Es por las declaraciones radiales durante una movilización por el aniversario del 19 y 20 de diciembre en las que llamó a “derrocar y tirar abajo a este gobierno hambreador y fondomonetarista”. La causa se inició por una denuncia de legisladores de Juntos por el Cambio ante la Fiscalía Federal de Resistencia.
Viernes, 22 de diciembre de 2023
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, firmó este viernes el requerimiento de instrucción de una causa penal contra el dirigente social del movimiento “20 de Diciembre”, José Porretti, a quién imputó por el delito de incitación a la violencia colectiva por las declaraciones radiales en las que llamó a “derrocar y tirar abajo a este gobierno hambreador y fondomonetarista”, durante la movilización que tuvo lugar el pasado 20 de diciembre en la capital chaqueña.
El requerimiento formulado por el funcionario del Ministerio Público Fiscal considera que se encuentran reunidos los elementos para que el Juzgado Federal de Resistencia investigue la denuncia realizada por legisladores provinciales del bloque de Juntos por el Cambio.
“Las manifestaciones del Sr. José Porretti incitan a la violencia generalizada contra uno de los poderes del Estado Nacional, en tanto la incitación al derrocamiento de éste, estimulando a la ciudadanía en general, a promover la caída de un gobierno democráticamente electo”, sostiene Sabadini en la presentación realizada este viernes. En ese sentido, agregó que “la amenaza de tomar las calles a fin de promover el derrocamiento y venida debajo del gobierno, comprenden los extremos requeridos por el tipo penal del art. 266 bis del Código Penal”.
En el escrito presentado este viernes ante el Juzgado Federal, el fiscal destaca “la relevancia de los movimientos sociales en el entramado social argentino, así como de las demás organizaciones intermedias como los sindicatos, y el poder de acción que estas tienen”, sin embargo, advierte que “las funciones que las mismas ostentan en el esquema aludido, deben desarrollarse dentro del marco institucional legal y democrático, no pudiendo, de ninguna manera, arrogarse una representación por encima del sistema institucional”.
En ese mismo sentido, reconoce que los hechos a investigar se producen en un contexto de “conflictividad social creciente”, no obstante subraya que “tampoco puede soslayar el hecho de que nuestra función es la de asegurar que la conflictividad social no sea resuelta por canales no institucionales, persiguiendo enérgicamente a quienes atenten contra los principios más elementales de la convivencia democrática”.
