Se trata de la remodelación del parque Laguna Argüello. Según una investigación realizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, las obras tuvieron un sobreprecio superior a los 30 millones de pesos. Se suma a las observaciones realizadas en las remodelaciones hechas en la Plaza 25 de Mayo y Parque 2 de Febrero, donde también se constataron millonarios gastos sin sustento.
Martes, 27 de febrero de 2024
Las obras de remodelación realizadas en el Parque Laguna Argüello durante la gestión de Gustavo Martínez tuvieron un sobreprecio de más de 30 millones de pesos. Así lo determinó una pesquisa realizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco.
Al igual que ocurrió con los millonarios desfasajes constatados en la Plaza 25 de Mayo y en el Parque 2 de Febrero, la investigación del organismo de contralor se inició en abril de 2022 con una presentación realizada por los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Alicia Frías, junto a Cecilia Rivero y Víctor Hugo Pastore, integrantes de la Asociación Civil Vecinal Resistencia.
Los denunciantes solicitaron tanto al Tribunal de Cuentas como a la FIA que investiguen la existencia de posibles sobreprecios de las obras que el Municipio de Resistencia se encontraba ejecutando en ese momento en los espacios verdes más importantes de la ciudad. Casi dos años después, se constató que efectivamente hubo irregularidades.
En el caso del Parque Laguna Argüello, fueron dos los proyectos que se llevaron a cabo: El “Pavimento Articulado, plataforma multiuso” y la “Refuncionalización integral”. El primero fue adjudicado por licitación pública a la empresa ENEDSE SRL, por un presupuesto final de 51,4 millones de pesos. Mientras que el segundo quedó en manos de la constructora DITEC SA, también por licitación, con un presupuesto de 224,6 millones.
De acuerdo a la pericia realizada por el ingeniero civil, Aramís Toncheff, contratado ad hoc por la FIA, la obra realizada por ENEDSE SRL tiene un sobreprecio 22 millones de pesos, lo que representa un 49,3% del total presupuestado. En tanto que las obras de “Refuncionalización” tiene un alza de precios injustificada de 9,1 millones de pesos: un 3,9% del total.
Los desfasajes detectados en las obras de ENEDSE y DITEC se deben, según Toncheff, a los bajos valores de rendimiento humano (baja expectativa de productividad del capital humano en la obra) y a los sobreprecios en los materiales.
Material probatorio
La investigación fue dirigida por la Fiscal Adjunta, Margarita Beveraggi. Para esto, se instrumentó una serie de medidas para reunir material probatorio, entre las que se cuentan: pedidos de informe al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Delegación Chaco de la Cámara Argentina de la Construcción y la constitución en el municipio de Resistencia para obtener copias de los expedientes del caso, entre otros.
Beveraggi aclaró que si bien los concejales y vecinos que presentaron la denuncia originaria aseguraron que la obra fue direccionada hacia una empresa que supuestamente tenía cercanías con el intendente de ese entonces, lo cierto es que todo fue hecho de manera correcta en cuanto a lo administrativo. “No se encuentra acreditado tal extremo”, subrayó.
Dicho esto, hizo un pormenorizado relato del proceso que se dio para la ejecución de las obras observadas. En relación a la “Refuncionalización Integral” señaló que fue instrumentada mediante licitación pública con un presupuesto oficial de 225,3 millones de pesos. Participaron como oferentes dos empresas, de las cuales resultó elegida DITEC SA.
El 8 de febrero de 2022 se celebró el contrato de obra (denominado “contrata”) entre la empresa y la municipalidad, encomendado la ejecución con un sistema de contratación de ajuste alzado (presupuesto atado a la inflación) por un monto de 224,6 millones de pesos y un plazo de ejecución de ocho meses. En este punto, el contador auditor de la FIA indicó que hay una “inconsistencia” en el monto estimado en planilla previa de cómputo y presupuesto (255 millones de pesos), el cual no se condice con el monto de llamado a licitación (225 millones de pesos).
El acta de inicio y entrega de terreno, fechada el 11 de febrero de 2022, se realizó el 16 de ese mes. Así se dio cumplimiento al inicio de la obra. Sin embargo, luego del desfasaje observado entre el cronograma de ejecución previsto y la ejecución real de la obra por distintas causas, la intendencia rescindió el contrato y autorizó a la Secretaría de Planificación y a la Secretaría de Hacienda para que tomen intervención para su verificación y aprobación de las liquidaciones que se practiquen.
La obra debía finalizarse en septiembre de 2022. Sin embargo, tuvo una ejecución física desfasada respecto del cronograma de trabajo previsto, contando con una ejecución menor al 20% al mes de diciembre de 2022.
Si se considera el anticipo financiero y certificados de obra aprobados, el monto a abonar fue de 81,6 millones de pesos, un 36% del total del monto de la obra adjudicada, lo que resultaría un desfasaje entre lo pagado y lo ejecutado. Se indicó, además, que se aplicaron multas por demoras en la ejecución, las cuales no hay registros de su efectivo cobro por parte del municipio.
Pavimento
Por otra parte, la obra denominada “Pavimento articulado” fue instrumentada mediante una licitación pública con un presupuesto oficial de 44,7 millones de pesos. La empresa que resultó adjudicataria fue ENEDSE SRL. Esta constructora es una vieja conocida ya que también se encargó de las obras en la Plaza 25 de Mayo y en el Parque 2 de Febrero, ambas observadas por sobreprecios. El sistema de contratación fue con un sistema de ajuste alzado por un monto de 51,4 millones de pesos.
El acta de inicio y entrega de terreno tiene fecha del 11 de febrero de 2022. Sin embargo, según los dichos del inspector de la obra a la FIA, la fecha no coincide con el inicio efectivo de la ejecución de la obra.
De hecho, el 21 de febrero la inspección había requerido a la empresa que explique el por qué de la demora. El contratista respondió que “el inicio de la obra se posterga hasta tanto se terminen de verificar los niveles y por el replanteo a modo de proyecto ejecutivo con detalles tecnológicas (SIC) los que se están trabajando para presentar los mismos para aprobación”.
Dos días después, el 23 de febrero, se labró el acta de neutralización de obra por “ajustes de proyectos de mejorar el servicio y optimizar recursos”, sin establecerse fecha de reinicio de la obra. Ocho meses más tarde, el 26 de octubre, la empresa presentó un nuevo proyecto y el 30 de octubre, siempre de 2022, se suscribió el reinicio de la obra.
Durante la ejecución, se instrumentaron modificaciones al proyecto inicial, la ampliación de plazos, adicionales y balance de economías y demasías (modificaciones que se hacen al proyecto original en la ejecución real, tanto en más como en menos) con ajuste de plan de trabajo.
También se llevaron a cabo redeterminaciones de precios de obra previstos inicialmente. En este marco, al mes de noviembre de 2022, el monto del contrato ascendía a los 103,3 millones de pesos, lo que significó un aumento del 74% respecto del precio de adjudicación del contrato.
Recomendaciones
El dictamen de la fiscal Beveraggi aporta también una serie de recomendaciones dirigidas a la Municipalidad de Resistencia y al Concejo Municipal capitalino que apuntan a la aplicación de buenas prácticas en las contrataciones públicas y el control de las mismas.
También realizó una enumeración con duras observaciones en relación a las diferentes etapas del procedimiento de contratación y señaló que dichas consideraciones deberían traducirse en medidas administrativas concretas y en la atribución de responsabilidades pertinentes.
En este sentido, puntualizó que durante todo el proceso hubo deficiente sistema de publicidad de los actos de gobierno que no garantizan el acceso a la información pública ni facilitan el ejercicio de la función del control externo; retardo de la actividad investigativa de la FIA, ya sea por incumplimiento de plazos en la contestación de oficios o bien por respuestas parciales e incompletas a los mismos, entre otras cuestiones.
Esta investigación, incluyendo los cuestionamientos, el informe pericial y las recomendaciones, está incluida en la resolución 2784/23, firmada por el fiscal General de la FIA, Gustavo Leguizamón, con fecha del 29 de diciembre pasado. La misma es autoconclusiva y no vinculante. Es decir que, tras comunicar las recomendaciones a los organismos pertinentes, la intervención del organismo de contralor llega a su fin.
En la resolución se advierte que, si bien la FIA está autorizada para investigar este tipo de denuncias, lo cierto es que esta investigación es competencia del Tribunal de Cuentas, a través de la Dirección de Control de Obra Pública. Organismo que, de hecho, al igual que con la Plaza 25 de Mayo y con el Parque 2 de Febrero, tiene abierto un expediente sobre el caso.
Sobreprecios Laguna Argüello by Revista Litigio
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