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En su alegato, el Ministerio Público Fiscal consideró probados los hechos y la autoría de los imputados en la causa PIMP y solicitó una pena de diez años de prisión por lavado de activos más una serie de delitos de corrupción para la exintendenta de Resistencia y también para el secretario general del STM, Jacinto Sampayo. Para el resto de los imputados se pidieron penas que van de ocho años a tres años de ejecución condicional y una absolución. “Esta investigación debe continuar”, exhortó el fiscal Carniel.

Viernes, 23 de febrero de 2024
Lavado II: Aída Ayala, durante la primera audiencia del juicio (Foto: Gentileza Edgar Aguirre/Más Contenidos)

El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel, pidió este viernes que se condene a la exintendenta de Aída Máxima Ayala a una pena única de diez años de prisión e inhabilitación perpetua por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y por lavado de activos agravado, como miembro de una banda, formada para la comisión continuada de hechos. Además, solicitó una multa de dos veces el monto de la operación de lavado. Por los mismos delitos, también se pidió la misma pena para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Amaro Sampayo.

“Estos delitos deben caer bajo el ropaje de delitos vinculados a la corrupción y al lavado de activos”, definió Carniel, antes de avanzar en el pedido de penas para cada uno de los imputados. En ese sentido, advirtió que “se manejaron montos siderales cuyo origen es de fondos públicos que se obtienen de los contribuyentes”.

“No estamos en Suiza, se sustrajeron en el Chaco, más específicamente en el Municipio de Resistencia, en una provincia que supera todos los rankings negativos a nivel nacional y regional”, enfatizó el fiscal general, quién aclaró que en las acusaciones no utilizaría la figura de la “asociación ilícita”.

El TOF de Resistencia se encuentra integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Marta Berros.

Por el Ministerio Público Fiscal intervino un equipo encabezado por el fiscal Carniel, acompañado por sus pares Indiana Garzón (fiscal general de Santiago del Estero) y Carlos Gonella (fiscal general de Córdoba).

Las penas 

Para los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez se solicitaron penas de ocho años de prisión por los delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.

Para la contadora Patricia Vázquez, el Ministerio Público Fiscal pidió una condena de siete años de prisión como partícipe necesaria de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado.

En cuanto a Rolando Acuña, exdirector de la empresa Pimp, se solicitó una pena de siete años de prisión como partícipe necesario de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado.

Para Eulalio Bouza, la solicitud fue de cuatro años de prisión como partícipe necesario por el delito de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.

El fiscal Carniel pidió, además, una condena de tres años de prisión para Fátima Rigassio como partícipe necesaria de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado. La misma pena le podría corresponder a Luis Escobar y Diego Martínez Guarino, como partícipes secundarios de los delitos de defraudación de la administración pública y lavado de activos agravado.

Para Cristian Zapata, Víctor Hugo Quiróz, Mónica Centurión, Enrique Baumwollspinner y Elsa Martínez se solicitó una pena de tres años de prisión como partícipes secundarios en el delito de lavado de activos agravado.

Para todos ellos, se pidió la ejecución condicional de la pena.

Por último, se solicitó la absolución de Natalia Martínez Guarino por beneficio de la duda.

Además, el Ministerio Público Fiscal requirió que se mantengan los embargos sobre los bienes de los acusados para hacer frente a las eventuales multas que podrían afrontar en caso de ser condenados.

“Esta investigación debe continuar” 

“Este proceso debe continuar, esta investigación debe continuar, no nos tenemos que conformar con las personas que han sido juzgadas aquí. Lamentablemente, hay algunos personajes que participaron de la investigación y han sido sobreseídos por decisiones de la instancia que se dedica a investigar”, aseguró Carniel.

En ese contexto, pidió que se extraigan testimonios para proseguir la investigación respecto a los exfuncionarios municipales Alejandro Abraam y Nicolás Diez, hoy ministro de Economía del gobierno provincial y presidente de Sameep, respectivamente, y de Mario Posanzini, Gastón Marín y Algo Bogliotti.

Los alegatos de las defensas comenzarían el próximo 5 de marzo.

 


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