.

Jueves, 29 de febrero de 2024

“El presente recurso constituye un intento de dilatar el avance del proceso penal”, sostuvo la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia en un pasaje de la sentencia que rechazó un recurso de queja presentado por la defensa del exconjuez, Miguel Aranda, procesado por presuntamente liderar una asociación ilícita dedicada a la protección de narcotraficantes.

Dicha decisión fue firmada el miércoles por las camaristas Rocío Alcalá y Patricia García (subrogante). Las magistradas evaluaron la presentación realizada por el abogado de Aranda, Miguel Zacarías Issolio, quien presentó un recurso de queja por apelación denegada por la jueza Zunilda Niremperger a un planteo de excepción de falta de acción por inexistencia de delito, donde también se había solicitado el sobreseimiento de Aranda.

Issolio aseguró que la magistrada no evaluó esta solicitud sino que simplemente la sometió al mismo análisis que a la apelación realizada por la defensa de Aranda al requerimiento de elevación a juicio. Es decir, que, según la defensa, la jueza hizo una suerte de combo y rechazó ambos recursos sin profundizar demasiado en solicitado.

Alcalá y García decidieron rechazar la solicitud de la defensa del exconjuez y validaron la decisión tomada por Niremperger. “La defensa técnica aduce que apeló exclusivamente el rechazo de la excepción de falta de acción, sin embargo, como se dijo, los planteos invocados de similar tenor a los esbozados en la oposición de la elevación de la causa a juicio fueron considerados de modo integral y razonable en una misma resolución por la Jueza, concluyendo en que correspondía culminar con esta etapa del proceso”, explicaron.

Recordaron que de acuerdo al artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación el auto de elevación a juicio es “inapelable”, motivo por el cual, “el remedio procesal incoado por el recurrente resulta inadmisible y resultó correctamente rechazado por la Juzgadora”.

Por este motivo, las juezas indicaron que las refutaciones se deberán hacer durante las audiencias del juicio oral y remarcaron que este tipo de recursos presentados por la defensa de Aranda no son más que simples estrategias para dilatar el proceso.

“La inapelabilidad del auto de elevación a juicio presupone que se han agotado los argumentos que servían de apoyo para oponerse lo que determina la falta de toda posible revisión de lo resuelto por el a quo en esta instancia. A partir de ahí, y en adelante, la refutación sólo podrá hacerse en juicio, como bien lo ha sostenido la Juzgadora en su informe del art. 477 del CPPN, por lo que al tener la posibilidad de articular nuevamente sus estrategias de Defensa en la instancia de debate, coincidimos con lo expresado, por cuanto el presente recurso constituye un intento de dilatar el avance del proceso penal”, indicaron.

Procesados

Cabe recordar que además de Aranda, están procesados los gendarmes Alberto Farías (comandante principal); Raúl Ernesto Scheurman (segundo comandante y en su momento jefe operativo del Escuadrón) y Enzo Aguirre (primer alférez y por ese entonces jefe de la Sección Villa Ángela).

Los tres están acusados de ser miembros de una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, todos ellos en carácter de autor y coautor de los delitos de encubrimiento agravado y concusión agravado.

También irán a juicio el exintegrante de Gendarmería Nacional, Alejandro “El Talibán” Quintana y un sujeto, de nombre Walter Ayala, quien fue detenido en varias ocasiones acusado de tráfico de drogas. Ambos están procesados por los delitos de asociación ilícita y de concusión (utilizar un cargo para exigir un pago indebido) agravada en calidad de partícipes primarios.

Cierran la nómina de procesados, los cuñados de Aranda: Martín Rafael Raimundo y Clarisa Daniela Galissier, concuñado y cuñada de Aranda. Dueños de la empresa de transportes de granos EAFA SA, fueron procesados por considerarlos instigadores del delito de tráfico de influencias. Se los acusa de utilizar los lazos familiares que mantienen con el exconjuez para supuestamente lograr que Gendarmería anule una multa que se le realizó a uno de sus camiones el 12 de junio de 2020 en la zona de Villa Ángela.

Al explicar la acusación general, los fiscales federales, Federico Carniel, Patricio Sabadini, Carlos Amad, Martín Uriona y Diego Iglesias (estos dos últimos de la Procuraduría de Narcocriminalidad), indicaron que “el grupo criminal”, al menos desde 2020, habría coordinado su accionar demorar o no ejecutar decisiones administrativas con el fin de beneficiar a personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la obtención de algún beneficio.

“Aranda, como juez federal, articuló los mecanismos a su disposición para que, en las causas bajo su jurisdicción, se omitan o demoren los actos procesales que le eran requeridos o que debían disponerse en cumplimiento de la normativa procesal, para poder alertar a las personas imputadas o investigadas de las medidas a dictar y así garantizar su impunidad y la continuidad del accionar delictivo investigado”, acusaron los fiscales, en un pasaje del escrito que consta de 164 páginas.

El rol del gendarme, Alberto Farías, en este entramado fue clave. Mantenía un estrecho vínculo con Aranda y obtenía información sensible de los expedientes que tramitaba el exconjuez para ser traficados a las personas investigadas en busca de algún beneficio.

Para el Ministerio Público Fiscal, se brindó “especial protección” a los integrantes de la banda narco que operaba en Sáenz Peña denominada “Clan Sosa”. ¿Cómo? Filtrando información desde el juzgado de Aranda sobre futuros allanamientos y detenciones.

Para sostener esta acusación, los fiscales detallaron la fecha y hora en las cuales se pidieron allanamientos y detenciones y las fechas y horas en los cuales comenzaron a producirse movimientos en las casas de los sospechosos los cuales inexorablemente terminaban con ellos prófugos.

Por ejemplo, el 27 de abril de 2022, a las 7.30, se envió un correo a la secretaria del juzgado de Aranda, solicitando que se autorice allanamientos y detenciones de personas que integraban el denominado “Clan Sosa”.

La orden fue autorizada por el juez Aranda el mismo día cinco minutos antes de la medianoche, sin la inclusión de Lucas Sosa. Es que, por un error, se omitió su nombre, el cual se sumó posteriormente en una orden anexa el 28 de abril a las 8.38, casi a las misma hora en que se estaban por realizar los allanamientos.

¿Qué pasó con el Clan Sosa? Casi todos se habían escapado el día anterior, en horas de la siesta. Alguien les avisó. El único que permaneció en la casa del Barrio San Cayetano era Lucas. Por el detalle de la información que le había llegado, era evidente que la misma salió del juzgado. De hecho, cuando finalmente lo detuvieron, Lucas se mostró sorprendido porque tenía data precisa que la Justicia no lo estaba por detener: le falló la actualización.

El cobro

Asimismo, bajo las directivas de Aranda, tanto Farías como Walter Ayala, Alejandro Quintana y una mujer policía que aún no fue identificada, tuvieron como rol exigir sumas de dinero a cambio de la obtención de beneficios procesales en los expedientes bajo la órbita de competencia del exconjuez.

Cabe recordar que cuando lo detuvieron con dos kilos de marihuana, A.M.R. estaba en libertad condicional. Salvo por una cuestión de salud muy grave, en casos como el suyo, no hay posibilidad de morigerar su detención: debía quedar preso en una cárcel.

El borrador con su procesamiento con prisión preventiva ya estaba redactado por la secretaria del Juzgado Federal de Sáenz Peña, Hemilce Núñez Sánchez. Sin embargo, el por entonces conjuez Aranda, quien era el que debía firmarlo, consideró que no era para tanto y ordenó que se le otorgue la prisión domiciliaria. Se basó para esto en la relativamente escasa cantidad de droga secuestrada. Y así, sin más, A.M.R. se fue a su casa. La decisión, claro, llamó la atención de todos en el juzgado.

Al tiempo, más precisamente el 18 de junio de 2022, tres hombres y una mujer llegaron a bordo de una camioneta hasta el domicilio de A.M.R., en el barrio El Bolsón, en Resistencia. No fue una visita amigable: le exigieron el pago de 5 millones de pesos que, según ellos, era lo que pedía Aranda por haberle concedido esa domiciliaria que, a todas luces, no correspondía.

Ante la negativa del pago, A.M.R. fue amedrentado con un arma de fuego. Los supuestos emisarios del ahora exconjuez realizaron disparos en el piso y también lo golpearon en la cabeza. En un momento dado, se trenzó con uno de los agresores y logró quitarle la pistola, lo que provocó que el resto se retirara del lugar. Llamó a la policía y contó lo sucedido.

Esta amenaza no lo tomó por sorpresa. El hombre recordó que cuando estuvo preso en la División de Drogas de Sáenz Peña, Walter Ayala, quien en ese entonces estaba detenido con él y que también fue parte de la agresiva comitiva que fue hasta su casa a intentar coimearlo, le dijo que podía hacer gestiones para lograr su prisión domiciliaria, pero que para eso tenía que contactarse con el gendarme apodado “Talibán” (supuesto hombre de confianza de Aranda) y pagar una importante suma de dinero. “El que pone el gancho es El Jefe”, habría dicho Ayala en referencia al exconjuez.

Aranda by Revista Litigio

Nota relacionada 

Confirman la elevación a juicio del exconjuez Aranda, acusado de liderar una banda que protegía narcos


Compartir