Será el 26 de febrero en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia y quién se volverá a sentar en el banquillo de los acusados es el exfiscal federal Roberto Mazzoni, por su participación en torturas a un preso político durante la última dictadura cívico militar. Se espera la declaración de diez testigos, entre ellos varios sobrevivientes de la represión. Por solicitud de la Fiscalía, será parcialmente transmitido por el canal de YouTube del Centro de Información Judicial (CIJ).
Jueves, 22 de febrero de 2024
A partir de este lunes 26 de febrero de 2024, el exsecretario del Juzgado Federal y exfiscal federal de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni, comenzará a ser juzgado por el delito de “tormentos agravados” psíquicos y físicos contra el exdetenido político Hugo Barúa. Las audiencias se extenderán el 27 de febrero y el 11 y 12 de marzo, a partir de las 8:30 horas, y se espera la declaración de diez testigos, entre ellos varios sobrevivientes de la represión.
Para este juicio, el TOF de Resistencia estará integrado por los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Fabián Cardozo. El delito de tormentos agravados prevé una pena que va de los 3 a los 15 años de prisión.
Mazzoni ya fue condenado a once años de prisión por no investigar las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cuando se desempeñaba como fiscal federal de Resistencia.
Por solicitud de la Fiscalía, será parcialmente transmitido por el canal de YouTube del Centro de Información Judicial (CIJ).
El caso Barúa
El 9 de septiembre de 1975, un grupo de policías y gendarmes irrumpió en el domicilio de Barúa del barrio Villa Centenario para someterlo a un interrogatorio vinculado a su militancia política en la Juventud Peronista. Lo golpearon y lo torturaron. Todo fue ante la “pasiva mirada” de Mazzoni, quién supuestamente debía garantizar su seguridad. Luego, el exdetenido fue también torturado en la Brigada de Investigaciones de Resistencia y en la Alcaidía.
Barúa lo denunció por primera vez en 1985 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco, que tuvo a su cargo la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia durante la última dictadura cívico-militar y que fue plasmado en el “Informe final”. Ese “Nunca más chaqueño” fue la base para el inicio de los juicios contra represores en la provincia del Chaco, una vez declarada la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También brindó su testimonio en los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante en la provincia.
Como integrante de la Asociación de exdetenidos políticos del Chaco, Barúa asumió la presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria en noviembre de 2010.
Resistencia para juzgar la complicidad judicial con la dictadura
Fue la Cámara Federal de Casación Penal la que destrabó la negativa de la Justicia Federal de Resistencia de avanzar en esta causa contra Mazzoni, quién en dos oportunidades fue sobreseído y beneficiado con la falta de mérito. A tal punto que Barúa falleció el 8 de agosto de 2020 sin siquiera verlo procesado por el hecho, lo que recién ocurrió en junio de 2021.
Sobre la absolución de Mazzoni por los hechos que tuvieron como víctima a Barúa, Casación señaló que “la valoración de la prueba efectuada por el tribunal resultó aislada del contexto histórico en el que se habrían desarrollado los hechos y de las demás circunstancias comprobadas de la causa”. En ese sentido, agregó que el tribunal “no reparó en las declaraciones efectuadas por el propio Hugo Ramón Barúa que sitúan a Mazzoni en el momento en el que se habrían llevado a cabo los hechos”.
“La argumentación ensayada por el tribunal estuvo fundamentalmente orientada a atender a los testimonios que sustentan la versión exculpatoria brindada por Roberto Domingo Mazzoni, sin tener en consideración la totalidad de los elementos probatorios aportados por la acusación”, recalcaron los jueces de Casación. Así, concluyeron que “el tribunal prescindió de examinar las declaraciones brindadas por Barúa y tampoco se hizo cargo de demostrar alguna fisura lógica en las mismas que permitan restarle valor probatorio frente a los elementos desincriminatorios y el contexto histórico en el que habrían tenido lugar los sucesos aquí investigados”.
No obstante, en aquel juicio había quedado corroborada la complicidad de los funcionarios de la Justicia Federal de Resistencia con el sistemático plan de exterminio de la dictadura genocida, lo que todos ya conocían por los precisos y contundentes testimonios de los exdetenidos políticos.
Vale recordar que tanto el exfiscal federal Carlos Flores Leyes como el exjuez federal de Resistencia, Luis Angel Córdoba, fallecieron impunes antes de ser juzgados por su complicidad con el aparato represivo del Chaco.
