Durante la primera jornada de alegatos, el fiscal general Federico Carniel hizo un racconto de las circunstancias que llevaron a la gestión de la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, a la polémica licitación que concluyó con la contratación de la empresa PIMP para la recolección de residuos. El alegato de la acusación continuará el próximo 26 de diciembre.
Lunes, 18 de diciembre de 2023
Durante la mañana de este lunes y por casi cuatro horas se llevó a cabo la primera jornada de alegatos en la causa en la que se juzga por presunto lavado de activos a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, como presuntos ideólogos de una organización ilícita que se habría apropiado de recursos públicos para luego blanquearlo a través de diversas maniobras. Fue en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia en el marco de la causa conocida como “Lavado II” o “PIMP”.
Al hacer uso de la palabra, el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, explicó que el alegato del Ministerio Público Fiscal se iba a dividir en dos partes: la primera, desarrollada a partir de esta primera jornada es la vinculada a la exposición de los ilícitos precedentes que, según la acusación, se cometieron para luego proceder al lavado de activos, que se desplegará en las siguientes jornadas de alegatos.
Al igual que en el juicio por la causa “Lavado I” contra exfuncionarios de los gobiernos peronistas, en este también participan del equipo acusador los fiscales generales de Santiago del Estero, Indiana Garzón y de Córdoba, Carlos Gonella. Para este juicio, el TOF de Resistencia se encuentra conformado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch, Marta Berros y Manuel Moreira.
“Vamos a demostrar que los ilícitos precedentes se cumplieron, tenemos que hacer análisis completo de los mismos y en función a esa conclusión que vamos a arribar, vamos a analizar luego los actos que cada uno de los imputados cometieron para posibilitar el blanqueo del dinero ilícito”, afirmó Carniel.
“Los testigos que vinieron acá a hablar del problema de la basura, mencionaron una serie de actividades: encuentros con especialistas, intercambios, involucramiento de distintas áreas, concejales preocupados armando una mesa de trabajo sobre el tema de la basura. Ahora, cuando nos metamos en el pliego nos vamos a dar cuenta que para fundar una erogación de 260 millones de pesos esos trabajos no existen, no están. En este expediente, no están”, precisó el fiscal general. Y consideró que “lo único que tenemos claro es un vínculo entre los empresarios que están acá sentado y la intendenta y el señor Sampayo porque era una persona que tenía poder de permitir o no permitir que un acto administrativo se realice”.
“Sampayo era parte del negocio pero si no hubiera sido parte del negocio necesitaban la complicidad o el permiso o autorización porque tiene capacidad para tener luz blanca a la hora de llevar adelante un negocio como éste”, describió.
Carniel aseguró que “con una carilla se abrió la puerta a un negocio multimillonario, que es el pedido de materiales que presentan desde la Municipalidad para el inicio de esta actividad”.
“Existen indicios muy fuertes de que se trató de un proceso donde la única intención era seguir generando recursos a estos empresarios bajo el ropaje de una necesidad que nunca se solucionó. Más allá de los esfuerzos, nunca se solucionó el tema de la basura, lo único que se persiguió es el negocio”, afirmó. Y agregó que “bajo el mandato de Ayala nunca se solucionó el tema de la basura, es decir, problema que estaba el inicio de su gestión, se fue de la gestión y el problema de la basura siguió estando”.
Así, el funcionario fiscal subrayó que “lo que nosotros vimos acá, analizando los testimonios y la prueba, es una obra arquitectónica de empresarios y funcionarios para defraudar al Estado municipal, práctica que ya venía de un tiempo atrás para lo cual necesitó no sólo a los empresarios sino a las más altas autoridades de la municipalidad”.
Las audiencias de alegatos continuarán el próximo martes 26 de diciembre, día en que el TOF resolverá sobre la continuidad del juicio oral que, todo parece indicar, tendrá sus instancias finales en febrero de 2024.
