En la sede del TOF de Resistencia, se inició este jueves el juicio oral contra el dueño de Austral Construcciones y el exsenador nacional por el Chaco, Fabio Biancalani, entre otros, imputados por el delito de presunta evasión agravada por uso de “facturas truchas”. Las audiencias continuarán el próximo 8 de marzo, en que podría declarar en indagatoria el exsenador.
Jueves, 29 de febrero de 2024
“Yo sé por qué estoy acá, porque soy peronista y amigo personal de Néstor Carlos Kirchner”, aseguró Lázaro Báez, en respuesta a la presidenta del TOF de Resistencia, Marta Berros, sobre si sabía por qué había llegado a juicio. Fue durante la presentación de cada uno de los imputados ante el tribunal que interviene en el caso. Además, el dueño de Austral Construcciones adelantó que ampliará su declaración indagatoria, al igual que el exsenador chaqueño Fabio Biancalani, también imputado en la causa.
También se encuentran imputados en la causa los exdirectivos de Austral Construcciones, Claudio Bustos, Julio Mendoza y el abogado Jorge Chueco.
El tribunal se completa con las juezas Mariela Emilce Rojas, Lilia Graciela Carnero, en tanto que por la parte acusadora interviene el fiscal general Federico Carniel y la querella particular de la AFIP.
El caso
El ex senador por el PJ chaqueño, Fabio Biancalani; el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, y los administradores de la empresa Sucesión de Adelmo Biancalani, Claudio Bustos y Julio Mendoza, llegan a juicio imputados como coautores por tres hechos de “evasión agravada por el uso de documentos apócrifos” y “evasión agravada por el monto”, en concurso real.
El abogado Jorge Chueco, en tanto, por un hecho de evasión agravada por el uso de documentos apócrifos (facturas truchas).
A Biancalani, Báez, Bustos y Mendoza se les trabaron, además, embargos por 52 millones de pesos a cada uno que, según estimó la AFIP, fue el monto que habrían evadido por IVA y Ganancias. A Chueco, en tanto, se lo embargó por 3,3 millones de pesos.
La investigación se inició en el año 2016 por parte del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, a partir de una denuncia formalizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), luego de encontrar irregularidades durante una auditoría en la empresa Sucesores de Adelmo Biancalani en abril de 2016, cuya mayoría accionaria correspondía al empresario Lázaro Báez y en la que el exsenador Biancalani contaba con poco más del 16 por ciento de las acciones.
A fines de septiembre de 2020, el juez federal subrogante de Resistencia, Enrique Bosch, había procesado a los empresarios al considerar acreditado “(…) el despliegue de supuestas maniobras ardidosas por parte de los responsables de la Sucesión de Adelmo Biancalani, para inducir a error en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al incluir en sus DDJJ datos falsos respecto de la composición de su patrimonio y determinación del impuesto, el cual fuera sustentado en documentación falsa”. En ese contexto, el magistrado consideró que las maniobras “evidencian una clara voluntad de evadir el pago del impuesto”.
Agregó que “(…) se ha podido constatar la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP, y que sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.
