En uno de sus últimos decretos, Jorge Capitanich encomendó al Fiscal de Estado el inicio del proceso de disolución y liquidación de la Fundación “Doctor Saúl Andrés Acuña”, la cual era regenteada por los dirigentes sociales, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, hoy detenidos por el crimen de su nuera, Cecilia Strzyzowski. La auditoría realizada confirmó que se desconoce el destino de más de $62 millones que fueron entregados por el Estado provincial a la Fundación.
Sábado, 9 de diciembre de 2023
Una auditoría realizada a la Fundación “Dr. Saúl Andrés Acuña” confirmó que hay más de 62 millones de pesos que la organización recibió por parte del Estado provincial y que se desconoce en qué gastó.
Por este motivo, el gobernador saliente, Jorge Capitanich, firmó el viernes el decreto a través del cual encomendó al Fiscal de Estado que inicie el proceso de disolución y liquidación de dicha ONG. Al mismo tiempo que deberá iniciar las acciones legales tendientes al recupero de fondos no invertidos conforme a su finalidad.
Cabe recordar que 20 días después del crimen de Cecilia Strzyzowski, más precisamente el 22 de junio pasado, el Ministerio de Gobierno ordenó la intervención de la Escuela Pública de Gestión Social 2 del barrio Emerenciano, el Centro de Salud de Gestión Social 1 y la fundación “Doctor Saúl Andrés Acuña”. Todas instituciones manejadas por los dirigentes piqueteros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, hoy detenidos por el crimen de su nuera.
A través de dicho accionar administrativo, los interventores asumieron las funciones del presidente, secretario y tesorero de la Fundación, mientras un equipo de auditores investigó las transferencias y el desarrollo de los proyectos que la misma realizaba. Los auditores designados fueron Hernán Knezovich y Mirta Morel.
Tras varios meses de trabajo, Knezovich y Morel redactaron un informe en donde destallaron las serias irregularidades detectadas en los libros de la Fundación. En este sentido, constataron un desfasaje de más de $62 millones que la ONG recibió de manos del Estado y que no sólo no está en caja, sino que tampoco se pudo encontrar documentación alguna que respalde a dónde fue a parar.
Según pudo saber LITIGIO, para realizar esta auditoría se tomó como período de análisis desde el 1 de julio de 2022 al 30 junio de 2023, fecha en el que venció su balance anual. El trabajo consistió en revisar todos los comprobantes físicos y de la plataforma Mi Afip, contactar a proveedores y realizar pedidos de informes a todos los organismos públicos.
El monto del millonario faltante, vale mencionar, surge entre lo que figura en caja al inicio del período peritado más las transferencias realizadas y el efectivo retirado, contra los comprobantes efectivamente obtenidos en este proceso.
Escuela, Salud y viviendas
En lo social, cabe recordar, la intervención pidió que el Ministerio de Educación y el de Salud intervengan tanto la Escuela de Gestión Social como el Centro de Salud, respectivamente. Con ello se logró que haya continuidad de los servicios y no se paralicen. A su vez se logró terminar 40 viviendas que estaban inconclusas, según pudo saber este medio.
En cuanto al patrimonio de la Fundación, se puso en guarda dos camiones en Vialidad Provincial. Con un detalle: uno de los vehículos que tenían estaba prácticamente nuevo, con sólo 179 kilómetros realizados.
Dicho informe final de la auditoría fue entregado por los interventores el 4 de diciembre pasado. Cuatro días más tarde se firmó el decreto 3709/23, que también lleva la firma del saliente ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo.
En el mismo, se informa que el dictamen expedido por el Departamento Legal de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, a cargo de Eduardo Colombo, señala que, en base al informe de los interventores, “y no existiendo posibilidades de que la Fundación pueda continuar con un adecuado funcionamiento y cumplir los objetivos estatutarios para lo cual fue creada, corresponde se proceda a su disolución y liquidación”.
A lo que añade que “dada la delicada situación y que la mayoría de los fondos que componen su patrimonio son de origen estatal”, se sugiera requerir a la Fiscalía de Estado que el proceso de disolución y liquidación sea realizado “judicialmente” a efectos de garantizar la transparencia de procedimientos y el resguardo de dichos recursos estatales y la correcta investigación del “faltante de fondos por la suma de $62.781.127,65”.
Es por eso que Colombo, en su calidad de Inspector General de Personas Jurídicas, solicitó la intervención de la Fiscalía de Estado para la disolución y liquidación judicial de la Fundación, como así también que se inicien las acciones legales correspondientes para el recupero de fondos recibidos y no destinados a tal fin. Medida que fue ratificada mediante el decreto gubernamental, uno de los últimos que firmó Capitanich antes del traspaso de mando a su sucesor, Leandro Zdero.
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