El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó una demanda contra el Estado Nacional en los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la que reclama fondos de coparticipación adeudados y que fueron previstos en la Ley de Presupuesto del 2023, como también, los recursos propios del 2024.
Miércoles, 7 de febrero 2024
La presentación -que cuenta con el patrocinio del ex convencional Jorge Yoma y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez- precisó que el Presupuesto 2023 (aprobado por ley 27.701) estableció en su artículo 83 un monto de $47.000 millones de pesos por la coparticipación de La Rioja, pero que solo le otorgaron $35.500 millones.
Explicó la demanda que, a raíz de ese faltante de recursos, La Rioja se vio obligada a la emisión -con autorización de su Legislatura- en formato físico o digital Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE). Asimismo, que efectuaron reclamos ante las autoridades nacionales y no obtuvieron respuestas satisfactorias para el reclamo provincial.
En tal sentido, la pretensión judicial de la provincia radica en la entrega de $9.300 millones de pesos por parte del Estado Nacional del Ejercicio 2023, suma que debe ser actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Asimismo, $47.000 millones de pesos, actualizados bajo los mismos mecanismos, mediante el sistema de “goteo diario de fondos coparticipables”, o bien subsidiariamente, en doce (12) cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024.
Requierieron también como medida cautelar el embargo preventivo de la suma de $ 9.300 millones actualizados de los recursos que integran el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Para ello, fundaron la verosimilitud del derecho en la previsiones de la Ley de Presupuesto 2023, como también, en la cláusula constitucional del art. 75.2 y, en cuanto al peligro en la demora, en cuanto a que los ingresos provinciales se componen en un 70% de los recibidos por coparticipación, lo que torna imperioso para afrontar las políticas públicas provinciales.
Jorge Yoma en la red X dio cuenta de la presentación de la acción y sus fundamentos. La causa ya quedó radicada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, ahora, deberá requerir la opinión de la Procuración General de la Nación para decidir si se trata de un caso de su competencia originaria.
Fuente: Palabras del Derecho
