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Sin su consentimiento, el Municipio de Resistencia utilizó imágenes de su credencial como inspector para una campaña publicitaria sobre controles bromatológicos. Luego, se abrió una causa penal porque una persona utilizó su identificación en una serie de estafas a comercios locales. El caso está en manos de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia. El Procurador Adjunto dictaminó a favor.

Lunes, 5 de febrero de 2024

El Superior Tribunal de Justicia deberá resolver si hace o no lugar a una demanda por daños y perjuicios impulsada por un empleado municipal contra el Municipio de Resistencia por haber utilizado su imagen para una campaña publicitaria institucional sin su consentimiento. En rigor, el máximo tribunal deberá resolver si revoca un fallo de Cámara que había rechazado la demanda. El procurador general adjunto dictaminó por darle la razón al demandante.

La demanda, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue impulsada en el año 2021 luego de que el accionante quedó involucrado en una causa penal por estafas donde otra persona había utilizado una credencial con sus datos (no su imagen) para extorsionar a distintos comercios de la ciudad de Resistencia.

En la campaña institucional, se incluyó una credencial con sus datos e imagen en afiches y en videos que fueron difundidos en el entretiempo de los partidos del Mundial 2018 exhibidos en pantalla gigante en la Plaza 25 de Mayo.

En primera instancia, el juez Civil y Comercial Nº 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, hizo lugar a la demanda por daño moral y condenó al Municipio al pago de una indemnización de 120 mil pesos más intereses.

¿Consentimiento tácito?

En septiembre de 2023, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial revocó la sentencia pero exhortó al Municipio a adoptar recaudos en campañas ulteriores. Para las camaristas, el denunciante había dado su consentimiento “de manera tácita” ya que él mismo distribuyó afiches que contenían su imagen y que sólo presentó la demanda cuando tuvo conocimiento de una causa penal por la utilización de sus datos personales difundidos a través de la campaña publicitaria.

En diciembre pasado, el procurador general adjunto, Hugo Miguel Fonteina, dictaminó que la sentencia de Cámara era “arbitraria” por no ser una derivación razonada del derecho vigente en relación a las particulares circunstancias de la causa. En ese sentido, consideró que “las magistradas al decidir como lo hicieron se apartaron de lo establecido en el art. 31 de la ley propiedad intelectual N.° 11.723 que reglamenta el derecho a la imagen y exige el consentimiento expreso de la persona para difundir su imagen”.

Asimismo, consideró que las camaristas tampoco tuvieron en cuenta la ley N.° 25.326 de protección de datos personales, que específicamente regula en el art. 5º que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permita equipararlo”.

 


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