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Se leyó el requerimiento de elevación a juicio y declaró un testigo sobreviviente. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el martes 27 a las 9 h con más testimoniales. Se juzga al exfiscal federal Roberto Mazzoni, por su participación en crímenes de lesa humanidad contra el detenido político Hugo Barúa.

Lunes, 26 de febrero de 2024

Con la lectura de una minuta del requerimiento de elevación a juicio y la declaración testimonial de un sobreviviente comenzó en la mañana de este lunes 26/2 el juicio oral por complicidad judicial en el que se imputa al ex fiscal federal Roberto Mazzoni su participación en el secuestro y tortura al ex detenido político Hugo Barúa por parte de un grupo de tareas de la Brigada de Investigaciones de la policía del Chaco.

La audiencia comenzó pasadas las 9.30 de la mañana, cuando los jueces Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, del Tribunal Oral de Rosario, y Fabián Cardozo del Tribunal Oral de Posadas ingresaron a la sala, ante la mirada del imputado Mazzoni a un lado del estrado en compañía de su defensor oficial y al otro extremo de la sala, la de familiares y amistades de Hugo Barúa, el detenido político fallecido en 2020 y cuyo testimonio hace de eje de la imputación.

Cabe recordar que en esta causa figura como querellante la Secretaría de DDHH de Nación y también la Subsecretaría de DDHH de la provincia. Su titular el subsecretario Hugo Maldonado estuvo presente en la sala.

La causa tendrá su segundo día de audiencia este martes 27 desde las 9 h con las declaraciones testimoniales de Santiago Almada por videoconferencia desde Republica Dominicana, Eugenio Domínguez Silva, José Luis Valenzuela, y Roberto Cejas, presencial en Resistencia, y Mario Mendoza por videoconferencia desde Buenos Aires.

Como acto inicial del proceso y para dinamizar su desarrollo el tribunal y las partes consensuaron que por secretaría se leyese una minuta del extenso requerimiento de elevación a juicio con la descripción de la acusación a Mazzoni, que en la época de los hechos juzgados era secretario de Juzgado Federal, desde donde se otorgaba visos de legalidad a los secuestros y torturas a militantes políticos perpetrados por la “patota de la Brigada de Investigaciones”.

Este punto suscitó un debate entre las partes a raíz del pedido por la nulidad del juicio de la defensa sobre la base del principio “Non bis in ídem” atento a que Mazzoni fue juzgado y condenado en 2919. Desde querellas y fiscalía se postuló que se trata de hechos distintos; en 2019 se juzgó su omisión de investigar y denunciar una serie de delitos, ahora se juzga su participación en detención y apremios ilegales. Luego de un breve cuarto intermedio el tribunal pospuso su pronunciamiento al final del proceso para poder tomar conocimiento de los hechos juzgados mediante los testimonios programados.

El juicio continuó con el interrogatorio de identificación a Mazzoni sentado en la silla frente al estrado del tribunal. “Respecto de los hechos que se juzgan voy a remitirme a mis declaraciones indagatorias de 2012 y en la causa anterior” respondió al ser consultado al respecto por lo cual lo que siguió fue la primera declaración testimonial del juicio; la de Juan Manuel “Cacho” Gonzáles ex detenido político y sobreviviente.

Flanqueado por la licenciada Carolina Fule, psicóloga del equipo encargado de la atención y acompañamiento a testigos víctimas de genocidio, Gonzáles contó que conocía a Hugo Barúa porque eran vecinos de barrio, en Villa Centenario. Contó que Barúa era “militante de la juventud peronista, asiduo participante, ya de antes de 1973” y que él integraba la Unión de Estudiantes Secundarios en el bachillerato al que asistía.

“Al día siguiente ya era vox populi que lo habían llevado detenido. En la madrugada del 9 de septiembre de 1975 habían ingresado personas armadas al domicilio y se lo habían llevado. Tiempo después cuando estábamos los dos detenidos en la Alcaidía Hugo me contó que habían sido policías de Investigaciones y el que estuvo también el doctor Mazzoni”.

El testigo comentó que si bien le pareció peculiar, tampoco le llamó la atención en exceso la presencia de un funcionario judicial durante la detención y apremios a Barúa porque él vivió algo parecido. “A mí de detienen dos días después el 11 de septiembre, y el que era fiscal en esa época, el dr Flores Leyes estuvo presente durante mi interrogatorio en Investigaciones, y se comportó igual me amedrentó, me mostró un arma y cosas así” señaló.

En su testimonio en sede judicial Barúa relató haber sido detenido y torturado el 9 de septiembre de 1975, en el marco de un operativo policial en su domicilio en Villa Centenario en el que fue secuestrado y en el que estuvo presente como secretario del Juzgado Federal, Roberto Mazzoni. Allí mismo comenzaron los interrogatorios, los golpes y las torturas; “todo ante la mirada pasiva de Mazzoni que teóricamente tenía que garantizar mi seguridad física. No hizo nada y convalidó esos atropellos hacia mi persona”. La sesión de torturas duró más de quince minutos y luego lo llevaron a la Brigada, donde estuvo una semana detenido. Así
comenzaría un periplo que lo llevaría por la Alcaidía, y otros presidios del país durante varios años.

Debate por el pedido de nulidad

Como ya es habitual a lo largo de todos los juicios de este tipo, desde la defensa se presentó el pedido de nulidad de la causa y absolución al imputado. En ese sentido el defensor oficial Juan Manuel Costilla, adujo que se estaría verificando una contradicción al principio de “non bis in ídem” que establece que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, sobre la base de que las imputaciones a Mazzoni ya fueron objeto de debate en una causa anterior, la cual tuvo su juicio oral en 2019 y resultó con una condena a 11 años de prisión a Mazzoni por omisión a investigar la detención de militantes políticos.

“Mazzoni ha sido ya sometido a proceso judicial por este hecho, el hecho ya fue imputado e intimado. El dictamen fue realizado, luego fue revocado, pero la revocatoria no alcanza para decir que no estamos en una múltiple persecución penal. Hay una total y absoluta identidad en el objeto de la persecución, ídem res” afirmó.

Por su parte desde fiscalía y querellas se solicitó el rechazo a la petición de la defensa en el entendimiento de que la misma “no encuentra asidero por cuestiones fácticas que tienen que ver con la modalidad de este tipo de juicios”. “No es un capricho de la fiscalía esto, – indicó el fiscal Federico Carniel – es una postura del Ministerio Fiscal sobre cómo tratar estos juicios, en reconocimiento a las víctimas y de las actividades de los distintos imputados en los que la característica principal es la multiplicidad de hechos. Acá estamos en presencia de dos conductas, la omisión de denunciar delitos (juicio oral 2019), y la de ahora, la conducta
proactiva, con Mazzoni estando presente en el lugar de los hechos y no impidiendo que esos hechos se cometan. Su presencia lo convierte en garante de que los hechos sucedan y convalida los apremios ilegales”.

El querellante por la secretaría de DDHH de Nación, Manuel Brest Enjuanes, adhirió a lo manifestado y remarcó; “se trata de dos hechos distintos, por la complejidad de los hechos que se juzgan, la modalidad muchas veces no permite abarcar todos los delitos que se pueden imputar a los responsables. En la anterior causa se trató la omisión del deber de exponer los casos por parte de funcionarios judiciales. Hoy el hecho que trae a debate a Mazzoni es su autoría de los apremios ilegales, eso es que lo que pretendemos juzgar ahora”.

El abogado Duilio Ramírez, por la querella de la provincia, adhirió al planteo y expuso: “la única identidad que hay es la del sujeto, una misma persona que tomó participación en dos hechos diferentes, sin continuidad entre ambos. Uno fue el involucramiento en no llevar adelante la investigación de hechos que llegaron a su conocimiento. En ese debate no se rindió prueba ni se debatió el hecho de esta causa, previo, y con un lapso de tiempo de pocos minutos durante
los cuales se desarrolló la acción de Mazzoni”.

Luego de un breve cuarto intermedio en el que los jueces deliberaron la cuestión el presidente anunció por unanimidad que la resolución al respecto será diferida al final del juicio para poder continuar con el mismo y tomar conocimiento de la prueba.

Así las cosas, la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el martes 27 a las 9 h, con la segunda jornada de declaraciones testimoniales en la causa.

 

Fuente: Prensa Comisión Provincial de la Memoria 

 

 


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